Salario mínimo y revalorización
El programa del PSOE para las elecciones de marzo de 2004 contenía la promesa de elevación del salario mínimo interprofesional (SMI) a lo largo de la próxima legislatura hasta 600 euros mensuales, lo que supone un salario mínimo anual de 8.400 euros, incluidas las dos pagas extraordinarias de julio y diciembre. Tras el triunfo del PSOE, en julio de 2004, el Gobierno elevó el SMI a 490 euros mensuales, que supuso una subida adicional del 6,6%. Quedaba por tanto pendiente de fijar cómo se iba a distribuir entre los años 2005-2008 la subida para que al final de la legislatura se alcanzaran los 600 euros mensuales.
Con tal finalidad se reunió la mesa del diálogo social con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en el que estaban representados los sindicatos Unión General de Trabajadores y Comisiones Obreras y la patronal empresarial. Los empresarios pidieron que la distribución en el tiempo no fuera lineal, sino menor en los dos primeros años y mayor en los dos últimos. El acuerdo al que se llegó fue que para 2005 el aumento del SMI fuera del 4,5%, quedando por tanto fijado en 513 euros mensuales. Para el resto de los años no existió acuerdo de porcentaje de subida para alcanzar en 2008 los 600 euros.
Bajo la hipótesis de aceptar la propuesta del Gobierno y de la patronal que hemos señalado con anterioridad la evolución del SMI será la siguiente: 536 euros mensuales (incremento del 4,5%) para 2006 y aumento del 5,7% en cada uno de los años 2007 y 2008, con lo que sus SMI serían de 567 y 600 euros mensuales, respectivamente.
La mesa del diálogo social no se limitó estrictamente a distribuir temporalmente el compromiso del programa electoral del PSOE en cuanto al SMI, sino que se acordó una cláusula de revisión del mismo con la finalidad de que no perdiera poder adquisitivo frente a la inflación y al mismo tiempo se modificaría el artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores para garantizar por ley la revalorización automática del SMI respecto a la inflación.
Pero tal hecho no deriva del compromiso electoral del PSOE, sino que introducía un elemento nuevo de grave repercusión económica: la indización del SMI con la inflación. Y aquí intervino, como era lógico, el vicepresidente económico oponiéndose a tal acuerdo, cuyo texto no pudo ser firmado por los negociadores ante el veto del vicepresidente económico.
El ministro de Trabajo pretendió que se firmara el acuerdo eliminando las cuestiones referentes a la revalorización del SMI. A ello se opusieron los sindicatos y apelaron al jefe del Gobierno para que se restableciera lo realmente acordado. Declararon que en tanto no se produjera la intervención del presidente del Gobierno no sería posible iniciar las negociaciones sobre la reforma del mercado de trabajo y de la Seguridad Social y además no volverían a negociar sobre el SMI, sobre el que ya existía un acuerdo.
La oposición del vicepresidente económico al acuerdo se fundamentó en que era necesario impedir nuevas indizaciones inflacionistas que frenarían el desarrollo económico. En efecto, España es uno de los países de la Unión Europea donde mayor es la relación de magnitudes económicas, principalmente del sector público, con la evolución futura de la inflación. Los sueldos de los funcionarios, las pensiones públicas, la prestación de desempleo, las becas de estudio y de comedor, el acceso a viviendas públicas, los salarios de gran número de convenios colectivos, etc., son muestras de la indización con la inflación. La espiral de precios, salarios, pensiones, prestación de desempleo y otras magnitudes es evidente, inclusive cuando la inflación deriva de hechos externos a nuestro país, como ha sucedido con el fuerte incremento de los precios del petróleo.
Aplaudimos fuertemente en su día la decisión del Gobierno de no compensar a los empresarios de las subidas del petróleo (transportistas, agricultores y pescadores, donde los derivados del petróleo constituyen una parte muy importante de los inputs de sus procesos productivos), ya que suponía una irracionalidad económica.
Sin embargo, ahora se indiza el SMI a la inflación, en la cual está teniendo una fuerte incidencia el alza del crudo. Se ve que los sindicatos mandan mucho, inclusive para hacer adoptar al Gobierno decisiones que si bien desde el punto de vista social todos aplaudimos, no son muy ortodoxas desde el punto de vista económico. Si el SMI se indiza con la inflación, ¿qué argumento puede esgrimirse para que no suceda lo mismo con el resto de los salarios? Los efectos serían catastróficos, pues los salarios representan la mayor parte de valor añadido de nuestra economía y el principal factor de coste de producción de la empresa. ¿Se ha abandonado lo que constituyó uno de los lemas del nuevo Gobierno de incrementar la productividad o es que se piensa que esto puede lograrse por decreto con una política populista, y no con una buena gestión diaria de las decisiones económicas tanto por el Gobierno como por las empresas?