Hunosa se enfrenta al cierre de la mitad de sus pozos mineros

El Gobierno de Zapatero inicia hoy con empresas y sindicatos las negociaciones sobre la minería del carbón. Encima de la mesa está la reducción de la producción un 30%, como exige la UE, que supondría el cierre de la mitad de los nueve pozos de Hunosa.

A la traumática negociación sobre los astilleros, que aún no se ha cerrado, se une a partir de hoy otro quebradero de cabeza para el Gobierno: la ronda de consultas sobre el Plan del Carbón para el periodo 2005-2010, unas negociaciones que se esperan duras por las connotaciones sociales que acarrean.

La Unión Europea exige a España una importante reducción de la producción de carbón desde los 12 millones de toneladas que produce actualmente. Sin embargo, el Gobierno aún no ha concretado la rebaja que pretende realizar.

En todo caso, en el punto de mira de todos los agentes sociales está la empresa pública Hunosa, propiedad de la SEPI, que, según fuentes de la compañía, podría rebajar su producción de 1,9 millones de toneladas a 1,3, es decir, el 32% menos. Eso supondría el cierre de la mitad de sus nueve pozos mineros y una drástica reducción de la plantilla de 4.300 trabajadores.

A nadie le pilla por sorpresa, ya que la Comisión Europea ha dicho en innumerables ocasiones que la empresa está funcionando 'fuera de toda racionalidad económica'. Bruselas también tiene abierto un expediente a Hunosa por las ayudas que recibió entre 2002 y 2003 y que podría declarar ilegales. A partir de 2006, en todo caso, la empresa no podrá recibir ni un solo euro de ayuda pública.

A pesar de la inflexibilidad de Bruselas, los sindicatos aseguran que defenderán 'la máxima cuota de carbón para la compañía, con el objetivo de que ocupe un lugar destacado dentro de la reserva de carbón del país'. Emplazan al Gobierno a negociar lo más posible con la UE para mantener 'un sector estratégico para España'.

Junto al problema de Hunosa, en la reunión de hoy, a la que asistirán el secretario general de Energía, Antonio Fernández Segura, las empresas agrupadas en torno a la patronal Carbunión y los sindicatos con representación en el sector, se tratará también la negociación del nuevo plan para toda la industria, que, según las centrales sindicales, debería tener vigencia hasta el 2012. Ese periodo de tiempo debería ser aprovechado para dar continuidad a las políticas de desarrollo alternativo de las cuencas mineras, según las centrales.

Como primera condición antes de negociar nada, los sindicatos exigen al Gobierno la retirada del Plan Nacional de Asignaciones, aprobado en septiembre, y que supone una clara apuesta del gas frente al carbón.

'Esta retirada es incuestionable, ya que no tendría sentido negociar un nuevo plan del carbón si en la práctica se ejecuta un plan nacional de emisiones de CO2 que aboca al cierre de todos los yacimientos del país', afirmó ayer CC OO en un comunicado.

Por su parte, los empresarios reunidos en Carbunión mantienen cautela y acudirán a la reunión 'a escuchar propuestas'. La patronal defiende la materia prima autóctona, que copa el 26% del abastecimiento a las térmicas.

Según los datos que manejan los empresarios, la producción del carbón autóctono se ha traducido en un ahorro de 750 millones de euros para el país en la compra de gas. Por eso defienden la necesidad de mantener un umbral de carbón lo suficientemente amplio para garantizar el suministro eléctrico.

Subvenciones para la revitalización de las cuencas sin actividad

El pasado mes de julio, el Gobierno logró arrancar a Bruselas el compromiso de que no impondría plazos para que la minería española se adaptase a la normativa comunitaria. La Comisión Europea entendió las razones que expuso España: el cambio de Gobierno y la necesidad de establecer una nueva ronda de conversaciones con todos los agentes implicados.Hasta ahora, el Ministerio de Industria sólo ha enviado a Bruselas un documento en el que define las minas con mayor productividad (Hunosa, Minero Siderúrgica de Ponferrada y Hullera Vasco-Leonesa).También ha sugerido algunas que podrían seguir abiertas y las que podrían continuar recibiendo ayudas públicas porque son estratégicas para el abastecimiento energético. El resto, según creen los sindicatos, está abocado al cierre entre 2005 y 2007.En las negociaciones que se inician hoy, sin embargo, es fundamental negociar también las subvenciones para la reconversión de algunas cuencas y la garantía de ayudas sociales como acompañamiento a las medidas del fin de la actividad en algunas cuencas.