Miguel Trías

'Hay una doble moral en el buen gobierno'

Este abogado experto en gobierno corporativo se encarga de inculcar los conceptos de buen gobierno a los futuros ejecutivos que pasan por Esade, una materia en la que aún quedan muchas asignaturas pendientes

Este abogado y catedrático en derecho mercantil es un firme defensor de la transparencia, pero cree que aún queda mucho camino por recorrer. Trías, que ha impartido un seminario de buen gobierno entre los antiguos alumnos de Esade apuntados a su programa de aprendizaje continuo, critica que las empresas españolas quiten importancia en privado a las medidas que defienden en público, mientras que los legisladores se llenan la boca de buenas intenciones, pero no son capaces de nombrar comités realmente independientes dentro de la administración.

Pregunta ¿Las empresas españolas están entrando en el buen gobierno por convicción o por obligación?

'Se ha generalizado una cultura que no se toma en serio a los independientes'

'En privado se dice que es una cuestión formal más que una cuestión eficiente'

Respuesta Después de los escándalos empresariales, hay una fuerte tendencia a considerar importantes las materias relativas al buen gobierno. Pero es importante remarcar que en España no se está haciendo por convicción. La tendencia se ha traducido en una obligación informativa: elaborar informes anuales y seguir las recomendaciones publicadas de manera oficial; pero en materia de buen gobierno hay lo que yo considero una doble moral. En público todo el mundo reconoce la importancia del buen gobierno y en privado se tiende a restarle importancia o a decir que es una cuestión formal más que una cuestión realmente eficiente. En una encuesta realizada hace un par de años entre directivos, el 70% de los encuestados decían que la introducción de consejeros independientes era una medida cosmética.

P ¿Qué cuestiones son más conflictivas? ¿Los pactos parasociales?

R La ley de transparencia se hizo demasiado rápido cuando tampoco había tanta urgencia en nuestro país, que había salido bastante bien parado de la última oleada de escándalos empresariales. Sin embargo, había una prisa política por dar señales. La propia ley es producto también de esta doble moral para mostrar que se ha reaccionado rápido. La ley de transparencia se tramitó en seis meses en el parlamento. Es un tiempo rapidísimo que dio lugar a un texto de poca calidad jurídica del que surgen varias dudas interpretativas. Una de ellas es la de los pactos parasociales que, sin duda, habría que ajustar. Critico la forma de la ley, no los principios. Hay que hacer públicos los pactos parasociales, los pequeños accionistas tienen todo el derecho a saber los pactos firmados por los grandes accionistas.

P ¿En qué otros puntos se hacen notar las prisas?

R El obligar a todos las empresas a realizar un informe de buen gobierno también es una buena iniciativa, pero se han hecho los deberes a medias. Por ejemplo, se obliga a que las sociedades expliquen en estos informes si siguen o no las recomendaciones de buen gobierno y esas recomendaciones de buen gobierno están todavía por refundir. Tenemos el informe Olivencia, que por el momento es el único que hay, pues precisamente en las propias normas se señalaba que se debía elaborar un texto que refundiera Olivencia y Aldama, tarea que aún tiene pendiente la administración

P ¿Se está cumpliendo con la recomendación de incluir independientes?

R El problema de los independientes en España se enmarca dentro de la doble moral. El primero en caer era el gobierno que promovía comisiones para elaborar informes y luego, nombraba independientes desde el ministerio de Economía. Y con ello se ha generalizado una cultura que hace que el tema de los consejeros no se tome con la suficiente seriedad. Al igual que seguimos teniendo una asignatura pendiente en las comisiones regulatorias para que actúen como comisiones independientes, en materia de consejeros pasa algo muy parecido. Difícilmente los que tienen los mecanismos de control de la empresa van a tirar de ellos si no sufren la suficiente presión social. No creo que deba imponerse por vía legal, pero sí debe imponerse los requisitos respecto a lo que consideramos independientes.

P ¿Cree que en la empresa se deben separar los cargos de presidente y consejero ejecutivo?

R La ley prevé para las sociedades anónimas una estructura de pirámide invertida: en la cumbre estaría la junta general de accionistas, después el consejo de administración como órgano de supervisión y debajo el equipo directivo. Cuando no hay un accionista de dominio la pirámide no funciona eficientemente. El accionariado normalmente no interviene activamente y todo el peso recae sobre el consejo de administración. Por eso es muy importante que haya un consejo independiente y un presidente independiente de los directivos porque el presidente del órgano supervisor sea el primer supervisado. En eso ni el informe Olivencia ni el Aldama fueron suficientemente claros. Es más, creo que el informe Aldama utiliza unos argumentos claramente equivocados.

P ¿El mercado está premiando los esfuerzos de transparencia?

R El mercado valora el buen gobierno pues cuando desconfía sobre la información que se le está dando, automáticamente baja el valor de las acciones. La transparencia y la honestidad sin duda alguna cotizan en Bolsa. Otra cosa es que es siga una política de medidas cosméticas y se pretenda que eso tenga un reflejo automático en el valor.

Inversores: Presión para los consejeros

P ¿Cree que se necesitan accionistas más activos e involucrados en la gestión?

R Creo que la clave está en los inversores institucionales, que normalmente tienen porcentajes importantes pero pequeños. Su política no es estar en los consejos de administración, pues lo que quieren es invertir para crear valor en su cartera. El papel de estos inversores es capital en materia de gobierno societario pues es este accionariado el que puede presionar para que los consejeros actúen realmente de manera independiente. Pueden ser importantes para que el consejero sea consciente de su responsabilidad para con el accionariado, y que además noten que está atento a la función que desempeña. La conjunción de unos inversores institucionales activos y unos consejeros realmente independientes puede contribuir a la creación de valor. Es la fórmula.

P ¿Y qué opina del papel que pueden desempeñar los accionistas activistas?

R Esta es otra cuestión y un tema delicado. En España ha habido muy poco, pero en EE UU ha habido muchos grupos de presión que han utilizado las juntas de accionistas de las compañías para introducir temáticas de su interés. Están en su derecho pero las juntas de accionistas son para debatir cuestiones relativas a la compañía. Pero si la compañía entra en prácticas reprobables pues seguramente sí que hay una causa. Es un foro que se utiliza legítimamente, aunque se deben tomar medidas para que no se abuse de él para que las juntas no se conviertan en debates de asuntos sociales.

P ¿Puede ser el voto electrónico un mecanismo de presión para el buen gobierno?

R Puede ser un instrumento muy importante para los inversores institucionales, pero el pequeño inversor vota con los pies: si no estamos de acuerdo con la dirección, vendemos, lo que llaman la regla de oro de Wall Street.