Difícil equilibrio
Las Administraciones agrarias, nacional y autonómica, deben adoptar en las próximas semanas decisiones trascendentales sobre las modalidades de aplicación de la reforma de la Política Agraria Común, que permite un notable margen de flexibilidad a cada país, dentro de lo que constituye la orientación general comunitaria de futuro: la desvinculación de las ayudas respecto a las producciones. Los agricultores españoles recibieron, en 2002, unas ayudas directas a las rentas de 4.750 millones de euros, es decir, casi 800.000 millones de pesetas, a través de los regímenes de ayudas afectados por la reforma. Por tanto, no es trivial el debate abierto, por sectores y por comunidades autónomas, respecto a las medidas a tomar. Prácticamente todos los países ya han adoptado sus decisiones, aunque son comprensibles las mayores dificultades con que se enfrenta nuestro país, dadas las grandes diferencias regionales y entre sistemas productivos (intensivos, extensivos, de montaña, desfavorecidos ), en un país tan heterogéneo.
Cada responsable político y empresarial puede elegir su estrategia, apoyándose en criterios de corto plazo, o bien más ambiciosos. Los primeros darán prioridad a lograr el máximo volumen de ayudas a cada sector y región, mientras que una visión más a largo plazo debería tener en cuenta que este sistema de ayudas, previsto para el periodo 2006-2013 es transitorio y seguramente terminal. En cualquier caso, las opciones adoptadas en los grandes países comunitarios deberían facilitarnos la reflexión. Francia ha decidido el modelo más continuista de los compatibles con la reforma, con el mayor porcentaje de vinculación de ayudas a la producción permitido, sin regionalización y basando los pagos futuros en las referencias históricas de cada agricultor.
Por el contrario, Alemania y Reino Unido van a regionalizar las ayudas, en base a un sistema híbrido bastante complejo, pero similar en ambos casos. En síntesis, van a establecer un sistema de aproximación gradual a un pago fijo por hectárea y región, en 2012-2013. Siendo este un sistema asimilable al que aplicarán los nuevos países miembros de la reciente ampliación, podría pensarse que estos dos países están diseñando su transición hacia la PAC del futuro, más allá de 2013.
Para formar mi particular criterio me he basado en dos ideas que debo explicitar. En primer lugar, el hecho de que Francia ha perdido la capacidad de diseñar la PAC de que disfrutó en el pasado. En segundo lugar, que un sistema de ayudas desvinculadas de la producción y basado en referencias históricas de producción implica una contradicción profunda y, por tanto, sólo puede considerarse como transitorio. Nuestro país no tiene que imitar a ningún otro, pero convendría que optara por aquellas alternativas que permitan cumplir un doble objetivo. Por un lado, preparar gradualmente a nuestras empresas agrarias para competir en los mercados y, además, preservar lo más posible las comarcas y sectores más frágiles (social, económica y medioambientalmente) que, seguramente, serán las receptoras de ayudas a partir de 2013.
Todo lo anterior me impulsa a sugerir dos soluciones distintas, una para las ayudas a la ganadería y otra para las agrícolas, con la excepción tal vez del olivar que, dada su relevancia, debe ser objeto de un acuerdo ad hoc. Al hablar de las ayudas a la ganadería de ovino y de vacuno me inclino por el modelo francés. Estamos refiriéndonos a un sistema que siempre fue limitado a un cierto número de cabezas de ganado y en el que proponer el mantenimiento de la carga ganadera, como exigencia del pago de las ayudas en ovino y vacas nodrizas y dentro de los límites que permite la reforma, supone la mejor solución social, económica y medioambiental. Lo contrario supondría impulsar al abandono de la actividad en las zonas más frágiles.
En las ayudas agrícolas (exceptuado el olivar) me inclinaría hacia el modelo alemán/inglés, con una aproximación gradual a un pago fijo por hectárea y región en 2013. Es esta una solución que podría sostenerse a partir de dicha fecha ante la Organización Mundial de Comercio y razonable desde una perspectiva medioambiental.
En el caso del olivar, son tan relevantes y enfrentados los intereses regionales que sólo puede imaginarse una solución salomónica, entre la desvinculación del 60% y el 100%.
En cualquier caso, la aplicación de la reforma logrará desarrollar las aptitudes de equilibrismo de nuestras autoridades.