La factura de Kioto
Estamos en la recta final de la asignación de las emisiones a la atmósfera de los gases que causan el efecto invernadero, que no han de sobrepasar las empresas españolas pertenecientes a los sectores comprendidos en el Anexo I del Protocolo de Kioto.
Una vez aprobado el Real Decreto Ley 5/2004 de 27 de agosto, por el que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, estamos a la espera de que el Plan Nacional de Asignación sea refrendado este otoño por la UE. Comienza ahora la complicada adaptación de procesos industriales. Ahí se reflejará la capacidad de mejora en la eficiencia de estas empresas para poder internalizar estas nuevas exigencias en un marco de competitividad.
Una de las dudas que planeaba sobre el conjunto de las empresas ha quedado ya desvelada: tan solo se ven directamente implicados aquellos sectores que constan en el Anexo I del Protocolo y, de forma indirecta, otras empresas que como actividad complementaria a la suya propia, venden energía a la red.
Así pues, parecería que hay toda una serie de sectores empresariales que no van a verse sujetos a las obligaciones y controles que, sobre las emisiones, implica la puesta en marcha y las previsiones del Plan. ¡Qué descanso!, han dicho. ¿Seguro? Este descanso lo será sólo en principio, porque los efectos cotidianos de la aplicación de este plan de asignaciones trascienden los sectores teóricamente afectados para llegar al conjunto de la sociedad, empresas y familias, que son los que en definitiva deberemos pagar la factura de Kioto.
Se ha anunciado ya -y a nadie le puede sorprender- que la puesta en práctica de las obligaciones que dimanan del Protocolo de Kioto producirá, de forma inexorable, un incremento en el precio de la energía, y este hecho sí que afecta de forma indiscriminada a la totalidad de empresas (y particulares) que si, aparentemente, no tienen la obligación de reducir las emisiones, sí tendrán una contribución pasiva por la vía de la factura energética. Esto redundará en los precios de bienes y servicios, con lo que la factura acabará siendo más abultada.
Para estas empresas, en teoría no incluidas en el Plan, pero sobre las que recaerá el peso económico que conlleva su aplicación, es necesario y urgente retomar el análisis de la eficiencia en el uso de la energía. Esas empresas son cuantitativamente muy importantes y estructuralmente la gran mayoría pequeñas y medianas, lo que significa que su capacidad para rebajar la factura pasa por la mejora en la eficiencia de su actividad.
El sobrecoste que indirectamente suponga Kioto no puede absorberse sólo por la vía del rendimiento de maquinaria e instalaciones. Es el propio proceso y los métodos de trabajo los que deben someterse a la secuencia: medir-diagnosticar-identificar oportunidades-analizar alternativas-implementar..., en un proceso que, si se dispone de una correcta metodología y sistemas de información adecuados, se autoalimenta en clave de eficiencia.
Es este un análisis que tiene un importante componente energético pero que, por la vía de las compras de bienes y servicios, amplía el campo en el que identificar ventajas competitivas. Porque el sobrecoste no llegará sólo a través de la factura energética, sino que, indirectamente, lo hará a través del transporte, de las materias primas, del agua o de la gestión de determinados residuos.
El análisis del proceso, de las alternativas viables en la reducción, substitución o reutilización de materias y materiales; del volumen, peso o materiales de embalaje; de vías alternativas de síntesis o fabricación; de la optimización logística o, incluso, de la tipología y gestión de los residuos, aparece así bajo una nueva perspectiva.
Afortunadamente, en la actualidad disponemos de sistemas para llevar a cabo esta gestión eficiente, que ha de ser el mejor y más permanente factor de competitividad. Metodologías ya aplicadas en la práctica y en las que, con apoyo informático, se combinan las alternativas técnicas con la información procedente de las etapas de proceso identificadas como críticas, cuyo seguimiento y análisis de las desviaciones y sus causas van optimizando el proceso en una espiral de mejora continua.
De esta forma, mediante una actitud proactiva combinada con las técnicas adecuadas, las empresas, esas empresas aparentemente ajenas a las obligaciones del Plan Nacional de Asignaciones, pero directamente afectadas por sus consecuencias, podrán mantener o incluso mejorar sus niveles de competitividad, en un entorno internacional donde la presión sobre los costes de producción de bienes y servicios es cada vez más intensa. Sólo una actitud proactiva por parte de nuestro tejido productivo nos permitirá hacer de este reto una nueva oportunidad.