COLUMNA

Izar en crisis

Nuestro país ha visto cómo en los últimos tiempos el fantasma de la deslocalización industrial acechaba las empresas de capital extranjero, que tan alegremente se habían asentado en nuestro solar. La pérdida de competitividad en relación a otros mercados, la afloración de mercados emergentes, los bajos costes salariales que ofrece la otra Europa, y un entorno fiscal menos competitivo están en la raíz de un capítulo de nuestra historia industrial que todavía no podemos dar por definitivamente cerrado.

Fenómeno distinto, y anterior en el tiempo, es el de la destrucción del tejido industrial que dio lugar, sobre todo en los años ochenta, y en el sector público, al fenómeno de la reconversión industrial. Fenómeno turbulento, y agitado, sobre todo si atendemos al coste social que supuso en términos de destrucción de empleo y de conflictividad laboral. El sector público industrial estaba necesitado de un proceso de modernización y racionalización. El viejo Instituto Nacional de Industria (INI), la hidra industrial de amplias ramificaciones, tan necesario para acometer la industrialización del país en los años cuarenta, y tan obsoleto a principios de los noventa, dejó paso a la Agencia Industrial del Estado y a la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales). Los largos tentáculos del INI se habían acomodado al Presupuesto público en un momento en que se imponía una cura de adelgazamiento del sector público empresarial. España era un país plenamente integrado en Europa, y ya no cabía recurrir al dinero público para financiar proyectos industriales que carecían de viabilidad.

Ese fue un acierto del último Gobierno socialista, como fue un acierto de los Gobiernos que le sucedieron plantear una política industrial transparente que tuvo en la SEPI su principal actor. Un actor que supo interpretar una partitura, bien escrita, y mejor ejecutada, sobre el sector público: saneamiento económico, consolidación del proyecto industrial y privatización.

Algo de estos fenómenos se reencarna en Izar. Con la crisis de Izar sobre la mesa, rebobinamos en el tiempo, y revivimos anteriores escenarios de conflictividad laboral, de enconada protesta callejera, que nos retrotraen a los peores momentos de la reconversión industrial de los ochenta.

Pero no sólo revivimos escenas, y escenarios, del pasado, también revivimos debates del pasado. ¿Es legítimo financiar con los impuestos de todos, empresas públicas de escasa viabilidad? La UE ya ha dicho que no, y exige la devolución de las ayudas de Estado percibidas por los astilleros -más de 2.000 millones de euros en los últimos 12 años-, que no se ajustan a la legalidad comunitaria.

En esta tesitura, no parece que la elaboración de un plan industrial que garantice la permanencia de los astilleros en manos públicas, como exigen los sindicatos con cierta virulencia, sea la solución de la crisis. Es cierto que los sindicatos ejercen su papel, y legítimamente pueden mantener ésta o cualquier otra postura negociadora, pero parece que la acción sindical debe desarrollarse dentro de ciertos contornos de responsabilidad. Los violentos enfrentamientos a los que asistimos, por ejemplo, en Sestao, entre la Ertzaintza y los trabajadores de la Naval, con cortes de circulación a base de barricadas y de material combustible ardiendo, no parecen un buen ejemplo de ese sentido de la responsabilidad.

No les podemos restar un ápice de legitimidad para negociar una salida a la crisis que sea favorable a los interese de los trabajadores, para exigir la continuidad de los astilleros o el cumplimiento de las promesas electorales. Sí les podemos restar legitimidad cuando la acción sindical se troca en violencia y desborda los límites legalmente establecidos.

La UE ha dado el plácet al plan de la SEPI de separar los astilleros militares de los civiles, dando entrada en estos últimos al capital privado. Esa parece ser la solución menos traumática y menos lesiva para los intereses públicos. Garantiza la viabilidad futura de la empresa y no recurre a la financiación pública de una crisis empresarial, por lo demás, vetada por la legislación comunitaria. Lo que se propone no es una situación concursal, la quiebra de la empresa, sino una solución que no repercuta sobre los contribuyentes ni sobre la viabilidad global y futura del proyecto empresarial. Esperemos que el diálogo, y la legítima y democrática acción sindical, germine en un acuerdo con los trabajadores.