Empleo, consumo y sostenibilidad del bienestar
La aportación negativa de la demanda exterior al crecimiento del PIB no ha dejado de crecer los últimos años. Para el autor eso demuestra que la economía pierde competitividad y reclama que las Administraciones ayuden a corregir esa tendencia tanto con la fiscalidad como con la regulación
El mes de agosto ha registrado algunos datos económicos de nuestro país que no deben menospreciarse. Nada hay más cercano al error en los análisis que la autocomplacencia.
Me estoy refiriendo a la caída de dos décimas del crecimiento del PIB, que ha bajado al 2,6% en el segundo trimestre del año, y de tres décimas en la creación de empleo, que se ha situado en el 2,5% en lo que va de 2004, junto al peor dato de afiliados a la Seguridad Social y al aumento del paro registrado.
El proceso de deslocaliza-ción que ya se percibe en España debe llevar a las Administra-ciones a preservar la capacidad de compra de los ciudadanos
Especialmente preocupante es la desaceleración del empleo, que rompe la tendencia creciente de 2003, desacelerándose desde el 3% del último trimestre de ese año al 2,6% y 2,3% del primero y segundo trimestre del año en curso.
La creación neta de empleo es determinante en la percepción de la confianza de las familias en la buena marcha de la economía y, por lo tanto, en sus decisiones de mantener un alto consumo.
La tranquilidad de que todos los miembros de la familia están ocupados o van a encontrar ocupación aumenta el consumo de los hogares, que de otra forma destinarían una parte de sus rentas a un ahorro preventivo. El consumo de los hogares, a su vez, aporta el 68% del crecimiento final del PIB.
Este motor principal del crecimiento económico es tanto más importante cuando, como en la situación actual, el déficit creciente de nuestros intercambios comerciales favorece la creación de empleo en el exterior quitándonos actividad interna. El déficit de nuestro comercio exterior resta un 31% al crecimiento del PIB. Dicho de otra manera el crecimiento registrado por la economía española del 2,5% en el año 2003 podría haber alcanzado un tasa del 3,3% si hubiésemos tenido un equilibrio en nuestros intercambios económicos internacionales.
CEOE ha venido advirtiendo de la pérdida de la competitividad de la economía española, como lo demuestra que la aportación negativa a nuestro crecimiento por parte de la demanda exterior no ha hecho más que crecer en los últimos años. Como las empresas, sometidas a la inexorable ley de la competencia, hacen todos los esfuerzos que pueden para mantener su productividad es necesario que el entorno institucional en el que se desarrollen sus actividades ayude para la mejora de su competitividad.
Volviendo a la capacidad de consumo de las familias, se enfrenta a la subida de los precios de los derivados del petróleo y de la alimentación, mercados en los que las autoridades no tienen capacidad de actuar.
Podemos y debemos aportar los interlocutores sociales, como en años anteriores, moderación salarial a los costes empresariales para dar mayor oportunidad al empleo. Además los empresarios deben mantener sus inversiones para modernizar sus equipamientos para que el crecimiento de sus costes laborales por unidad de producto registre la misma evolución que la de sus competidores extranjeros.
Otro punto importante para la creación de empleo son las cotizaciones a la Seguridad Social cuyo nivel requiere proporcionalmente un mayor esfuerzo para las empresas españolas, como se puede comprobar al comparar nuestras cotizaciones con la del promedio de los países de la OCDE que representan en España el 36% del total de la recaudación fiscal frente al 25% en dicha área y el 12,6% del total del PIB frente al 9,4% en la OCDE.
El proceso de deslocalización que ya se percibe en España debe llevar a las Administraciones públicas, sean ayuntamientos, comunidades autonómicas o la Administración General del Estado a preservar la capacidad de compra de los ciudadanos, manteniendo la fiscalidad actual e incluso rebajándola, para que la renta disponible de las familias siga siendo el motor de nuestro crecimiento y bienestar.
Igualmente las Administraciones públicas españolas deberían estar atentas a facilitar la competitividad de las empresas tanto en materia de fiscalidad como de regulación.
Estas políticas, tan necesarias para el mantenimiento de nuestro bienestar sólo pueden basarse en la moderación del gasto público y en una decidida actitud de apoyo de los poderes públicos a las actividades empresariales.
La insistencia en la fiscalidad se deriva de la influencia que esta tiene en la evolución en nuestros precios. El informe de CEOE sobre inflación muestra que la suma de tasas, contribuciones, impuestos y cotizaciones sociales han contribuido a la elevación de los precios variando, según los años, entre un 22% y un 40% su aportación a los mismos.
Existe un círculo estrecho que se autoalimenta entre la creación de empleo, el consumo de las familias y nivel de actividad general, círculo virtuoso que deberíamos entre todos preservar. La renta disponible de los hogares para el consumo y la creación de empleo que lo propicia deben recibir el mejor tratamiento para sostener el bienestar de la economía española.