Una reconversión ineludible
El plan del Gobierno para sanear los astilleros públicos de Izar responde a las exigencias de la Comisión Europea, que prohíbe las subvenciones a la construcción naval civil, y a lo que mandan los cánones en materia patrimonial y de cuenta de resultados, ya que la compañía está virtualmente en quiebra. En juego están los puestos de trabajo de casi 11.000 empleados de Izar y los de varias decenas de miles más que viven de los astilleros públicos de manera indirecta. De ahí que los Gobiernos del Partido Popular hiciesen todo lo posible para retrasar una dura reconversión que sabían que era inevitable. Las fórmulas ideadas por el PP sólo sirvieron para ganar algo de tiempo, pero no lograron garantizar la viabilidad de los astilleros públicos. Y el natural vencimiento de plazos en los contenciosos con Bruselas hace que la ingrata tarea caiga en manos del Gobierno socialista.
El proyecto presentado por la SEPI tiene como eje la separación de las actividades civil y militar, ya que esta última es subvencionable. El Gobierno parece dispuesto a mantener con cargo al erario público una industria que, con la dimensión de la Armada y el potencial militar de España, difícilmente evitará los números rojos si no construye buques para terceros países, que siempre cuestan dinero en otras instancias. Sin embargo, al menos evita el drama social allá donde Bruselas no puede poner reparos.
Los astilleros civiles se agruparán en una sola sociedad, con la intención de privatizarla. Aunque pueda resultar quimérica, la idea es plausible. Y pone a prueba el tejido empresarial español y el quehacer de los Gobiernos regionales involucrados en el problema. Desgraciadamente, la última noticia naval de una empresa privada fue la venta de una flota española, con fletes españoles (Repsol, Cepsa y FENOSA), a un armador canadiense. En cuanto a los Gobiernos autonómicos de las zonas afectadas, en lugar de lanzar demagógicas arengas contra la reconversión, deberían aportar soluciones y recursos para salvar el mayor número posible de empleos.
Los sindicatos amenazan con huelga y movilizaciones, pero también han dicho que están abiertos al diálogo. El problema es que quieren que 'todo siga igual', y ni las normas que nos rigen como socios de la UE ni la lógica del mercado permiten sostener los actuales astilleros públicos tal como están. Recurrir a la violencia esgrimida en las anteriores reconversiones navales, producidas en momentos de crisis económica generalizada, tiene poco sentido ahora. En lugar de ello, deberían afrontar el momento con firmeza, pero también con realismo negociador.
El plan de la SEPI seguro que es mejorable, pero lo que menos ayuda a resolver el problema es la utilización de esta crisis como arma política, como hace el Partido Popular, a pesar de que los Gobiernos de Aznar fueron responsables en gran medida de la situación actual. La dispersión geográfica de los astilleros obliga a diferentes Gobiernos a aunar esfuerzos y buscar soluciones conjuntas. España puede seguir siendo un referente de la construcción y la reparación naval, pero sólo lo será con actividades que conlleven un alto valor añadido.