Veinte años de crisis en astilleros
Los planes de la SEPI de separar el negocio militar de Izar de los astilleros civiles se encontraron ayer con la oposición frontal de los sindicatos. Los representantes de los 10.764 trabajadores de los astilleros anunciaron la convocatoria de un paro para el día 14. Los sindicatos acusaron al Gobierno de no agotar las vías de negociación con Bruselas.
Los delegados de CC OO, UGT, ELA, CAT, USTG y CIG avisaron ayer que lanzarán una dura 'ofensiva' contra el plan de la SEPI. Las centrales presentaron un preaviso de huelga para el periodo comprendido entre el 15 y el 30 de septiembre. La fecha no ha sido escogida al azar. El 15 de septiembre se celebrará la primera reunión con la SEPI, a la que acudirán 'con una medida extra de presión', según señaló el secretario general de la Federación Minerometalúrgica de CC OO, Felipe López.
A pesar de estos anuncios, los representantes sindicales manifestaron su disposición al diálogo y aseguraron que la 'principal premisa' es que toda medida que se aplique sea 'negociada'. Los sindicatos aprovecharon la cita para acusar al Ejecutivo de no agotar las vía de negociación con la CE. 'Es fundamental que el Gobierno ponga el mismo interés en mantener los centros de trabajo que en cumplir con Bruselas', declaró ayer el secretario de Política Sindical de MCA-UGT, Carlos Romero.
A partir de hoy y hasta el próximo día 14, los sindicatos desplegarán una campaña informativa por todos los astilleros del grupo, así como entre ayuntamientos y comunidades autónomas para recabar el máximo apoyo posible antes del día 15. 'Esperamos que ahora que se conocen los planes de la SEPI, se retraten las autoridades ' en favor de la continuidad de Izar, según Romero.
Los delegados sindicales se ya habían mostrado en la noche del martes su rechazo al plan del Gobierno que les fue presentado en una reunión de cuatro horas. Este proyecto contempla la segregación de la rentable actividad militar de la civil, que ha llevado al grupo a unas pérdidas acumuladas de 543 millones de euros desde la fusión de ambas en 2000 hasta el pasado 30 de junio. Los astilleros de Ferrol, Cartagena, Puerto Real y Cádiz se segregarían y quedarían integrados en una nueva sociedad centrada en la actividad militar. Para los restantes centros de trabajo -Sestao, Gijón, Sevilla y San Fernando- se haría imprescindible la entrada de capital privado. La SEPI no ha querido cuantificar por el momento el dinero qué costará esta reestructuración y asegura que negociará los despidos con las centrales.
La situación de los astilleros no es buena, a tenor de los datos del plan de la SEPI. Sus fondos propios se quedan en 293 millones, por debajo de los 308 millones que deberá devolver a corto plazo. La SEPI calcula que las pérdidas en el segundo semestre alcanzarán los 100 millones, lo que dejará dichos fondos en 194 millones.
Cruce de acusaciones entre el PP y el Gobierno
Las de los representantes sindicales no fueron ayer las únicas críticas que se vertieron contra los planes del Gobierno para Izar. El diputado del PP Arsenio Fernández de Mesa aseguró ayer que el Gobierno 'viene a certificar la defunción de los astilleros públicos en su vertiente civil'. De Mesa calificó de 'incomprensible' que el Ejecutivo no haya recurrido los expedientes abiertos que obligan a Izar a devolver 1.186 millones por créditos fiscales ilegales -150 millones-, operaciones previas a la fusión -376 millones- y aportaciones a Izar (660 millones). El presidente del PP en Andalucía, Javier Arenas, auguró ayer que el PSOE 'va a pagar una factura muy cara en astilleros' por la 'demagogia' y la 'insolvencia' que, a su juicio, está demostrando. El dirigente popular estimó que las administraciones socialistas 'carecen completamente de un modelo de política industrial'.El Gobierno, por su parte, ha culpado en repetidas ocasiones al Ejecutivo del PP de la situación actual de Izar por su 'inoperancia'. Según la SEPI, el Gobierno del PP decidió la fusión de Bazán y los astilleros civiles 'en lugar de abordar las necesidades de reestructuración del sector', una decisión que supuso inversiones de 1.477 millones entre 2000 y 2002.Ayer, la vocal del PSOE en la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales, Isabel López i Chamosa, contestó a las críticas del PP, al que pidió 'prudencia' y que no genere un 'problema social donde no lo hay'. La alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez, afirmó ayer, que la situación actual de los astilleros públicos 'tiene el mismo formato que en 1984, cuando estaba el actual ministro de Economía, Pedro Solbes, y la misma música de 1996'.El PSOE se encontró ayer con el rechazo de uno de sus socios parlamentarios. IU-ICV ha presentado una Proposición no de Ley en el Congreso en la que pide al Gobierno que 'dé marcha atrás' en su plan.