Deslocalización y ampliación: un riesgo
Las desventajas comparativas ante los nuevos socios de la UE sitúan a la economía española ante la necesidad de una reacción eficaz. Acertar con su contenido resulta crucial. Para el autor, una respuesta inteligente comienza por unir esfuerzos entre varios ministerios
En los últimos meses hemos conocido en España varias decisiones de empresas transnacionales que han trasladado sus instalaciones desde nuestro país hacia otros que les resultan empresarialmente más atractivos.
Este proceso, todavía incipiente, es denominado deslocalización o relocalización según el prisma con el que se observa. Suelen referirse a deslocalización aquellos que lo ven con preocupación, en tanto que hablan de relocalización los que ponen el acento en lo esperable y natural del proceso.
A la vicepre-sidencia de Economía le está faltando el margen o el impulso necesarios para acometer las reformas que el momento reclama
En todo caso, lo cierto es que la ampliación de la Unión Europea aumenta significativamente el riesgo para España de perder inversiones empresariales, debido a la competencia que representan los nuevos países miembros. Frente a nosotros, los nuevos socios del club europeo disponen de menores costes laborales, menores impuestos, proximidad al núcleo del mercado europeo , entre otras ventajas comparativas.
Veamos unos datos sobre la cuestión. Según la encuesta de costes laborales realizada por Eurostat, el salario medio en la industria y servicios en España supera ampliamente al de todos los nuevos países miembros. En concreto, es el triple que el de Polonia, el cuádruplo que el de Hungría y el quíntuplo que el de Lituania. Si consideramos que la fuerza laboral del conjunto de los nuevos países comunitarios es en torno al 20% de la preexistente en la Unión y que su tasa de desempleo es un 50% superior a la española, se percibe con nitidez el cuadro de riesgo que se nos presenta por el flanco laboral.
Tampoco es halagüeña la perspectiva en el campo fiscal. Tanto en los impuestos personales como en los societarios, la fiscalidad española es más cara que la de los países incorporados. Así, según documentación de la Comisión Europea, el tipo de gravamen español en el impuesto sobre sociedades supera a todos los correspondientes a los nuevos miembros y, a modo de ejemplo, frente a nuestro 35%, Polonia grava el beneficio de las sociedades con un 27%; Hungría, con un 18%, y Lituania, con un 15%.
Por su parte, en el impuesto sobre las rentas individuales, nuestro IRPF vuelve a ser más caro que sus homónimos comparables con la única excepción de Eslovenia. A modo de ejemplo, ante el tipo marginal máximo de nuestro impuesto de un 45%, el de Polonia es un 40%; el de Hungría, un 18%, y el de Lituania, un 15%. En definitiva, la fiscalidad comparada también resulta un factor negativo para atraer y retener inversiones empresariales en España.
El cuadro de desventajas comparativas que presenta España ante las naciones incorporadas, del que las expuestas constituyen tan sólo una pequeña muestra, sitúa a nuestra economía ante la necesidad de una reacción eficaz. Acertar con su contenido resulta crucial para nuestro futuro.
Por ello, hay que empezar por desechar enérgicamente determinadas actitudes histriónicas, como el ingenuo y esperpéntico boicot al consumo de los productos de empresas deslocalizadas, que preconizó un desafortunado consejero del Gobierno tripartito catalán. De igual modo deben rechazarse las posiciones radicales y agresivas que han protagonizado algunos sindicalistas. Unas y otras, lejos de ayudar a resolver el problema, lo agravan, pues proporcionar una imagen bananera es un factor que desalienta la inversión en España y alienta la desinversión en nuestro país.
Por el contrario, una respuesta inteligente comenzaría necesariamente por unir los esfuerzos entre varios ministerios, así como entre el Gobierno de la nación y los Gobiernos regionales, para elaborar un plan que, articulando medidas en diversos planos, consiguiera finalmente aumentar nuestras opciones como alternativa de localización de inversiones.
Operando sobre factores de competitividad de nuestra economía, deberían desarrollarse e implementarse, entre otras, medidas como: aplicar una política selectiva de inversión en infraestructuras, primando a las que cumplen mas una función empresarial; realizar una política fiscal favorecedora de la empresa y de la inversión, especialmente en I+D+i; profundizar en el proceso liberalizador de la economía, por los efectos positivos que está proporcionando en reducciones de costes empresariales como las comunicaciones o los energéticos; proseguir el proceso de privatizaciones que ha liberado a la economía de las disfunciones del sector público empresarial; invertir y favorecer la inversión en capital humano, para dinamizar su aportación de valor al proceso productivo; propiciar una reforma pactada del mercado de trabajo, incorporando el imprescindible aumento de flexibilidad; impulsar una decidida acción unitaria de proyección exterior, dirigida a captar proyectos de inversión y orientada a los sectores en los que nuestra oferta-país puede resultar más competitiva; potenciar la actual oferta de apoyo financiero para los proyectos de inversión...
Sin duda alguna, la elaboración de un plan de semejante envergadura exige una importante dosis de coordinación entre los ministerios afectados (Trabajo, Industria, Fomento, Hacienda) y con las consejerías de los Gobiernos autonómicos, lo que determina que la vicepresidencia económica deba desempeñar un papel clave en el proceso.
Lamentablemente, sea porque: 1) está atrapada en la agenda política del Gobierno, marcada por las reformas constitucional y estatutarias, y por la prioridad dada a las leyes sobre usos y costumbres; 2) está ocupada en taponar los agujeros que le ocasionan determinadas propuestas naíf de los ministerios sectoriales, o 3) la confluencia de ambas circunstancias; lo cierto es que a la vicepresidencia económica le está faltando el margen o el impulso necesarios para acometer en la economía española, las reformas que el momento reclama.