El plan de asignación de Alemania prevé nuevas centrales de carbón
La comisaria de Medio Ambiente ha advertido que los Planes Nacionales de Asignación de derechos de emisión de C02 publicados hasta ahora son poco estrictos con sus empresas nacionales. Países como Alemania, prevén, incluso, la apertura de nuevas centrales de carbón que recibirían también derechos de emisiones.
A la tardanza en la presentación de los Planes Nacionales de Asignación (PNA) de derechos de dióxido de carbono (C02) se le une ahora otra dificultad añadida: los seis que se han presentado oficialmente y los siete borradores que se han dado a conocer (ayer presentó Francia el suyo) hacen una lectura laxa de la directiva sobre el comercio de emisiones, que se empezará a aplicar el uno de enero de 2005. La propia comisaria de Medio Ambiente, la sueca Margot Walström, reconocía recientemente que los planes presentados hasta ahora son demasiado generosos con las empresas y no garantizan el cumplimiento del Protocolo de Kioto.
Así, el PNA alemán admite incluso la apertura de nuevas centrales de carbón (las que emiten C02 en mayor medida) y a las cuales se prevé otorgar los derechos de emisión que se van a dar a las plantas de carbón más eficientes desde el punto de vista medioambiental. Concretamente, las nuevas plantas obtendrían permisos gratuitos según un ratio de hasta 750 kg por megavatio/hora. Tal como aclara un experto del sector eléctrico, 'a las existentes les dan las emisiones que necesitan y a las nuevas, derechos gratuitos'.
Sin embargo, el PNA alemán incentiva el cierre de las centrales más contaminantes: a las de más de 30 años se les exigirá una reducción adicional de emisiones del 15% a partir de 2008. Si éstas son sustituidas, las nuevas no deberán hacer frente a esta reducción. El carbón también se protege en Portugal, cuyo plan asigna derechos suficientes para la generación con este combustible y no establece la sustitución con ciclos combinados de gas. También en el caso de Italia, que sólo ha presentado un borrador, está prevista en los próximos años la apertura de centrales de carbón y de orimulsión (combustible procedente del Orinoco).
Presiones empresariales
La comisaria de Medio Ambiente considera que este tipo de medidas responde a las presiones que las empresas nacionales están ejerciendo sobre sus Gobiernos. Así, de los seis PNA que se han presentado (Alemania, Irlanda, Finlandia, Austria, Dinamarca y Luxemburgo) y de los cinco borradores conocidos (Reino Unido, Portugal, Suecia, Italia y Francia) todos, excepto Reino Unido, ofrecen derechos de asignación de C02 para 2005-2007 por encima del objetivo que a cada país le corresponde en el Protocolo de Kioto para 2012. El conjunto de la UE se comprometió reducir las emisiones un 8% para ese año.
Con gran retraso, Francia presentó ayer su plan, calificado por los ecologistas de 'laxo', que otorga a las 700 empresas afectadas un máximo de 126 millones de toneladas de CO2 al año, informa Sara Acosta. Esta cuota permitirá reducir la emisión de C02 un 1,8% entre 2005 y 2007, según el Ministerio de Ecología. Hoy, estas empresas afectadas por la directiva emiten 128 millones de toneladas al año, un 20% de las 560 millones que Francia emite en total al año. Los sectores excluidos de este primer plan, como el transporte, se incluirán 'dentro de algunas semanas ', según el ministro de Ecología, Serge Lepeltier.
En España, las compañías eléctricas, excepto Iberdrola que defiende el cumplimiento estricto de la directiva, han tomado buena nota de los planes que se han ido dando a conocer. En este sentido, Endesa señala que todos ellos realizan una asignación gratuita por instalación, según las emisiones históricas, producidas en el pasado, y según las tecnologías utilizadas (que da ventaja al carbón) y no por producciones, como pide Iberdrola. Sin embargo, cada país utiliza distintos periodos de referencia para el cálculo (ver gráfico).
España estudia en paralelo el plan de la minería y Kioto
La UE ha abierto un expediente a España por incumplir el plazo, fijado el 31 de marzo, para la presentación de su PNA. El nuevo Gobierno, que creó recientemente una comisión interministerial a tal fin, trabaja contrarreloj para dar a conocer su propuesta antes de finales de junio y entregarla a Bruselas antes de finales de julio.Esta comisión mantiene una reunión semanal pero, mientras Medio Ambiente quiere acelerar, Industria y Economía prefieren ser muy prudentes a la hora de tomar una decisión, porque se trata de sectores 'de riesgo'. Además, según fuentes del Gobierno, el PNA se está estudiando en paralelo al plan de reservas mineras, por lo que no se espera que el plan de asignación castigue a la generación eléctrica con carbón.Además, fuentes del Gobierno reconocen que si se elabora un plan muy exigente, 'obliga a las empresas a comprar más derechos y éstas lo trasladarán a la tarifa'. Las mismas fuentes aseguran que 'si los países miembros han presentado planes poco exigentes, la comisaria de Medio Ambiente debería meditar por qué'.