Sobre la regulación del mercado de trabajo
Hay que abordar la reforma del mercado de trabajo superando la vieja polémica liberalización versus regulación. Los mercados de trabajo tienen que estar regulados. Pero su regulación tiene que ser coherente con los motivos que la justifican y tiene que producir los menores efectos indeseables. La regulación se justifica por varios factores: el trabajo no es una mercancía, existen situaciones de poder monopólico, existen fuertes elementos de información asimétrica (por ambas partes), etcétera.
Estos motivos justifican acciones para proteger al trabajador cuyos servicios cesan de ser demandados, poniendo algunos costes a ese ajuste y protegiendo a los que dejan de estar empleados, ayudándoles a buscar empleo. También justifican consagrar la negociación colectiva como el procedimiento por el que las partes acuerdan las condiciones (salariales y otras) en las que se realiza la prestación laboral. Podrían legitimar, aunque esto resulta más discutible, algunas restricciones a la libertad de los empresarios para organizar el trabajo en sus empresas.
Pero esto no significa que una regulación sea mejor cuanto mayor sea el grado de protección al empleo, que todo sistema de protección al parado sea neutro, cualquier modelo de negociación colectiva sea igualmente eficiente y que la gestión de recursos humanos de una empresa pueda dirigirse desde el Boletín Oficial del Estado.
Lo que aumenta la productividad del sistema no es solamente el I+D+I
¿Qué debe limitar la intensidad y la forma de las regulaciones? Las consecuencias que éstas tengan sobre la conducta de trabajadores y empresarios. Tenemos que convenir que si el conjunto de regulaciones desincentiva el grado de cumplimiento de los empleados y el interés de los mismos por la formación, no son las adecuadas.
Una de las consecuencias negativas del exceso de contratación temporal es el escaso estímulo que genera para el cumplimiento y la formación (¡sí van acabar echándome a las primeras de cambio, qué más da!). Pero la combinación de costes de despido muy altos y estructura salarial decidida de espaldas a la realidad de la empresa (en el ámbito sectorial), puede producir efectos similares (¡si es muy costoso echarme y mi esfuerzo en formación apenas se va a reflejar en mi retribución, ¿para qué?). Por otro lado, si la prestación por desempleo no tiene contrapartida en esfuerzo de formación y una actitud activa de búsqueda, se estimulará la descapitalización y la quiebra de la cultura laboral.
Las regulaciones de los mercados (laboral y de los productos), además de proteger a trabajadores y consumidores, deben defender a una clase de empresarios. Si se parte de la visión del empresario como explotador, cuyo éxito se basa en el aumento del margen sobre el trabajo y de su habilidad para aprovecharse de situaciones monopólicas (muchas veces creadas por la propia regulación de los mercados de bienes), resulta lógico regular contra ellos. Pero si reconocemos que existen (y convendría que existieran más) empresarios emprendedores, convendría que el marco regulador les protegiera. Son éstos los que consiguen aumentar la productividad total de los factores con las tecnologías más modernas y eficientes, los que introducen un producto o un servicio que aumenta la productividad de otras empresas, que consiguen romper un monopolio ineficiente, abrir nuevos mercados, etcétera. No nos acostumbremos a pensar que lo que aumenta la productividad del sistema es solamente el I+D+i. Seguramente, en una economía en la que haya pocos empresarios emprendedores en el sentido anterior, habrá poca actividad de desarrollo e innovación y al revés.
La empresa tipo de los emprendedores es de rápido crecimiento y con una proporción de empleados implicados en el proyecto. Se mueve en un contexto de incertidumbre mayor y necesita de estructuras retributivas flexibles y de la posibilidad de prescindir de empleados (o de alterar sus condiciones) cuando no se corresponden con el entorno cambiante. Es evidente que un exceso de regulación del mercado de bienes impide el desarrollo de estas empresas. Pero también puede estar seriamente afectado por las regulaciones laborales. Los estudios de Scarpetta y otros en la OCDE, sobre los condicionantes del aumento de la productividad y de la adopción de nuevas tecnologías, sin ser concluyentes, abren un interesante debate. La combinación, apuntan, de algunas regulaciones de los mercados de bienes con otras laborales dañan seriamente el avance de la productividad.
Ya sabemos que es complicado (y que estimula el fraude) tener normas diferentes para distintos agentes según sus características, pero estas consideraciones deben estar muy presentes en el avance hacia una mejor regulación laboral.