'Ir contra la competencia será más grave ahora'

El sistema europeo de competencia ha cambiado radicalmente con la entrada en vigor de un nuevo reglamento. Las repercusiones económicas para las empresas que violen las normas, dice el presidente, serán más severas

El modelo de defensa de la competencia que ha regido en la UE en los últimos 40 años ha cambiado radicalmente desde el pasado 1 de mayo, con la entrada en vigor del Reglamento 1/2003. El presidente del Tribunal de Defensa de la Competencia, Gonzalo Solana, explica sus implicaciones. El cambio más importante es que, a partir de ahora, los jueces también podrán juzgar casos de competencia.

Pregunta. ¿Cuándo comenzará el cambio?

'Un juez puede resarcir de daños a una empresa afectada por otra'

Respuesta. Ya se ha empezado a notar. El reglamento se lleva preparando durante los últimos seis años. Eso significa que desde el 1 de mayo, fecha de su entrada en vigor, estamos trabajando de acuerdo con este reglamento, que es de obligado cumplimiento. A partir de ahora tendremos expedientes a los que aplicaremos la nueva reglamentación.

P. ¿Cuáles son los cambios más importantes?

R. Hasta ahora, la Comisión Europea centralizaba la aplicación del apartado 3 del artículo 81, que es la capacidad de dar autorización a acuerdos prohibidos por ese artículo. Y ahora las empresas pueden ir adelante con el acuerdo sin que éste esté paralizado a la espera de la decisión que tome la Comisión.

En paralelo, la Comisión ha considerado que había que descentralizar sus funciones y dar más competencias tanto a las autoridades nacionales como a los jueces. Es un cambio imprescindible, porque era tal el número de solicitudes de autorizaciones que se paralizaba la actividad de la Comisión. No podía tomar decisiones definitivas, y se limitaba a responder con una carta administrativa sin carácter vinculante y al final la propia defensa de la competencia era un obstáculo a la actividad empresarial.

P. ¿Hay en España un caso nuevo que atente contra la competencia?

R. Aún no hemos resuelto ninguno, pero están en tramitación.

P. ¿Y tiene conocimiento de que algún juez haya intervenido ya en temas de competencia?

R. En España se ha establecido que la aplicación del artículo 81 y 82 del Tratado CE se realice a través de los juzgados mercantiles, que entrarán en vigor en septiembre. Ya están preparándose de forma específica, dado el mayor contenido económico que tendrán encomendado estos jueces. Dentro de esa formación se contempla la de Defensa de la Competencia. Por ello hemos firmado un convenio con el Consejo General del Poder Judicial para apoyarles e informarles en todo lo que sea necesario.

P. ¿No trae este nuevo sistema un riesgo elevado de descoordinación?

R. Habrá que verlo sobre la marcha... En todo caso, creo que se va a reforzar la aplicación de la Defensa de la Competencia, sin ninguna duda. Hay que verlo como un complemento más que como un sustitutivo, ése es el espíritu del reglamento.

El nuevo reglamento, además, supera la limitación que teníamos las autoridades administrativas, que es la posibilidad de imponer resarcimiento de daños al infractor. Eso va a hacer que las empresas que se planteen atentar contra los artículos 81 y 82 sean más prudentes porque saben que las consecuencias económicas van a ser más duras.

P. ¿Qué diferencias hay entre una resolución del TDC y otra de un juez?

R. El TDC actúa en el ámbito de la defensa del interés general y los jueces entran en el ámbito civil, en el plano del resarcimiento de daños a los implicados. La actuación del Tribunal se amplía más puesto que, al perseguir el interés general, las medidas que se adoptan afectan a la totalidad del mercado y no sólo a las relaciones privadas de los denunciantes.

P. ¿Podría poner un ejemplo concreto?

R. El juez sólo resolverá el expediente entre las partes afectadas. En el caso contra las petroleras, por ejemplo, el juez resolvería la denuncia de un propietario de una estación de servicio contra su petrolera proveedora siempre que afectara al comercio intracomunitario, pero nosotros actuamos para hacer que una empresa que consideramos que ha infringido las normas de defensa de la competencia cambie su conducta en relación a la totalidad del mercado. El juez se limitará a dirimir la relación entre los dos, resarciendo, en su caso, los daños causados a la estación de servicio.

P. Para una empresa será más útil acudir a un juez...

R. No necesariamente. Frente a un juez podrá conseguir resarcimiento de daños. Pero el TDC también ofrece garantías importantes derivadas de un procedimiento específico y detallado y con unas fechas límites de resolución, así como por una experiencia acumulada.

P. ¿Ganará el modelo de defensa de la competencia en eficacia?

R. El sistema global de la UE será más efectivo sin lugar a dudas. El anterior atascaba administrativamente a la Comisión. Ahora son las empresas las que directamente tendrán que analizar sus acuerdos y asumir el riesgo, con lo que se reducirá la burocracia en la UE. La Comisión Europea podrá concentrarse en los casos más grandes, ya que los pequeños correrán a cargo de las autoridades administrativas y judiciales de cada país.

P. ¿Qué casos llevarán las autoridades nacionales?

R. Todos los casos que afecten a menos de cuatro países los tendrá que resolver cada país. A nosotros nos supone una mayor carga de trabajo, pero estamos perfectamente preparados para asumirla. Tendremos que coordinarnos y colaborar con otras autoridades nacionales, pero esto va a facilitar a la Comisión Europea poder atacar los grandes cárteles o las conductas contrarias a la competencia de gran dimensión con mucha más eficacia.

CV

Nombre Gonzalo Solana González.Formación Licenciatura en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Autónoma de Madrid, en las especialidades de Hacienda Pública y Estructura Económica.Otros cargos Solana ha sido director del Servicio de Estudios Económicos del Consejo Superior de Cámaras y profesor de Economía en el CEU. También ha sido consejero del INE.

La deseada unión entre el Servicio y el Tribunal

Sin duda, la mayor dificultad a la que habrán de enfrentarse las autoridades administrativas y judiciales encargadas de temas de competencia será la coordinación. El TDC, además, se verá afectado por una mayor carga de trabajo. En total, el Servicio de Defensa de la Competencia cuenta con unas 100 personas, y el Tribunal con 80. En los últimos años, según Solana, se ha dado un gran avance para conseguir que España se acerque a la media europea. 'Lo que pasa', afirma el presidente del TDC, 'es que el Servicio de Defensa de la Competencia y el Tribunal siguen separados. Si se integran en un futuro, se conseguirían grandes sinergias y economías de escala'.Gonzalo Solana asegura que no tiene ninguna petición concreta al nuevo Gobierno. Su convicción es que el Ejecutivo del PSOE continuará con el proceso de reforzamiento institucional y legislativo emprendido en estos últimos años. 'Si necesitamos más medios, los solicitaremos y estoy seguro de que no habrá ningún problema', afirma.La reforma del actual sistema antimonopolio ha partido del actual comisario europeo de la Competencia, Mario Monti, quien dejará su cargo el próximo mes de octubre.Con la nueva reglamentación podría surgir una importante disyuntiva: ¿qué hacer si llega un caso de enorme envergadura y de gran relevancia a un juzgado? ¿podría el juez remitirlo al Tribunal de Defensa de la Competencia por entender que es el órgano que mejor puede tramitarlo? En ese caso, asegura Solana, no habrá problema, ya que el TDC puede abrir de oficio una investigación cuando considere que la conducta empresarial afecta negativamente al interés general del mercado, que . iría en paralelo al proceso judicial.