España en la UE ampliada
La Unión Europea daba el sábado la bienvenida a diez nuevos miembros. La quinta y más importante ampliación por número de países y simbolismo. Un capítulo para la historia que tiene implicaciones tanto de carácter político como económico, muchas de ellas de gran calado para España.
Las consecuencias presupuestarias, especialmente en relación con los fondos estructurales y la Política Agraria Comunitaria (PAC), pueden ser notables y suponer un cambio de la situación actual de algunos países. La mayor presencia de regiones del centro y Este de Europa en la aplicación de la política de cohesión, implicará que, por una cuestión meramente estadística, sólo unas pocas autonomías españolas podrán mantener el apoyo financiero que se presta a los territorios con menor renta, aunque no se haya producido una mejora real del nivel de vida.
Sin abandonar el plano institucional, la UE ampliada tendrá que redefinir su papel y proyección hacia el exterior. El traslado del centro de gravedad económico y político hacia el Este debería hacerse sin menoscabo de la vocación mediterránea de la Unión y, especialmente, sin perjuicio de los intereses que mantiene Europa en Iberoamérica.
El punto crítico estará, más que en el ámbito comercial, en la futura política regional que adopte la Unión
Desde el punto de vista económico, el proceso de ampliación repercute en tres aspectos clave: intercambios comerciales, flujos de inversión directa y movimientos de población. Este último de especial relevancia social.
En lo relativo al comercio exterior, el aumento del mercado, además de ser de carácter permanente, viene acompañado de una liberalización progresiva de los movimientos de bienes y servicios, y de su adecuación a la normativa comunitaria , sobre todo en lo que concierne a las ayudas que presten los Estados. Ello implicará un fuerte incremento y transformación del comercio. No obstante, existen algunos temores de que, para España, estos efectos beneficiosos puedan difuminarse atendiendo al posible efecto sustitución de exportaciones, desde algunos de los países de la UE, por productos procedentes de los candidatos. Los nuevos miembros disponen de costes laborales inferiores, acceso a modernas tecnologías de producción -gracias, en parte, a la inversión extranjera directa- y proximidad a los mercados centrales de la UE, que auguran ya un incremento de la competencia.
En cuanto a la inversión, la nueva Unión presenta indudables oportunidades, dado su déficit en infraestructuras, gestión medioambiental, organización territorial o administración de fondos comunitarios. No obstante, también existe un riesgo ligado a los flujos de inversión, consecuencia de la escasa presencia España en el área o de la aparición de un nuevo polo de atracción de inversiones que pudiera competir en la captación de nuevos proyectos con la economía española.
La diferenciación de nuestra economía y el camino ya recorrido deberían permitir una cierta protección contra estos efectos. Sin embargo, las empresas españolas pueden aprovechar su saber hacer en lo referente a captación de inversión y utilización de fondos comunitarios.
Por último, la ampliación comunitaria puede desembocar en la aparición de movimientos migratorios hacia los países centrales de la UE. Los flujos serán de escasa intensidad en España, hasta el punto de no amortiguar suficientemente la demanda de mano de obra cualificada y las futuras necesidades derivadas del envejecimiento.
La ampliación comunitaria tendrá para España repercusiones económicas positivas. Abre la posibilidad de diversificar mercados, muy centrados en Iberoamérica; utilizar los nuevos países como base de operaciones para el resto de mercados, sobre todo Europa, Rusia y Turquía; y prevenir efectos derivados de los lógicos procesos de deslocalización.
La entrada de nuevos miembros en la Unión no producirá consecuencias negativas, siempre y cuando sus empresas compitan en igualdad de condiciones y cumplan los mismos requisitos laborales, fiscales y técnicos que las compañías comunitarias. De esta forma se evitará la tentación de competencia desleal, a partir del estricto cumplimiento del acervo comunitario o conjunto de leyes y principios de actuación que rigen en la Unión Europea. El punto crítico no estará tanto en el ámbito comercial, como en la futura política regional que adopte la Unión.