Utilicemos más y mejor la información pública
El Instituto Nacional de Estadística acaba de informar de que, en virtud de las nuevas estimaciones de población, el volumen de empleo en España en 2003 habría sido de 17.325.000 personas. Así, los ocupados serían 630.000 más de los que la EPA viene estimando, utilizando las anteriores cifras poblacionales. En 2001 ya se había producido otra importante revisión al alza de la estimación del número de ocupados, que en aquel momento supuso la suma de 1.254.000 personas a la cifra preexistente.
La magnitud de las dos revisiones provoca inicialmente estupor. Pero no es un motivo suficiente para expresar ningún reproche. Medir macromagnitudes en la sociedad actual es bastante más difícil de lo que parece. Los abajo firmantes estamos convencidos de que las estimaciones que ahora se ofrecen son más fiables que las del pasado; además, las revisiones de macromagnitudes son en general más intensas en países que se utilizan como referencia avanzada en sistemas de información y se suelen asumir con naturalidad por sus agentes sociales y económicos. A este respecto sólo hay que pedir que en su momento se haga el máximo esfuerzo por revisar todas las series relevantes para aplicar retrospectivamente los criterios que ahora se utilizan en la medición. Entre otras cosas, así se limita la enojosa costumbre de considerar creación de empleo lo que no es más que un mero efecto estadístico.
Lo que sí merece reproche es que la medición del empleo en el sistema estadístico nacional se haga ignorando la gran cantidad de información de la que dispone la Administración pública a estos efectos. Los empleados se afilian a la Seguridad Social o al régimen de derechos pasivos, en el caso de los funcionarios públicos, y los asalariados pagan retenciones, a través de las empresas retenedoras del impuesto, a Hacienda.
Miembros del Cuerpo Superior de Estadísticos del Estado
Sin embargo, la escasa y opaca información que hasta ahora sale a la luz proveniente de estas fuentes no permite cumplir estos objetivos con unas cotas mínimas de calidad, a pesar de la enorme riqueza informativa de la que dispone la Administración pública. En los últimos años ha aumentado notablemente la eficacia en el tratamiento de dicha información. De ese modo se han conseguido avances notables en importantes tareas gestoras desempeñadas por las diversas Administraciones públicas.
La función estadística podría también haber aprovechado la mejora exponencial en la calidad de la información de base, pero en general no ha sido así. El desarrollo de esta función sigue viéndose en el ámbito administrativo como una guinda que, en el mejor de los casos, adorna el servicio ofrecido (la gestión) y, en el peor, intoxica al ciudadano proporcionando información sesgada por intereses particulares.
Estamos convencidos de que el ejercicio de dicha función es bastante más que un adorno. En el ejemplo utilizado del empleo, las dos últimas revisiones citadas elevarán en un 11% el nivel de empleo preexistente. Esto no sólo cambia significativamente la visión de un país, sino que arrastra numerosas consecuencias, muchas de ellas con repercusiones financieras de distinta índole para numerosos agentes sociales y económicos.
No es el lugar adecuado para prolijas consideraciones metodológicas. En cualquier caso, los abajo firmantes, que suman muchos años de experiencia de trabajo con registros administrativos y con encuestas, aseguramos que el registro de afiliaciones a la Seguridad Social, conjuntamente con los registros de empleo público, bien tratados y complementados, permiten aproximar con gran fiabilidad el volumen de empleo. Y, lo que es casi más importante, establecer su evolución en periodos cortos de tiempo. Si además se utiliza la información procedente de los registros de la Hacienda pública relativos a retenciones del trabajo, se mejoraría la precisión de las estimaciones y se podría completar un sistema de información agregada, de naturaleza estructural y coyuntural, para el seguimiento de las variables más importantes del mercado de trabajo (no sólo empleo, sino salarios, retenciones, cotizaciones, bonificaciones, modos de contratación, etc.).
La utilización del empleo como referencia en este artículo se hace a modo de ejemplo. La idea a defender es la de la correcta utilización de la gran riqueza informativa contenida en los diversos ficheros administrativos para mejorar, de forma muy significativa, el conocimiento de la realidad y hacer de ese modo más eficaces las políticas a aplicar.
No aprovechar el caudal de información que facilitan los ciudadanos es un despilfarro mayúsculo. No hacerlo cuando existen grandes incertidumbres respecto a la magnitud real de importantes variables económicas y sociales es irracional e incomprensible. En este nuevo periodo político que se abre, donde la transparencia quiere ser un valor que impregne la gestión pública, utilicemos esta gran riqueza informativa, salvaguardando con todas las garantías el derecho al honor y a la intimidad de las personas, para mejorar el conocimiento sobre nosotros mismos y, lo que es aún más importante, ser más eficaces en la gestión de lo público.