COLUMNA

Tres retos para el Gobierno

Cuando este artículo vea la luz el nuevo Gobierno estará a punto de formarse, por lo que poner de manifiesto los retos que va a tener ante sí puede ser un ejercicio saludable en un Estado democrático. Dejo para otra ocasión los comentarios sobre retos políticos, no por menos importantes, sino que debido a mi especialidad, prefiero abordar en primer lugar los económicos.

La primera obligación será mantener la estabilidad macroeconómica, sin la cual no se dará un crecimiento sostenible: cuentas públicas equilibradas, inflación controlada y un entorno equilibrado de la balanza de pagos. Globalmente la situación macroeconómica que recibe el nuevo Gobierno es bastante aceptable y ha generado cuatro millones de puestos de trabajo, si bien conviene señalar puntos oscuros que deben ser objeto de corrección. Me refiero al diferencial de inflación que aún mantenemos con la media de la UE, a pesar del ajuste realizado el último trimestre del pasado año, y el déficit de la balanza de pagos, situado en el 3% del PIB. Son desequilibrios que sólo podrán ser corregidos mejorando la productividad a través de un nuevo modelo de crecimiento.

A pesar de la fuerte tasa de crecimiento del PIB en 1996-2003, subsisten bastantes desigualdades sociales: el desarrollo trae a veces la paradoja de que reduce la desigualdad entre los estratos de renta alta y media, pero se agranda con respecto a los de renta baja. En el difícil equilibrio entre eficiencia y equidad, el Gobierno tiene el reto de corregir las desigualdades sociales que sufren determinados colectivos, que caen fuera del campo de la protección de la Seguridad Social.

El Ejecutivo debe mantener la estabilidad presupuestaria, luchar contra la pobreza y proteger a los dependientes

El Estado del bienestar no ha sido capaz de resolver la situación de pobreza en que se encuentra gran número de hogares y personas, por lo que se han hecho propuestas de ampliarlo para dar solución a los nuevos problemas. Ahora bien, teniendo en cuenta que en España el gasto de protección social representa el 60% del total del gasto no financiero consolidado del conjunto de las Administraciones públicas, es prácticamente imposible su ampliación sin provocar la no sostenibilidad de la política presupuestaria y la pérdida de estabilidad macroeconómica, condición indispensable, aunque no suficiente, para el crecimiento y la generación de empleo.

Todo gratis para todo el mundo, cualquiera que sea su nivel de renta, es imposible, por ello es necesario refundar el Estado de bienestar, estableciendo un compromiso de los ciudadanos con éste y del Estado con los ciudadanos. El primer ministro británico, Tony Blair, en el prólogo del Libro Verde sobre la Reforma de la Protección Social, decía que, puesto que el entorno económico y social es hoy día totalmente diferente del que existía cuando nació el Estado de bienestar después de la Segunda Guerra Mundial, empeñarse en mantenerlo, sin admitir reforma alguna, conduce a una falta de equidad, precisamente en contra de los más necesitados.

La lucha contra la pobreza es un fuerte reto para el nuevo Gobierno. Si tomamos como línea de la pobreza aquélla en la que la renta de un hogar, o de un individuo, es menor que el 40% de la renta media del país, resulta que en España el 11% de los hogares está por debajo de la línea de la pobreza, y el 10% si se considera el número de personas, cuatro millones, que se eleva a ocho millones si la línea de la pobreza se establece en el 50%.

La competencia para combatir la pobreza recae en las Administraciones territoriales, que utilizan los siguientes instrumentos: la renta básica, la renta mínima de inversión y el salario ciudadano, a los que se dedican recursos escasos. La tasas de cobertura de los beneficiarios potenciales fueron, por ejemplo, del 67% en el País Vasco y del 47% en la Comunidad de Madrid. Como causas primarias de la pobreza se citan: el bajo nivel educativo, los hogares muy numerosos, el paro del sustentador principal, las minorías étnicas, los minusválidos, las enfermedades crónicas, los hogares con alta dependencia y tener más de 65 años el sustentador principal del hogar.

Otro reto es la protección a la dependencia. Se estima en dos millones de personas la población dependiente en España, calculándose en el 0,5% del PIB los recursos privados y públicos que se destinan a darle servicios, y se calcula que sólo el 18% de las personas mayores dependientes reciben ayudas económicas o de servicios.

La incorporación cada vez mayor de la mujer al mercado de trabajo hará quebrar el actual modelo familiar que se encarga de atender a los dependientes, con lo que el gasto tenderá a dispararse, ejerciendo una fuerte presión sobre el gasto público. Surge así la necesidad de analizar los modelos para hacer frente al riesgo de dependencia, en definitiva cómo organizar el mercado y su financiación. Se impone la revisión de los programas de gasto público, así como de los gastos fiscales, para atender a estas necesidades sin incurrir en déficit público.