Rebajas de cotizaciones
Ha sido una constante de nuestra política de Seguridad Social tratar de utilizar las rebajas en las cotizaciones sociales afectas al Instituto Nacional de Empleo (Inem) para financiar políticas públicas activas relacionadas con el empleo. Pueden citarse, entre otras, el no pago de cotizaciones por las empresas que contratan mujeres discapacitadas, rebajas selectivas para fomentar el empleo femenino o de personas pertenecientes a colectivos desfavorecidos, deducciones de las cotizaciones sociales de los gastos que efectúen las empresas en formación de sus trabajadores y rebaja en las cotizaciones de los jóvenes que quieran establecerse por su cuenta.
Si el coste de estas políticas es después reembolsado por el Presupuesto de Estado, la fórmula utilizada me parece correcta, ya que simplifica enormemente los trámites burocráticos, y además, al tratarse de una política pública de fomento del empleo, su coste debe ser financiado por los impuestos generales. Si dicho coste se hiciera recaer sobre las cotizaciones sociales, se estaría desvirtuando la finalidad de éstas: hacer frente a la prestación de desempleo (política pasiva de empleo).
Del Informe Económico y Financiero que se acompaña a los Presupuestos Generales del Estado para 2004 parece desprenderse que el coste de las políticas activas de empleo se financia con las cotizaciones sociales afectas al Inem. Si esto es así, lo correcto sería rebajar las cotizaciones sociales del Inem y que las políticas activas de empleo se financiaran con transferencia del Presupuesto del Estado a dicho organismo.
Es un error pensar que con el fondo de reserva queda resuelta la sostenibilidad del sistema público de pensiones
Ante el superávit que en los últimos años está obteniendo la Seguridad Social -como demuestra la cuantía del Fondo de Reserva a finales de 2003, que sobrepasa los 12.000 millones de euros-, recientemente se han formulado dos propuestas de rebaja de las cotizaciones de los empresarios en un punto: la primera se refiere exclusivamente a los trabajadores fijos y la segunda a los trabajadores con contratos temporales que se transformen en fijos.
La finalidad de la primera propuesta es doble: por un lado, fomentar el empleo rebajando su coste a través de una reducción de las cotizaciones sociales y, por otro, mejorar la calidad del trabajo. Y la de la segunda es transformar contratos temporales en fijos, que daría lugar a una discriminación contra los contratos fijos existentes en el momento de entrada en vigor de la norma.
Los que proponen la rebaja de las cotizaciones sociales que acabamos de exponer se fundamentan en que el Fondo de Reserva servirá para compensar los menores ingresos que se originarían por cotizaciones sociales en época de crisis, evitando así la aparición de futuros déficit. Es un error conceptual pensar que con el citado fondo queda resuelto el problema de no sostenibilidad financiera de nuestro sistema público de pensiones contributivas, ya que, de acuerdo con el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (SEC '95), los excedentes son propiedad de la Seguridad Social, al tener España un sistema de pensiones públicas gestionado por reparto.
Puesto que las reservas que se están constituyendo no sirven para disminuir los déficit futuros, y dadas las altas tasas de paro y de temporalidad que tenemos, propuse en 2002 que se redujeran las cotizaciones empresariales de las empresas que contratasen trabajadores con carácter fijo o transformasen temporales en fijos: el porcentaje de reducción no podría exceder del necesario para que, como máximo, absorba el excedente anual de la Seguridad Social, y estaría condicionada a que cuando desaparezcan los excedentes se restablezca el tipo existente antes de la rebaja. Tal reducción dará lugar a una disminución del coste del factor trabajo que incentivará la demanda por las empresas de dicho factor y/o una mejora de la calidad del contrato.
Sin embargo, tal rebaja no puede ser de carácter indefinido ya que nuestro sistema de pensiones contributivas no es financieramente viable a consecuencia de la falta de proporcionalidad del sistema y del fuerte envejecimiento de la población que se producirá a partir del 2012. A partir de esta fecha aparecerán los déficit, exista o no Fondo de Reserva, y habrá que volver a subir las cotizaciones.
Las reservas que se están acumulando no sirven para reducir el déficit, sino como instrumento de financiación del mismo. Con la fórmula que proponemos se cambian los activos financieros en que se materializarían los superávit futuros por mayor empleo; sin que ello influya en la sostenibilidad financiera del sistema.