Acrecentar la herencia
El próximo Gobierno socialista encontrará una sólida herencia económica, legada por el buen hacer de los Gobiernos populares en estos últimos ocho años. Una herencia cuyos principales activos son un crecimiento sostenido -una media del 3,3% anual- que ha permitido acelerar nuestro proceso de convergencia real con Europa -de forma que a finales de 2003, y según datos de la UE, nuestro PIB per cápita se situaba en el 85,8% de la media europea-.
El mantenimiento de ese ritmo sostenido de crecimiento se tradujo en una fuerte reducción de la tasa de paro -que bajó del 23% al 11,2%- y un aumento de la de empleo de casi 12 puntos porcentuales -del 49,5% al 61%- acompañado de un reforzamiento espectacular del número de afiliados a la Seguridad Social -casi más de dos millones y medio de trabajadores-. Por su parte, el rigor en la política presupuestaria permitió, primero, la reducción del déficit, el equilibrio después y un ligero superávit al cierre del último ejercicio, con la consiguiente baja de la deuda bruta, que de representar el 66,62% del PIB en 1997 ha descendido al 50,6% en 2003, según las primeras estimaciones oficiales.
Pero como en toda herencia, los sucesores encontrarán algunas sombras y, sobre todo, tareas pendientes si desean acrecentar lo que les viene a las manos. Repasemos con el lector las tareas que podrían considerarse prioritarias.
Nuestro mayor crecimiento respecto a Europa se ha basado en la fuerte recuperación de la tasa de ocupación más que en la mejora de la productividad. Ello se explica porque España sigue gastando poco en I+D, en educación y en acrecentar su stock de capital por persona empleada. En un contexto de globalización y aguda competencia entre mercados ello nos pone en una situación delicada.
Otra preocupación reside en nuestra posición exterior, puesto que la continuación de la demanda interior como motor de nuestro crecimiento supondría un peligro, dados los elevados niveles de endeudamiento tanto de las familias como de las empresas. æscaron;nase a ello que seguimos manteniendo una tasa de inflación superior a un punto respecto a la UEM y que el diferencial de precios es debido en parte a unos mayores costes laborales unitarios pero, sobre todo, a unos márgenes empresariales que no han cesado de crecer, especialmente en sectores tales como la construcción y gran parte de los servicios: o sea, aquellos no abiertos a la competencia. Como en repetidas ocasiones han señalado informes de organismos internacionales, tales como la OCDE o el FMI, los Gobiernos populares no han efectuado reformas significativas en tres terrenos cruciales: la reforma de la regulación del mercado laboral, la discusión exhaustiva y sin demagogias de las reformas que permitan a equilibrar a largo plazo los gastos e ingresos del sistema público de pensiones y, por último, la adopción de medidas adecuadas para contener el precio de la vivienda e impedir la explosión de la burbuja inmobiliaria, con efectos devastadores sobre la posición financiera de las familias y los balances de no pocas entidades crediticias.
Para concluir, aceptar que el equilibrio presupuestario debe ser un principio indiscutible no implica renunciar a plantear reformas tanto en el gasto público como en el sistema fiscal. Ejemplos de algunas referentes al gasto serían su reestructuración para favorecer el destinado a capital humano y tecnológico; entre las reformas fiscales, además de establecer un criterio apartidista sobre la proporción entre impuestos directos e indirectos debería tenerse en cuenta la estrecha relación entre progresividad e inflación en el IRPF y poner en marcha medidas que refuercen las Haciendas locales y cercenen la nefasta práctica de utilizar suelo edificable para llenar las arcas municipales.
Limitaciones de espacio impiden tanto detallar las medidas propuestas como referirse a otras no menos relevantes -políticas sanitaria y de infraestructuras o un nuevo modelo de financiación autonómica-; pero el propósito de este artículo quedaría incompleto sin indicar que, en estos momentos y con los datos disponibles, el próximo Gobierno gozará de una coyuntura económica favorable a lo largo del cuatrienio que nos separa de las nuevas elecciones generales. Una nueva fase expansiva, con suave aceleración de la coyuntura internacional, podría corregir los desequilibrios entre demanda doméstica y saldo exterior. Si se mantienen los equilibrios macroeconómicos será posible seguir reduciendo las tasas de paro e inflación, mantener ligeros superávit presupuestarios y disminuir la deuda pública.
Cuando el nuevo Gobierno comience su tarea, le acompañarán los mejores deseos de todos porque su éxito será la mejor garantía de nuestra prosperidad.