TRIBUNA

Los trasvases del PHN, una quiebra

El diseño económico realizado por el Gobierno del PP para poner en marcha los trasvases proyectados en el Plan Hidrológico Nacional llevará, según el autor, a la quiebra. Ejecutadas las obras, la Administración estaría atada de pies y manos en una caída de demanda por los precios

Cuando en el año 2000 el Gobierno del Partido Popular presentó su Documento de Análisis Económicos, como anexo al Plan Hidrológico Nacional (PHN), para justificar la racionalidad de su política de trasvases, diversos estudios universitarios señalaron los graves errores metodológicos y conceptuales que deformaban el citado análisis:

a) No se tomaban en cuenta los costes de regulación y distribución.

Los costes medios a pagar por los futuros consumidores del agua trasvasada son muy superiores a los actuales

b) No se contabilizaban los costes derivados de pérdidas previsibles en el transporte.

c) La inmadurez presupuestaria hacía previsible fuertes desviaciones en ejecución de obra.

d) La infravaloración de requerimientos ambientales para garantizar la sostenibilidad del delta del Ebro hacía previsible el crecimiento del coste unitario del metro cúbico.

e) El 25% de las inversiones, correspondientes a instalaciones de bombeo y turbinado, deben amortizarse a 10 o 15 años, a lo sumo, y no a 50 años.

f) Se infravaloran los costes energéticos.

g) Se elude considerar los costes derivados de la mala calidad de las aguas trasvasables.

h) Las demandas urbanas previstas son demandas progresivas de futuro, lo que encarece seriamente los costes unitarios de amortización.

i) Uno de cada cinco años no habría caudales trasvasables, lo que de nuevo encarece seriamente los coste unitarios.

Además del punto c), resultaban particularmente relevantes los tres últimos. La infravaloración de los costes energéticos ha quedado reconocida posteriormente por el propio Ejecutivo con la publicación del documento de financiación aparecido en el estudio de evaluación ambiental de los trasvases. En él se asume un error del 100%, debiendo por tanto duplicarse los costes energéticos inicialmente previstos.

Por otro lado, las aguas trasvasables superan el máximo nivel de salinidad marcado por la UE para aguas prepotables (1000 microsiemens/cm), habiendo quedado reconocido por el Gobierno ante la UE que dicho nivel, actualmente en torno a 1.200 microsiemens/cm de media, se elevaría en el futuro por encima de 1.500. El coste de desalobración, cuando menos para aguas urbanas, por nanofiltración, supondría más de 0,20 euros/m3. Respecto a los problemas de disponibilidad en años de sequía, la previsión del PHN señala que uno de cada cinco años no habría caudales trasvasables, lo que implica un serio incremento del coste asignable al metro cúbico realmente disponible.

Rectificar estos graves errores nos lleva a duplicar los costes medios previstos por el Ejecutivo. Pero en todo caso, faltaba por aclarar quién pagaría estos costes. A mediados de 2003, el Gobierno publicó el llamado Estudio sobre régimen de utilización y tarifas en el que se presentaba el plan financiero: el 30% de la financiación procedería de fondos europeos a fondo perdido; otro 30%, de fondos públicos nacionales sin interés a devolver en 50 años, y el 40% restante provendría de préstamos en el mercado de capitales al 4% de interés.

Es de notar que, en lo que se refiere al crédito del 30% de capitales públicos nacionales, no sólo sería sin intereses, sino que ni siquiera se prevé compensar la inflación (prevista en un 2% anual). Para colmo, la amortización se haría en un único pago dentro de 50 años.

Respecto al 40% de la inversión, procedente de créditos privados, la tasa del 4% incluye la inflación (2%), lo que deja el interés neto en sólo un 2%. Obviamente tales condiciones no se corresponden con la realidad del mercado financiero, siendo viables desde condiciones muy especiales y bajo garantía del Estado, lo que encubre otra subvención proporcional al riesgo de quiebra, que como veremos es muy elevado.

Dado que no se revierte al Estado ni un euro hasta dentro de 50 años, el plan financiero prevé amortizar aceleradamente el crédito privado, que quedaría cubierto en 28 años. A partir de ese momento, el cobro de tasas permitiría acumular un saldo positivo que, en lugar de revertir a las arcas públicas, produciría un interés del 3% que permitiría reducir aún más el coste a cubrir por los usuarios.

La combinación de estas condiciones crediticias tan privilegiadas con la mencionada ingeniería financiera supone en suma unos costes de amortización de tan sólo 0,0405 euros por metro cúbico, lo que supone una subvención a fondo perdido del 60% (y no del 30% como podría parecer a primera vista).

A pesar de ello, al sumar a estos costes los de funcionamiento (con coste energéticos que doblan los cálculos publicados hasta entonces), el coste medio se eleva a 0,25 euros/m3. Si además se corrigen los errores básicos ya reseñados (carácter progresivo de las demandas urbanas, problemas de garantía en la disponibilidad de caudales trasvasables y amortización del 22% de las inversiones a 10 años), y se añaden los costes de desalobración del 47% de los caudales trasvasables para usos urbanos (cuando menos 0,2 euros/m3), las desviaciones presupuestarias en ejecución de obras (al menos un 30%), los costes de regulación y distribución, las pérdidas de almacenamiento y transporte y otros, los costes medios a pagar por los futuros usuarios de los trasvases se elevarían al entorno de 0,43 euros/m3.

Es de notar que tales costes, aun siendo medios, son notablemente superiores, tanto a los precios del agua en las zonas receptoras como a las cotas máximas a partir de las cuales las demandas se derrumbarían, según los datos del propio Ejecutivo en el PHN. Los costes asignables a los tramos más alejados, en Murcia y Almería, se elevarían por encima de los 0,5 euros/m3 (los costes actuales de desalación de aguas marinas están en torno a 0,4 euros/m3).

Ante la contundencia de estos resultados, el análisis financiero del Gobierno opta por oscurecer sus propios cálculos tarifarios y acaba ratificando que, según lo previsto en la segunda cláusula del convenio firmado el 20 de mayo de 2002 con Trasagua, sólo se debatirá con los usuarios del trasvase la reglamentación tarifaria una vez realizadas las inversiones e iniciada la fase de explotación.

Obviamente, en esa futura negociación, una vez ejecutadas las obras, la Administración pública se encontraría atada de pies y manos ante un más que probable desacuerdo con la mayor parte de los usuarios. Tanto la aceptación de precios inferiores a los previstos como la retirada de sectores de usuarios (que dispararía aún más los costes a asumir por los restantes), desembocaría en quiebra financiera, sin posible marcha atrás, ni opciones de redimensionamiento del proyecto. Esta quiebra financiera anunciada sería el último de los mecanismos implícitos de subvención pública que subyace en el proyecto del Ejecutivo.