Auditoras auditadas

La UE perfila un nuevo sistema de regulación comunitaria de la profesión auditora más acorde con la realidad empresarial. La Comisión Europea aprobó ayer el proyecto de directiva que acomete la necesaria actualización de las normas de 1978 y 1983. El texto nace con vocación de devolver al inversor una confianza quebrada por escándalos contables como los de Parmalat o Enron. Bruselas remata así un proceso de modernización legislativa iniciado antes de los primeros fraudes multimillonarios de EE UU, pero que ha refinado a medida que surgían nuevos escándalos a ambos lados del Atlántico. El multimillonario fraude en Parmalat ha deparado el último endurecimiento: las empresas cotizadas deberán contar con un comité auditor independiente de la dirección, que se encargará de elegir y relacionarse con la firma encargada de verificar la contabilidad.

El proyecto de ley comunitaria también refuerza los controles sobre la labor de los auditores. Un órgano nacional supervisará su actividad y las auditoras deberán publicar un informe anual detallando de sus ingresos. Bruselas propone un polémico control sobre los honorarios para evitar que la auditoría siga siendo apenas un reclamo para atraer clientes a servicios mucho más jugosos. Los auditores sospechan que Bruselas incluso desearía prohibirles prestar servicios paralelos al de auditoría. Quizá no sea necesario ese extremo, pero es bueno garantizar el máxima rigor de una labor que debe ser mucho más que una certificación cosmética.

Cabe reprochar a la Comisión, en cambio, que se resigne a una supervisión sólo nacional. Las propias organizaciones profesionales de auditores piden un órgano europeo. Bruselas suele resistirse a la tentación supranacional porque no hay convergencia normativa suficiente. Esa excusa debe ser un acicate para la armonización necesaria en los mercados financieros.