_
_
_
_
_
Tribuna
Artículos estrictamente de opinión que responden al estilo propio del autor. Estos textos de opinión han de basarse en datos verificados y ser respetuosos con las personas aunque se critiquen sus actos. Todas las tribunas de opinión de personas ajenas a la Redacción de EL PAÍS llevarán, tras la última línea, un pie de autor —por conocido que éste sea— donde se indique el cargo, título, militancia política (en su caso) u ocupación principal, o la que esté o estuvo relacionada con el tema abordado

La sabiduría de la CE

La Comisión Europea (CE) ha decidido denunciar ante el Tribunal de la UE la suspensión del Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC) que los ministros de Economía acordaron el pasado mes de noviembre. El planteamiento de la Comisión es que el Consejo violó el derecho comunitario y, por consiguiente, no tiene más remedio que dar ese paso.

¿Es razonable esta decisión? Si conduce a la reforma del pacto, habrá sido una decisión correcta; si no, será un desastre. Porque, una vez que se ha demostrado que no es aplicable, ya no puede haber dudas sobre la necesidad de reformar el pacto. Incluso si se resucita, el pacto continuará sin poder aplicarse, lo que conducirá a nuevos conflictos en el seno de la Unión Europea y a un descrédito aún mayor de las instituciones comunitarias.

Ya han quedado claras las razones por las que no puede aplicarse el pacto. En primer lugar, está la exigencia de un equilibrio presupuestario a medio plazo. Este requisito implica pedir a los Gobiernos que la ratio entre deuda pública y PIB tienda a ser cero. No existe ningún argumento económico razonable que justifique ese objetivo. La mayoría de los Gobiernos se negarán tarde o temprano a someterse a sí mismos a una norma que carece de fundamento económico.

En segundo lugar, el 3% como techo máximo para el déficit presupuestario carece de flexibilidad. Los Gobiernos que deban atender enormes necesidades de sus ciudadanos, especialmente en el área de la Seguridad Social, no continuarán sometiéndose a un objetivo nominal que tiene más que ver con la creencia en el valor esotérico del número tres que con un análisis económico.

Por último, las duras sanciones previstas en el pacto no se pueden imponer. Como resultado, el pacto carecerá siempre de credibilidad cuando se intente aplicarlo.

No hay duda, pues, sobre la necesidad de reformar el pacto. De hecho, no es ningún misterio cómo debería hacerse esa reforma. Antes que nada, existe ya un amplio consenso sobre la necesidad de señalar el nivel de deuda como el objetivo primordial. De esta manera, a los países como Bélgica e Italia, que todavía tienen una deuda que supera el 100% de su PIB, debería exigírseles más disciplina fiscal que a aquellos cuya deuda se sitúa en torno al 50% del PIB. Estos últimos pueden permitirse déficit presupuestarios del 2% como media, y aun así mantener su nivel de deuda invariable. Esto supone también que el máximo del 3% no puede mantenerse. Aferrarse a este número sagrado hace el sistema demasiado rígido y llevará inevitablemente a una nueva crisis cuando un país lo transgreda. En segundo lugar, en vez de sanciones inaplicables, el control mutuo debería basarse en la presión entre los países. En este sentido, algunos economistas han propuesto la creación de una autoridad independiente que vigile los niveles de deuda de cada país.

Vuelvo así a mi pregunta inicial. ¿La denuncia de la Comisión aumenta las posibilidades de que se adopte la reforma aquí explicada y que tanto urge?

Hay dos escenarios posibles. En el primero, la Comisión gana la batalla legal. En este caso, viviremos probablemente graves conflictos en el futuro entre la Comisión y el Consejo. La Comisión habrá logrado una victoria pírrica. Cabe la posibilidad, sin embargo, de que esta victoria sea tan destructiva que aboque a un proceso de reforma.

El segundo escenario es que la Comisión pierda la batalla en el Tribunal de Luxemburgo. Sería malo para la Comisión y malo también para el proceso de reforma. En este escenario, el Pacto de Estabilidad y Crecimiento continuaría siendo un tigre de papel. La consecuencia sería un vacío institucional en la Unión Europea.

Hay que desear, por tanto, que gane la Comisión. Aunque sería mejor, desde luego, si los políticos se tragaran su orgullo y comenzasen a reformar ya el Pacto de Estabilidad. Esto, sin embargo, parece muy poco probable. Como tantas otra veces, la crisis institucional tendrá primero que agravarse para que se dé un paso adelante.

Doctor en Economía, profesor de la Universidad de Lovaina (Bélgica) y senador en el Parlamento belga. Autor de Economics of Monetary Union.

La denuncia ante la justicia de la suspensión del Pacto de Estabilidad será un desastre si no conduce a su reforma

Archivado En

_
_