Transparencia reforzada
Era en aquel Madrid de aquellos tiempos cantados por Celia Gámez cuando se improvisaban apasionados graderíos domésticos para seguir la esperada retransmisión futbolística de uno de esos partidos del siglo que se anunciaban cada mes. Entonces, si alguien se interponía en nuestra visión plena de la pequeña pantalla tapando el campo visual con su opacidad, provocaba en el perjudicado invidente la airada advertencia de que no era hijo de un cristalero. Han pasado muchos años, pero desde entonces el ansia de transparencia ha ido aumentando de modo imparable hasta constituirse en un movimiento que despierta casi la misma pasión que el ecologismo.
El grito de ¡ecología o muerte! Viene ahora acompañado por el de ¡transparencia o perversión! La lucha por la transparencia es resultado del escarmiento, surge como consecuencia de escándalos financieros del calibre de Enrom, Worldcom, etcétera, y propugna la generalización del conocimiento de la situación jurídica y económica de las compañías mercantiles con la finalidad de que todos los participantes en los mercados de valores determinen sus decisiones de inversión en igualdad de condiciones informativas formales y materiales.
Pero la transparencia, en el ámbito que andamos considerando, además de garantizar la posibilidad de acceder a los datos reales de la situación de las compañías requiere definir una pauta equilibrada en la composición de sus órganos de gobierno. A través de la proporción determinada de consejeros independientes, del establecimiento de comités de auditoría, del conocimiento de la retribución individualizada de los administradores y de la autonomía de los comités de nombramiento puede lograrse el debido equilibrio entre los intereses de la compañía, sus gestores, de accionistas y de los denominados stakeholders.
Es inexplicable que el PP promueva una composición de los consejos basada en la sumisión y la opacidad
Además, cuando se trata de compañías prestadoras y concesionarias de servicios públicos esenciales, como es el caso de Telefónica, Repsol, Endesa, Iberia y tantas otras que operan en los mercados de valores, asegurar su comportamiento transparente es obligación no sólo en razón de la credibilidad del sistema financiero, sino también como señal de respeto a la diversidad territorial y política de la que tomaron origen y en la que desarrollan su actividad. De ahí que en una situación de confluencia de intereses tan heterogéneos sea inexplicable que el PP se irresponsabilice y promueva una composición de los consejos unilateral, basada en el servilismo, la sumisión y la opacidad.
La falta de individualización de las retribuciones de cada uno de los administradores, la inadecuada justificación legal y económica de operaciones de tan gran calibre como Endemol o Terra, la unión indebida de los cargos de presidente y primer ejecutivo y otras numerosas prácticas de mal gobierno exigen una explicación abierta y urgente a las fuerzas parlamentarias y a los interlocutores sociales en aras de garantizar la adecuada permanencia y estabilidad en la prestación de los servicios públicos que tienen encomendados esas compañías privatizadas a las que nos venimos refiriendo.
La prestación de servicios como el suministro de electricidad, gas, carburantes, telefonía o transporte aéreo debe realizarse conjugando el nuevo estatus de sociedad cotizada de estas compañías con el anterior de monopolios públicos depositarios de privilegios que dimanaban de su titularidad estatal. Es decir, que en defensa de la transparencia debieran reequilibrarse los consejos para dar cabida a quienes mejor pudieran representar los intereses generales en los servicios anteriormente mencionados. Por eso también deberían reexaminarse las grandes operaciones ejecutadas por las compañías que han migrado desde el patrimonio del Estado a la condición de empresas privatizadas, de forma que todos los participantes en los mercados de valores (accionistas, acreedores, administradores, inversores, analistas, empleados ) y el conjunto de la ciudadanía pudiera conocer con luz y taquígrafos su situación corporativa, económica y jurídica.
Se trataría de fijar un periodo de transparencia reforzada obligatorio para esas compañías que bien pudiera coincidir con la vigencia de las golden share determinada en los folletos de ofertas públicas de venta de las mismas que supervisa la CNMV. Durante ese periodo deberían someterse a un examen riguroso y reforzado las compras efectuadas, los negocios ejecutados, las reestructuraciones de personal, las ampliaciones de capital con exclusión del derecho de suscripción preferente, las ofertas públicas de venta de valores y las exclusiones de cotización. En caso contrario, crecerá el reino de las sombras, de las dudas y de las sospechas con grave quebranto para el sistema.