COLUMNA

Libertad en Internet

En Internet ha existido siempre una corriente libertaria, abanderada hoy por la comunidad hacker, y en el lado opuesto, como fuerza antagónica, una mayoría de Gobiernos que defienden la fiscalización y el control de la actividad de los internautas. El sistema de poderes y contrapoderes también está presente en la Red.

Hay Gobiernos que quieren que una organización intergubernamental se encargue de la gestión de temas como las direcciones IP (el protocolo de Internet) o los nombres de dominio mundiales. Pero también desean que esa organización controle en el futuro la privacidad de la Red, pues consideran que ésta es un recurso público. Una opinión más que discutible, pues no olvidemos que Internet se desarrolló hasta ahora al impulso de iniciativas privadas.

Muchos gobernantes tienen miedo a la Red y a la libertad que proporciona, ya que permite a sus ciudadanos organizarse, informarse y comunicarse de forma autónoma. En ese bando militan muchas dictaduras del Tercer Mundo, países asiáticos y, desgraciadamente, también bastantes europeos que saben que la información que se disemina en la Red no puede controlarse una vez que ha abandonado el servidor, pero que sí pueden desconectarse los servidores, penalizar a sus administradores o reprimir individualmente a los receptores de mensajes utilizando tecnologías de identificación.

Hay Gobiernos de países democráticos que intentan supervisar la transmisión de información por la Red

En China, 60 millones de internautas tienen millones de páginas bloqueadas y están vigilados por una policía especial que también controla los mensajes cortos de los teléfonos móviles y que ya ha llevado a la cárcel a muchos disidentes, empezando por Huang Qi, que creó una página para buscar los desaparecidos por la represión de Tianamen, en 1989.

En Cuba la ley dice que el acceso a Internet se define en función de los intereses del país, con lo que sólo resulta accesible a sus dirigentes políticos y a los ciudadanos extranjeros. Los proveedores de acceso son estatales y también la compra del módem o del ordenador están sujetas a autorización oficial, con lo que los ciudadanos de a pie sólo pueden acceder a Internet desde algún controlado cibercafé, con precios abusivos.

En muchos países de África y Asia no hace falta ni eso, como apenas hay teléfonos, los gobernantes se ahorran prohibir un imposible.

Internet es un ámbito de libertad, es una red abierta, resistente a la censura, pero las dictaduras lo han reducido a poco más que la página web del régimen. Donde no hay libertad, tampoco hay Internet

Y también hay Gobiernos de países democráticos que intentan supervisar la transmisión de información por Internet. Escudándose en la defensa de la infancia o en la lucha contra todo tipo de delitos parecen dispuestos a arrojar a la papelera el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, aquel que nos dice que todos tenemos derecho a la libertad de opinión y de expresión y, por supuesto, a su difusión, sin limitación de fronteras y por cualquier medio de expresión.

Lo lógico es que Internet, nacido libre, no sea gestionado por una organización intergubernamental, sino por un organismo internacional, entendiendo como tal uno del que formen parte todos los implicados en el desarrollo de la Red y, por supuesto, los Gobiernos. La sociedad civil y las empresas privadas también tienen mucho que decir, siempre que sepan evitar que los Gobiernos, más organizados, tomen el control de la nueva organización.

El mes de diciembre próximo tendrá lugar, en Ginebra, una cumbre formal de la ONU para establecer normas y prácticas comunes para el uso de la Red, y ese será el campo de batalla de esas fuerzas antagónicas. De la nominada Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información debe salir un plan de acción y una declaración de principios, y la lucha se centra en que, en ambos papeles, se consagre que Internet siga siendo un ámbito de libertad y no pase a ser un monopolio de los Gobiernos.