Los partidos quieren limitar el uso de fondos públicos en las prejubilaciones
Después de más de tres años de trabajo y tras varias amenazas de ruptura del consenso parlamentario, el Congreso dio ayer luz verde a las conclusiones de la Comisión para la revisión del Pacto de Toledo de las pensiones. El texto, que renueva el anterior firmado en 1995, contó con los votos a favor del PP y del PSOE, y de la mayoría del resto de los partidos, salvo las abstenciones de los diputados del BNG e IU.
æpermil;stas son las principales recomendaciones de los partidos a los futuros Gobiernos para que garanticen la viabilidad del sistema público de pensiones:
Edad de jubilación. Aconsejan seguir adoptando medidas para fomentar la prolongación de la vida laboral de los que deseen permanecer en el mercado laboral más allá de la edad legal de jubilación.
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La comisión parlamentaria exige, además, que 'sólo en supuestos específicos y justificados deberían poder utilizarse recursos públicos de la Seguridad Social para ajustes de plantilla que supongan jubilaciones anticipadas'.
Financiación del sistema. La recomendación de los partidos es acortar a cinco años el pago con impuestos de todas las prestaciones de carácter universal que ahora se pagan con cotizaciones. Igualmente aconsejan que las bonificaciones empresariales, que también se pagan con cuotas, se abonen con tributos.
Fondo de reserva. Los excedentes del sistema se destinarán a este fondo 'sin límite alguno'.
Cuantía de la pensión. Como en 1995, se repite, sin concretarse, la recomendación de 'lograr una mayor proporcionalidad entre las pensiones y el esfuerzo de cotización realizado'. Insiste en que esto, que podría significar alargar el periodo que se tiene en cuenta para calcular la pensión, sea con 'gradualidad'. Creen que debe tomarse como periodos cotizados los dedicados al cuidado de hijos y personas dependientes.
Lucha contra el fraude. Los partidos recomiendan ir contra la figura de los falsos autónomos e intensificar la coordinación entre las entidades responsables del pago de la prestación de incapacidad temporal y los servicios regionales de salud.