COLUMNA

Una zona euro con crecimiento cero

Los economistas no estamos de acuerdo sobre las causas que han determinado que la economía de la zona euro se encuentre estancada, con gran probabilidad de entrar en recesión al finalizar el actual trimestre. Una primera corriente de pensamiento, en la que están el Banco Central Europeo (BCE) y la Comisión Europea, considera que las causas del estancamiento son factores estructurales de las economías de los países de la zona euro, principalmente la rigidez del mercado laboral, y que en tanto no se efectúen las reformas estructurales será difícil conseguir en el área la estabilización sostenida de la economía.

Paul de Grauwe considera que, si bien es cierto que la rigidez estructural de la economía de la eurozona reduce su potencial de crecimiento a largo plazo, apenas afecta al ciclo económico, como mostró el boom económico que tuvo Europa en la segunda mitad de los noventa. A su juicio, la razón está en el excesivo pesimismo ante el futuro de Europa, que hace a consumidores e inversores posponer el gasto, por lo que esto termina convirtiéndose en una profecía que por su propia naturaleza contribuye a cumplirse.

Para el pensamiento keynesiano, el sostenimiento de la demanda agregada a través de una política presupuestaria expansiva y de una política monetaria de acompañamiento es la única capaz de romper el excesivo pesimismo del sector privado y de sacar la economía de la recesión. Esta política es la que en la actualidad están aplicando Alemania y Francia, utilizando la política fiscal de manera expansiva, tanto aumentando los gastos como disminuyendo la imposición, sin tener en cuenta que la misma fracasó durante la década de los setenta, que sólo consiguió tasas altas de inflación y desempleo creciente.

El pensamiento económico actual discurre por un adecuado diseño de los marcos institucionales de las políticas monetaria y fiscal, asignando a la primera la estabilidad de precios, base de la eficiencia de la economía de mercado, ya que estimula el funcionamiento adecuado del mecanismo de determinación de los precios relativos, y a la política fiscal el crecimiento sostenido a largo plazo de la economía con estabilidad. La utilización de la política fiscal como instrumento anticíclico para encauzar la actividad a corto plazo es limitada, de gran incertidumbre respecto a su incidencia en la economía, con riesgo de que la carga financiera de la deuda crezca de un ciclo a otro, con signo hacia el déficit, a consecuencia de que los políticos preferirán financiar el gasto a través de la deuda por el menor coste político que ello representa, trasladando a generaciones futuras la verdadera financiación del gasto. El crecimiento descontrolado de la deuda daría lugar a la expulsión del sector privado, con reducción a medio plazo del crecimiento económico.

Para el profesor J. Shiller, de hecho los déficit presupuestarios actuales reflejan problemas a largo plazo, que no son los que contempla la teoría keynesiana, de modo que las discusiones sobre los déficit se deberían plantear en términos de problemas intergeneracionales.

En la publicación Después de Maastricht ¿qué? (Ediciones Encuentro 1998, José y Maite Barea), pusimos de manifiesto que la unión monetaria no tendría sus cuentas equilibradas en 2002, ni siquiera con un crecimiento sostenido del 3% en términos constantes, si no se efectuaban reformas estructurales en la protección social, a consecuencia de la incidencia que en dicho gasto tiene el envejecimiento de la población.

Cinco países de la zona euro (Alemania, Francia, Portugal, Italia y Holanda) han dejado de cumplir el Pacto de Estabilidad y Crecimiento en cuanto que no han alcanzado el equilibrio de las cuentas públicas, y los tres primeros han rebasado el 3% del PIB como límite máximo de déficit, incumpliendo así un tratado internacional: el de la unión económica y monetaria.

El incumplimiento de la restricción presupuestaria intertemporal, que liga a largo plazo la suma actualizada del gasto no financiero estimado con la suma actualizada de los ingresos no financieros estimados, de forma que la primera no exceda a la segunda, ha tenido efectos negativos sobre el crecimiento de determinados países de la zona euro y por contagio a toda la Unión, al influir en los mercados de capitales y, por tanto, en la credibilidad de toda el área, ya que los países que han incumplido el pacto de estabilidad representan el 78% del PIB de la zona euro.

Los Gobiernos de algunos Estados miembros se han olvidado de efectuar las reformas estructurales para hacer sus economías flexibles y más competitivas, entre ellas la reforma del gasto público, que les hubiera dado un mayor margen de maniobra temporal para absorber la caída de ciclo, sin traspasar el límite del 3% del PIB.

Según Eurostat, el crecimiento de la zona euro en el segundo trimestre del corriente año ha sido -0,1, después de ser cero en el trimestre anterior, lo que muestra que la unión monetaria se encuentra estancada. Seis países han tenido crecimiento negativo, y de ellos Alemania, Italia y Holanda han entrado técnicamente en recesión al haber tenido durante dos trimestres consecutivos crecimientos negativos.

La OCDE ha calificado como muy decepcionante la evolución de la economía de la zona euro, con un crecimiento del PIB que sólo alcanzará el 0,5% este año, medio punto menos de lo esperado en abril, y el próximo presidente del BCE ha dicho que sería un error creer que en un periodo difícil es necesariamente ventajoso, en cuanto al crecimiento, crear más déficit y que sería peligroso para la credibilidad de la UEM modificar el PEC.

La unión monetaria se encuentra al borde de la recesión, pensar que su crecimiento será este año de medio punto parece de un optimismo exagerado, ya que ni Francia ni Alemania parecen dispuestas a tomar las medidas adecuadas para sanear sus economías, se inclinan por el camino fácil de incentivar la demanda interna a través de más gasto público y de rebaja de impuestos, una huida hacia delante sin afrontar los problemas de su economía real, que siempre suponen ajustes dolorosos.

Trasladar la carga financiera a las generaciones futuras tiene un límite, y éste parece que ha tocado ya techo en la unión monetaria. La deuda implícita del sistema de reparto de pensiones públicas, que sobrepasa en valor actual al PIB, y las obligaciones derivadas del aumento de la prestación sanitaria gratuita, que se derivan del envejecimiento de la población, suponen en valor actualizado el 40% del PIB de la unión monetaria.

La no coordinación de las políticas económicas de los países miembros, al estar éstas descentralizadas, la pérdida de poder de la Comisión ante los Gobiernos de los Estados miembros, que se acentuará si el proyecto de la Constitución Europea se aprueba de acuerdo con la propuesta de Giscard d'Estaing, la debilidad de la política exterior de la Unión y la carencia de unidad política, estaría poniendo en grave peligro de desintegración a la unión monetaria. Una prueba la tenemos en el reciente referéndum de Suecia. Los malos augurios que economías y políticos americanos habían pronosticado para la Unión pueden ser una realidad si los Gobiernos de los Estados miembros no respetan las reglas del juego.