¡Es la demografía, estúpidos!
Hace unos días la Oficina Estadística de la UE nos informaba que España sigue teniendo la tasa de fecundidad más baja de toda la Unión y que los españoles -y, sobre todo, las españolas- viven cada vez más tiempo. La noticia plantea una preocupación que todos deseamos ignorar pero especialmente los responsables públicos; a saber, ¿cómo se van a pagar las pensiones de una población cada vez más vieja?
Lo primero que conviene decir es que en esto España no es diferente; en efecto, las bajísimas tasas de fertilidad europeas producirán, según estudios de la ONU un descenso dramático de su población, de forma que los 27 países que pronto compondrán la UE verán descender el número de sus habitantes de 482 millones a 454 millones para 2050.
Para esas fechas el número de españoles estará en torno a 37 millones y, por ejemplo, los actuales 58 millones de italianos se habrán reducido a 45 millones. Por tanto, la combinación de una población cada vez menor y esperanzas de vida crecientes originan ya consecuencias económicas y políticas tan alarmantes que Gobiernos tan acomodaticios como el francés o el alemán han comenzado a estudiar las medidas precisas para atajar esa catástrofe, pues no de otra forma puede calificarse el hecho de pasar de la actual relación de 35 personas en edad de jubilación por cada 100 empleados a otra, en 2050, de 75 jubilados por cada 100 trabajadores.
Por eso debe calificarse de especialmente oportuno el breve y acertado artículo de los profesores Jimeno y Dolado (El País, 19-7-03), en el que se desmontan lo que califican de 'errores recurrentes' en el debate de las pensiones. Esos errores son, en su opinión, los siguientes:
1) Que las previsiones demográficas a largo plazo presentan un margen de error considerable y, por ende, no son útiles -cifras como las antes citadas de Eurostat o la ONU presentan, sin embargo, márgenes de error muy pequeños y retratan tendencias difíciles de alterar-. Esto comprende también -y no es argumento de los citados autores, sino de quien escribe- la falacia según la cual la inmigración va a solucionar el problema, al menos en España.
Digo esto porque aceptando los últimos estudios del INE sobre el crecimiento de la población extranjera en España -que en su hipótesis más generosa cifran en 5,5 millones los extranjeros residentes en España en el 2010, un 12% de una población total de 46 millones- y aceptando que mantengan la tasa de actividad del 69% que les atribuye el INE, serían precisos, de acuerdo a cálculos de la OCDE, algo más de 11 millones -o sea, que los extranjeros constituyesen un 22% de la población total española- para que la estructura de la población nos permitiese mantener el actual sistema de pensiones.
2) Esta referencia explica el segundo error denunciado por Jimeno y Dolado: el afirmar que las previsiones económicas sobre el gasto en pensiones a largo plazo son inútiles por desconocer la evolución de las tasas de empleo y productividad.
3) Es igualmente falso afirmar que el retraso de la edad de jubilación sólo se deba plantear cuando se alcance el pleno empleo porque las jubilaciones anticipadas favorecen el empleo juvenil. Este sofisma, utilizado, afirmo yo, preferentemente por los sindicatos, ha dado lugar entre otras consecuencias, a la vergonzosa utilización de los expedientes de regulación de empleo y las prejubilaciones, políticas que supone un despilfarro de recursos humanos y un saqueo a las arcas públicas en beneficio de las privadas, amén de mostrar la miopía de una sociedad y de sus políticos y dirigentes sindicales respecto al correcto enfoque de ese delicado periodo del final de la vida activa que va de los 55 a los 75 años -¡ sin ir más lejos, hemos olvidado que la jubilación a los 65 se estableció a principios del siglo XX y seguimos manteniéndola a pesar del espectacular incremento en la tasa de supervivencia, de 37 a casi 75 años en el caso de los españoles, experimentado durante esos cien años !-.
4) El último error reside en aseverar que el sistema de reparto es más 'solidario' que las alternativas disponibles, ocultando, por ejemplo, que es un desfalco para las futuras generaciones y un atentado a la igualdad que los defensores de esta tesis se afanan en defender superficialmente calcular, como en España, la pensión en función de los salarios al final de la vida laboral en lugar de lo que se haya cotizado a lo largo de toda aquélla. La pregunta crucial es si resulta económicamente posible trabajar menos y vivir más. Y es esa respuesta la que los responsables de los países europeos en los cuales está establecido el sistema de reparto como pilar de las pensiones públicas no se atreven a plantear a sus electorados.
Las propuestas de los Gobiernos francés y alemán, que tanta polémica y expectativas han levantado, son simples sinapismos,¡ así que imagínese el lector cuál será la situación real en España, cuando ni el Gobierno ni los partidos políticos ni los sindicatos ni las empresas ni desde luego los ciudadanos se han decidido a comenzar, seria y serenamente, el examen de las cuentas de nuestro sistema de pensiones y el coste efectivo de los compromisos futuros ya adquiridos por el mismo!