El Senado autoriza a Kirchner a subir las tarifas públicas
El proyecto de ley aprobado por el Senado devuelve al Gobierno la capacidad para renegociar los contratos con las empresas privatizadas. Bajo la presidencia provisional de Eduardo Duhalde, los jueces derogaron un decreto del Gobierno que autorizaba una subida de tarifas, con el argumento de que no se habían respetado los pasos previstos en los contratos. Es decir, ponían en cuestión todo el proceso de privatizaciones.
Si la Cámara de Diputados aprueba la norma, las decisiones sobre los contratos y las tarifas corresponderán en exclusiva al Ejecutivo, lo que aumentará la seguridad jurídica de las compañías.
Con ser una buena noticia, las empresas españolas afectadas (Telefónica, Aguas de Barcelona, Gas Natural y Endesa) no pueden echar las campanas al vuelo. El presidente Kirchner ha creado una comisión para analizar si las empresas cumplieron con lo previsto en los contratos antes de otorgar los aumentos reclamados. Y el Gobierno insiste en que 'hasta que se analicen los contratos, no va a haber posibilidad de incremento de tarifas', aseguró ayer el ministro del Interior, Aníbal Fernández. Los trabajos de esa comisión debían finalizar el próximo 10 de diciembre, pero el Senado ha ampliado el periodo de negociación entre empresas y Gobierno a diciembre de 2004.
Fuentes empresariales españolas confían en que el Gobierno aprobará el aumento tarifario tras sellar un acuerdo con el FMI
Fuentes empresariales españolas radicadas en Argentina confían en que 'tras la firma del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) la subida de las tarifas sea más o menos inminente', informa Inés Abril desde Madrid.
Estas fuentes apuntan que la subida será gradual, primero para las empresas de electricidad y el gas 'en situación crítica' y después para las de telecomunicaciones y agua y asegura que las empresas españolas 'son conscientes de la situación de los consumidores'. No obstante, destacan que no sólo se trata de una cuestión de tarifas, sino de la 'violación de muchos contratos por parte del Gobierno'.
Las compañías piden un ajuste de las tarifas para poder hacer nuevas inversiones y trabajos de mantenimiento en la red, después de que el Gobierno congelara los precios tras la devaluación del peso en enero de 2002, que tampoco se vio reflejado en la factura. Los ministros de Economía, Roberto Lavagna, y Planificación, Julio de Vido, se reunieron ayer para decidir los nuevos pasos a dar en la negociación de las tarifas y al cierre de esta edición no había concluido el encuentro.
La decisión del Senado sobre la ley se produce en el marco de las negociaciones que el Gobierno mantiene con el FMI para un acuerdo de medio plazo. El que está en vigor, que ha aplazado el pago de los vencimientos de la deuda del país con los organismos internacionales, vence el 31 de agosto y el 9 de septiembre Argentina afronta un pago 'improrrogable' de 2.900 millones con el propio FMI.
Negociación con el FMI
Para cerrar el acuerdo, el Fondo exige a Kirchner varias reformas estructurales y entre ellas el ajuste tarifario. El portavoz del organismo, Thomas Dawson, declaró ayer la necesidad de un 'marco predecible y comprensible' para el ajuste de las tarifas públicas como 'elemento necesario para restaurar la confianza empresarial'. Dawson dijo que las negociaciones marchan 'al ritmo previsto'.
El resto de los requisitos del Fondo pasa por la reforma del sistema financiero, mayor independencia para el Banco Central y compensaciones a los bancos por la pesificación de los créditos. Asimismo exige una reforma tributaria y de la relación fiscal entre el Estado y las provincias.
Así lo especificó, además, el nuevo responsable de EE UU para Latinoamérica, Roger Noriega, que el pasado miércoles mantuvo una reunión con Kirchner en Buenos Aires. Noriega apostó, además, porque el acuerdo entre el Fondo y Argentina tenga un alcance de tres años, en lugar de los seis solicitados por Buenos Aires, y limitó la ayuda de la comunidad internacional a un aplazamiento de los vencimientos de deuda de aquí a 2006 que ascienden a unos 12.500 millones de dólares.