Urge un acuerdo

La revisión (al alza) de las tarifas de servicios públicos privatizados en Argentina, reclamada insistentemente por las empresas españolas adjudicatarias de estos contratos, está un paso más cerca. El Senado argentino ha autorizado al Gobierno a subir las tarifas, reduciendo con ello la posibilidad de bloqueo por parte de los jueces. Esto no significa que las tarifas vayan a subir mañana. Pero existe la percepción, creciente entre las empresas, de que la decisión se adoptará pronto. Sobre todo, porque este es uno de los puntos incluidos por el Fondo Monetario Internacional (FMI) en la lista de reformas estructurales necesarias para renovar el acuerdo con el organismo multilateral. El portavoz del Fondo reiteró ayer que 'el ajuste tarifario es un elemento necesario para restaurar la confianza empresarial', y reiteró la necesidad de un 'marco jurídico estable' que evite, como ha sucedido, la violación de los contratos por parte del Gobierno. El Ejecutivo de Kirchner se resiste a aplicar el plan de reformas exigido por el Fondo, pero la necesidad de un acuerdo con el organismo es apremiante.