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Tribuna
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Libertad de horarios comerciales

El Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC) ha elaborado un informe relativo a las Condiciones de Competencia en el sector de la distribución comercial, el cual ha levantado ampollas en las administraciones autonómicas, alguna de las cuales ha afirmado que su destino no es otro que 'echarlo a los escombros', dada su supuesta parcialidad.

El informe va desgranando y comentando los problemas concretos que ha creado cada normativa autonómica, comenzando por las dispares definiciones sobre 'gran superficie' y los variados e 'irracionales' criterios tanto para ostentar esta calificación, como para concederles la Licencia Autonómica especial contemplada con carácter general en la Ley de Ordenación del Comercio Minorista (LOCM), incluidas las moratorias sobre su concesión. Añade que, al amparo de esta norma, las autonomías están restringiendo, también, la apertura de establecimientos como los de 'descuento duro', que en modo alguno pueden calificarse como grandes superficies.

Ciertamente el informe es muy crítico con el actual régimen legal de la distribución minorista que están desarrollando e implantando las comunidades autónomas, pues, se afirma, no se está observando el espíritu que estableció la LOCM, limitando la libertad de empresa 'en aras de una protección mal entendida del pequeño comercio' al que se mantiene en el mercado de forma 'artificial' y sin dejarle la oportunidad de percibir la necesidad de adaptarse a las nuevas demandas del mercado. En definitiva, el TDC entiende que 'estas iniciativas legislativas persiguen proteger al comercio minorista tradicional con el fin de frenar su pérdida de cuota de mercado'.

Además, se señala que se está reduciendo la competencia entre los distribuidores, al limitarse o restringirse la apertura de nuevas grandes superficies, lo que supone la creación de 'monopolios espaciales de facto' a favor de las ya instaladas, las cuales están 'atrincheradas en sus mercados al amparo de normativas comunitarias y municipales', todo lo cual afecta a los consumidores, al no poder acceder a productos en mejores condiciones de precio y calidad, a la creación de empleo y, en general, a la economía nacional. Aboga, por último, por el criterio de absoluta libertad de horarios y días de apertura.

Como decíamos, este informe ha sufrido severas críticas. Desde un punto de vista estrictamente legal, las dos posturas existentes, esto es, por un lado la libertad absoluta que propugna el TDC y, por otro, el control administrativo que ejercen las comunidades autónomas, parecen contar con el respaldo suficiente, aunque el TDC desliza un cierto reproche de inconstitucionalidad a estas normas autonómicas por vulnerar, en su opinión, la libertad de empresa y los derechos de los consumidores.

Lo cierto es que, más allá de esa posible y teórica inconstitucionalidad, late la preeminencia de unos u otros criterios de política económica y, por qué no decirlo, la rentabilidad electoral que una u otra postura puede suponer para quien la defienda. Lógicamente, el consumidor, ajeno a los problemas del pequeño comercio, abogará por la libertad absoluta de horarios y días de apertura, al facilitarle la compra diaria, principalmente en las grandes ciudades.

El pequeño comerciante, por el contrario, deseará que persista el actual régimen e, incluso, que se dificulte aún más la instalación de nuevas grandes superficies. Aquellos que aprovechen la actual situación para modernizar sus pequeños comercios probablemente podrán competir con el gran comercio el día en que se implante la libertad absoluta, tendencia a la que inexorablemente parece abocado el comercio minorista.

Se ha afirmado, no sin cierta razón, que el mantenimiento de las actuales restricciones no es más que ponerle 'puertas al campo' y que el empresario siempre, de una forma u otra, encuentra una vía legal e imaginativa para desarrollar su empresa.

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