Los lobbies campan por sus respetos entre sus señorías
El diputado Luis Gámir tiene declarada en el Congreso su actividad como presidente de la empresa de transportes Semat y se ha distinguido por ser uno de los parlamentarios que más ha peleado para compensar al sector de los costes derivados del aumento del precio de los carburantes. También ha compatibilizado su cargo como presidente del Consejo Consultivo de Privatizaciones con su pertenencia a la comisión de Economía, en la que ha intervenido como portavoz del PP para defender la posición del Gobierno en asuntos tan variopintos como la fallida opa de Gas Natural sobre Iberdrola o las ayudas estatales a la industria del carbón.
No es el único caso en el Grupo Popular de diputados que han cruzado dentro de la más estricta legalidad la frontera que separa sus posibles intereses empresariales con su actividad parlamentaria. Un sencillo cruce de datos conduce al mismo escaparate a más de media docena de diputados que han compatibilizado sin disimulo esta doble dedicación, aunque son medio centenar los que tienen declarado en el registro de actividades que ocupan cargos en la empresa privada y nunca, que se sepa, han atravesado la sombra de la duda. De ellos, 39 pertenecen al PP y el resto, en su mayoría, al PSOE.
En el grupo mayoritario de la Cámara baja se percibe escasa voluntad de aprovechar la reforma del reglamento del Congreso para regular de forma más estricta las incompatibilidades y legislar sobre la figura de los lobbies o grupos de presión, de la misma forma en que se hizo en Estados Unidos, en numerosos Parlamentos de Iberoamérica o, salvando las diferencias, en el propio Parlamento Europeo.
El PSOE defiende la incorporación de la dedicación exclusiva al régimen parlamentario
'Estamos abiertos a estudiar cualquier modificación e incluso a regular la figura de los lobbies, pero en ningún caso a permitir que el diputado se convierta en una especie de agente artístico de alguna empresa o grupo de presión', mantiene el portavoz adjunto del Grupo Popular, Ignacio Gil Lázaro, contrario a endurecer el régimen de incompatibilidades que opera en el Parlamento. 'No conozco a ningún diputado que haya servido a sus intereses empresariales', sentencia.
Más incompatibilidades
En el otro extremo se sitúa el Grupo Socialista, cuya secretaria general, la magistrada en excedencia María Teresa Fernández de la Vega, opina que es prioritario endurecer el régimen de incompatibilidades de los diputados incorporando al reglamento su dedicación exclusiva. 'Sólo debemos estar al servicio de los intereses ciudadanos', sentencia. A su juicio, habría que trasladar también al Boletín Oficial del Estado la declaración de actividades de cada diputado de forma que cuando se levantan de su escaño para defender cualquier iniciativa todo el mundo pueda saber si tiene o no intereses sobre el sector económico al que se está refiriendo.
A juicio del portavoz adjunto de CiU, Jordi Jané, cualquier nueva regulación al respecto 'debe abordarse siempre desde el consenso y, en segundo lugar, de forma rigurosa para garantizar el cumplimiento de los controles establecidos'. Jané recuerda que la actual normativa fue el resultado de una importante modificación en la quinta legislatura. Y añade una perspectiva jurídica al comparar la situación española con la de Estados Unidos en la regulación de los lobbies. 'El contexto parlamentario en EE UU es distinto. Aquí, a pesar de que la Constitución garantiza el no mandato imperativo de los diputados y senadores, su actuación parlamentaria viene definida normalmente a través del criterio de voto decidido en su correspondiente formación política. En EE UU, el parlamentario decide más individualmente el sentido de su voto y, por este motivo, los grupos de interés tienen un papel más destacado, reflejado también en su propia legislación'.
Los grupos de presión más habituales
Más allá de los intereses privados de algunos diputados, derivados de su participación en empresas o de su dedicación profesional, lo que, sobre todo, se mueve dentro de una gran opacidad, ya que no están incorporados a registro alguno, son los movimientos en la sombra de los distintos grupos de presión que se acercan a los principales grupos parlamentarios, principalmente el PP, CiU y el PSOE, por este mismo orden, para intentar que prosperen sus intereses en los proyectos de ley que se someten a debate en la Cámara baja.Fuentes parlamentarias coinciden en que entre los grupos de presión más habituales en estos menesteres figuran los que defienden los intereses de las grandes patronales y los de las empresas de seguros, las eléctricas, las constructoras, las turísticas, la industria del automóvil o las grandes superficies. De esta forma, organizaciones como la CEOE, Unespa, Inverco, Asprima, la AEB, Seopan, Zontur, Anfac o Anged, entre otras muchas, canalizan sus iniciativas bien directamente, bien a través de los más reputados bufetes de abogados y consultorías, entre los que destacan las firmas Cuatrecasas, Garrigues y Price.