Los internautas que intercambien ficheros se enfrentan a multas y penas de prisión
La descarga no autorizada de programas informáticos por Internet genera unas pérdidas de 170 millones de euros al año a las empresas de software. Para atajar esta situación, una treintena de compañías presentó el pasado viernes una denuncia ante la Brigada de Investigación Tecnológica. Los expertos legales están divididos en cuanto a las posibilidades de éxito judicial de esta iniciativa. Para la Asociación de Internautas se trata de 'actividades tipo Gestapo'.
De momento, el despacho Landwell, encargado de llevar la denuncia de las empresas contra los internautas que se descargan ficheros de Internet, ha detectado ya 4.000 casos en los que la oferta de programas es masiva. En septiembre esperan contar con la autorización judicial que les permita utilizar un programa de identificación de todos los usuarios. En el caso de que la denuncia prospere, la pena máxima es de cuatro años y las multas podrían alcanzar hasta 215.000 euros. Además, podría haber un reclamación de daños y perjuicios.
En España se estima que hay más de 95.000 usuarios de las llamadas plataformas P2P (persona a persona). Se trata de mercadillos en Internet en los que los particulares intercambian programas de ordenador, música, películas o videojuegos. Esta actividad, propia de amigos que se prestan discos, también la están desarrollando empresas y particulares. Por el gran volumen de programas que ofrecen van más allá del inocente intercambio particular. Esta actividad supone unas pérdidas de 170 millones de euros al año para las empresas de software.
Según explica Javier Ribas, socio de Landwell, la denuncia ya está presentada ante la Brigada de Investigación Tecnológica desde el pasado viernes. Entre los argumentos jurídicos manejados para iniciar la vía penal está 'la existencia de ánimo de lucro, por hacer un uso de algo sin pagar nada a cambio'. Ribas entiende que hay jurisprudencia para considerar que el trueque que se produce entre usuarios es igual a una distribución, 'se entrega algo a cambio de algo, y cuando esto se hace entre empresas o profesionales es más evidente', aclara.
Las empresas que están detrás de la denuncia no se quieren dar a conocer por miedo a las represalias. Según Ribas, 'cada vez que se inicia una acción de este tipo se genera un movimiento underground y en el despacho ya hemos recibido amenazas por teléfono y a nuestra página web'. Para este abogado, 'tampoco es comprensible la actitud de la Asociación de Internautas, que está aconsejando que se utilice un programa que bloquea el acceso de cualquier investigación, incluso con mandamiento judicial'. En su opinión, 'esto es hacer apología y confirma que estamos ante un delito, que se realiza siendo consciente de ello'.
Estilo nazi
En la página de Internet de la Asociación de Internautas, en un artículo titulado España es un Estado de derecho y la actividades tipo Gestapo no caben, se insta a los desarrolladores de programas a poner a disposición de los usuarios de Internet 'herramientas que permitan detectar el espionaje que los nuevos aprendices de nazis pretenden instaurar'.
Para Pablo Hernández, responsable legal de la Sociedad General de Autores, 'esta operación masiva en la vía penal servirá para llamar la atención sobre la situación de impunidad actual'. Pero reconoce que será difícil probar el ánimo de lucro, 'salvo que el ancho de banda y el volumen de obras indique que no se trata de un particular'.
La denuncia presentada es la primera de este tipo que se realiza en España y en toda la Unión Europea. En EE UU, la asociación que representa a las discográficas (RIAA) ya ha obtenido diversas autorizaciones para identificar a quienes se descargan gratuitamente canciones en la Red.
Técnicamente puede salir adelante
Javier González, socio de æpermil;cija Abogados, opina que 'técnicamente puede salir adelante y dar lugar a un proceso'. Pero considera importante tener en cuenta dónde están situados los usuarios y si tienen o no conciencia de haber cometido una ilicitud 'porque', aclara, 'quizás no fueran conscientes de su presunta responsabilidad penal'.
Los jueces son muy reacios a sancionar
Para José Carlos Erdozain, abogado de Gómez-Acebo & Pombo, 'difícilmente podrá haber un ilícito, salvo que el volumen defraudado sea muy amplio'. Para él, 'los jueces son reacios a sancionar porque la vía penal está pensada para casos graves'. Pero cree que es una necesidad que se persigan estos casos, 'es un toque de atención'.
Será necesario identificar bien al usuario
'Los jueces no castigan si no hay identificación plena del acusado'. Para Alejandro Domínguez, de Cremades y Calvo Sotelo, el problema de esta denuncia está en identificar al usuario. 'Se podrá localizar el ordenador y el titular de la línea, pero probar quién es el usuario, sobre todo en cibercafés o situaciones parecidas, será una traba'.
Es una reacción equivocada y exagerada
'Quien intercambia ficheros puede ser poco responsable con la propiedad intelectual, pero no es un delincuente'. Así opina Amadeu Abril, abogado de Cuatrecasas. En su opinión, la denuncia 'es una reacción equivocada, exagerada y poco útil'. En caso de prosperar, cree que sólo afectará a quien lo haga de forma mercantil y masiva.