El Gobierno quiere que afloren los seguros de vida que están impagados
Varias asociaciones de consumidores (Ausbanc, UCE y Automovilistas Europeos Asociados, entre otros) y UGT llevan meses reclamando la creación de un registro de seguros de vida. El objetivo: que no haya beneficiarios de pólizas que se queden sin cobrar la indemnización por desconocer la existencia de estos contratos. Aunque es complicado hacer estimaciones, esta situación podría afectar a un 10% de las pólizas, según calcula UGT, es decir, unos dos millones de asegurados. Hay 17,7 millones de asegurados con contratos individuales y otros 4,9 millones con seguros colectivos.
Ahora el Gobierno estudia medidas para evitar estas situaciones, si bien aún no hay una decisión tomada, confirmó ayer un portavoz del Ministerio de Economía. No obstante, este departamento perfila ya un modelo en un informe realizado por mandato del Senado, que aprobó una moción el pasado 22 de octubre por la que instaba al Ejecutivo a analizar y dictar las medidas necesarias para la creación de un registro único de seguros de vida. Las conclusiones de este informe, publicado el pasado 10 de junio en el boletín de la Cámara baja, descartan constituir un registro ad hoc, como pedían los denunciantes.
Pero el ministerio recoge en gran medida las propuestas realizadas por la patronal de seguros Unespa y dibuja una alternativa. Consistiría en aprovechar los registros de fallecidos ya existentes y en pedir a las aseguradoras que cruzaran datos periódicamente con estos listados para descubrir las pólizas pendientes de cobrar por los beneficiarios.
Las medidas se aprobarán por ley. En principio, los datos afectarían esencialmente a los seguros que cubren la contingencia de fallecimiento porque en estos casos el que paga la póliza (tomador) es distinto del beneficiario. Economía se refiere también al control de los seguros colectivos que están vinculados a otros productos financieros, como la póliza que incluyen muchas tarjetas de crédito y débito o los que otorgan las entidades financieras con campañas de domiciliación de nóminas, entre otros. Los ligados a seguros de automóviles podrían excluirse.
El ministerio cree que el registro con datos cruzados deberá incluir datos del que contrata el seguro y con qué aseguradora, pero no el beneficiario. Podrá ser consultado por cualquier usuario cuando se produzca el fallecimiento del que paga la póliza.
UGT está en desacuerdo con esta articulación que 'en principio, vemos ineficaz', señala Jesús Sanz, responsable del sector seguros en el sindicato. Destaca que muchos convenios de empresas incluyen pólizas de vida que sus empleados desconocen.
Discriminación y derecho a la intimidad
Las aseguradoras lo tienen claro. Crear un registro de seguros de vida discriminaría a estos productos de ahorro frente a otros y vulneraría el derecho a la intimidad de los titulares que prefieren no dar a conocer a beneficiarios de sus seguros hasta después de su muerte. Creen que provoca obstáculos para la contratación de seguros. Economía les da la razón y se refiere a la posibilidad de que tenga que intervenir un notario y de que las entidades deban pedir autorización a los asegurados para utilizar los datos de su póliza o al menos comunicárselo. Unespa propone que la lista de asegurados fallecidos se dé a conocer un año después de su muerte y permanezca a consulta durante cinco años.Por otra parte, la futura ley del Seguro da hasta dos años más de plazo a las compañías que no puedan cumplir con las nuevas reglas de solvencia.