Reino Unido y 16 embajadores piden la reforma de la ley urbanística valenciana
Cada vez más ciudadanos de la Comunidad Valenciana están viendo cómo una empresa promotora propone al ayuntamiento de turno un plan urbanístico sobre sus propiedades y, sin apenas posibilidades de oponerse al mismo, son expropiados con indemnizaciones irrisorias o se les obliga a pagar los costes de urbanización al precio que marca el promotor. Todo ello de acuerdo con la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU), aprobada por el Gobierno socialista de Joan Lerma a finales de 1994 y que entró en vigor ya con el Ejecutivo de Eduardo Zaplana, que la acogió con los brazos abiertos.
Los ecos de las protestas han llegado al Gobierno británico, cuyo ministro de Asuntos Exteriores, Jack Straw, transmitió el pasado 9 de abril a su colega española Ana Palacio 'la preocupación por el efecto que tiene la ley valenciana sobre los residentes británicos y sobre otros ciudadanos, incluidos los españoles', según un portavoz de la Embajada del Reino Unido en Madrid. Esta embajada ya se había transmitido esta inquietud a la Generalitat Valenciana, lo mismo que otros 16 embajadores en Madrid -12 de la Unión Europea más Polonia, Suiza, Canadá y Noruega-, que escribieron una carta conjunta al presidente valenciano, José Luis Olivas. El Defensor del Pueblo también recoge las quejas en su informe de 2002.
Las protestas han llegado ahora al Parlamento Europeo -los diputados están recibiendo cartas desde hace varias semanas-, todo ello gracias a la iniciativa del diplomático y ex jefe de los servicios de inteligencia de Canadá, Charles Sbovoda, residente en Benimarco (Alicante), que a finales de 2002 creó la asociación Abusos Urbanísticos No para hacer oír las cada vez más numerosas quejas de los propietarios, tanto españoles y extranjeros.
'Queremos hacer ruido y que se reforme la ley, porque ignora los derechos de los propietarios', explica Sbovoda. La aplicación de la ley ha motivado numerosos recursos ante los tribunales e incluso una consulta sobre su constitucionalidad -el Tribunal Constitucional la rechazó por defectos de forma y aún no ha entrado en el fondo de la cuestión- y, recientemente, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana anuló un plan urbanístico en Valencia por no respetar la legislación estatal.
No habrá moratoria
La Generalitat reconoció por primera vez en 1999 que se estaban cometiendo excesos y prometió reformar la ley para proteger a los propietarios. El primer borrador de reforma no llegó hasta hace pocos meses, cuando los embajadores empezaron a protestar. Sin embargo, ante el asombro y la indignación de los miembros de Abusos Urbanísticos No, a quienes se había prometido la reforma, no dio tiempo a aprobarla en la legislatura y la ley continúa vigente tal cual se aprobó en 1994.
Ante esta circunstancia, la asociación reclamó durante la campaña electoral un compromiso de los partidos políticos para establecer una moratoria en la aplicación de la ley hasta que se apruebe la reforma -no se prevé antes de la primavera de 2004, dado lo apretado del calendario-, pero sólo algunos candidatos a alcaldes de la zona de la Costa Blanca accedieron a comprometerse. Así pues, habrá reforma de la ley, como ha prometido el Partido Popular, pero no moratoria en toda la comunidad.
Según los expertos, el problema no es tanto la ley como su aplicación. La LRAU se promulgó contra los especuladores que retienen suelo para que suba de precio y en ese sentido fue efectiva, pero cada vez más promotores la están utilizando para eliminar cualquier obstáculo en sus planes urbanísticos. Quien debe vigilar que el promotor respete el derecho de propiedad es cada uno de los 540 ayuntamientos, que deben examinar el plan propuesto y aprobarlo.
Desde que una promotora presenta un plan y publica un anuncio en un periódico -'eligen hasta el día para que pase inadvertido', según un notario de la zona- los propietarios tienen 20 días para presentar un plan alternativo. Lo sorprendente es que algunos propietarios se unen y lo consiguen, pero luego se encuentran con que el ayuntamiento elige el plan de quien no es propietario, que además es más costoso.
Los casos más llamativos son los de chalés que se derriban para construir viales o zonas verdes que acompañarán a nuevos bloques de apartamentos, pero la mayoría de denuncias se refieren a las indemnizaciones que fijan los promotores y autorizan los ayuntamientos.
Volvieron de Inglaterra y les habían tirado su casa
El matrimonio formado por Danny y Valery L., residente en Benissa (Alicante), marchó a Inglaterra de vacaciones y a la vuelta de su país se encontraron las máquinas a la puerta de su casa, a punto de demoler el garaje y la cocina para construir un vial del nuevo polígono industrial. Fueron a protestar al ayuntamiento y allí les dijeron que era todo legal, que les habían avisado con un anuncio en los periódicos y les habían dado 20 días de plazo para oponerse al plan urbanístico de la promotora. De nada valieron sus protestas. Su casa fue parcialmente demolida a cambio de 12.000 euros y lo que quedó en pie tuvieron que abandonarlo, al quedar dentro de una parcela del polígono.Es uno de los casos más llamativos de la recopilación que la asociación de afectados está haciendo para demostrar los perjuicios que está causando la aplicación de la ley.