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Reformas y oposición

El debate sobre el Estado de bienestar precisa un acuerdo en los objetivos. Carlos Sebastián explica su propuesta de un sistema de intervención del Estado financieramente sostenible

Los principales Gobiernos europeos están planteando reformas del Estado de bienestar y están encontrando una fuerte oposición. Para facilitar el debate, estaría bien si pudiéramos ponernos de acuerdo en los objetivos generales de la acción asistencial del Estado, para después debatir los medios para conseguirlos. Mi propuesta sería que los objetivos generales fueran tres: el Estado debe intervenir para aumentar la igualdad de oportunidades y para proteger a los más desfavorecidos; el sistema de intervención del Estado tiene que ser financieramente sostenible. y la acción asistencial de Estado debe minimizar los efectos negativos sobre el comportamiento de los agentes económicos. Si se quiere hacer, además, una proclama de identidad europeísta y acompañar estos objetivos con la declaración de que hay una forma europea de organización socioeconómica, diferente de la americana, me parecería bien.

En el primer objetivo habría que pronunciarse sobre el grado de protección. Me parece que el alcanzado por sistemas como el alemán o el francés es más que aceptable. Pero también habría que estar dispuesto a sacrificar algún grado de protección para hacer posibles los otros dos objetivos. El segundo es claro y es difícil no estar de acuerdo con él. El tercero es algo más complicado. Resulta bastante evidente que la acción del Estado modifica, a veces sustancialmente, la conducta de los agentes económicos. Y estas modificaciones son a veces contrarias a la eficiencia y a los avances de la productividad y de la innovación. Decisiones (supuestamente) empresariales que buscan maximizar las subvenciones recibidas, individuos que condicionan su actividad (supuestamente) laboral por las fuentes de prestaciones, emprendedores y empresarios innovadores frustrados por ineficientes regulaciones (supuestamente) sociales, una demanda excesiva, no siempre justificada, que colapsa el sistema sanitario, etc. Son todos ellos ejemplos de conductas indeseables inducidas por el sistema asistencial. Y son conductas regulares, es decir, coherentes con la normativa. Además, hay alrededor de todo el sistema una enorme cantidad de corruptelas, que son la consecuencia de una excesiva intervención, pero también de una débil moral pública. Pero estas corruptelas no son lo fundamental.

La mayor parte de las reformas que se plantean actualmente responden al objetivo segundo. El sistema público de pensiones, por ejemplo, tiene problemas de viabilidad financiera a largo plazo. Pero no porque sea público. Porque es un sistema de reparto en un contexto de profundo cambio demográfico. Los cambios propuestos suponen, de una forma u otra, reducir el nivel de las pensiones futuras, para aumentar la viabilidad del sistema. Advertir sobre esos problemas y recomendar a los activos más jóvenes empezar a formarse un plan de pensiones de capitalización complementario no es ser un lacayo de las compañías de seguros. Si se quiere (yo no veo necesidad de ello), propóngase un programa de gestión pública de planes de capitalización (gestionado, eso sí, independientemente del sistema de reparto). Pero no se nieguen los problemas. También el sistema público de salud necesita reformas para hacerlo sostenible. Pero no se trata de desmontar algo que constituye una notable conquista europea. Al revés, se trataría de defenderlo haciéndolo sostenible.

Pero también es necesario plantearse reformas en aras al tercer objetivo. Europa está retrasándose en productividad. Y un conjunto de regulaciones, algunas de las cuales son indebidamente defendidas como elementos del Estado de bienestar, contribuyen a ese atraso. Pero si el debate de los problemas de inviabilidad financiera resulta tan difícil, plantear estos otros temas sólo recibe descalificaciones.