UE

Luxemburgo y Suiza mantendrán el secreto bancario

La Unión Europea (UE) ratificó ayer el acuerdo sobre armonización fiscal alcanzado el pasado mes de enero en el que se otorga a Luxemburgo, Bélgica y Austria el derecho a mantener el secreto bancario hasta que Suiza acepte levantarlo. El objetivo final de la directiva sobre depósitos de los ciudadanos comunitarios en un país distinto al de su residencia aspiraba a instaurar el principio de transparencia fiscal en toda la UE.

Pero la negativa de Suiza a aceptar los términos de una directiva europea permitió a Luxemburgo realizar una defensa numantina de su sector financiero, cuyo éxito se basa, en gran parte, en la opacidad fiscal de los productos que ofrece. Luxemburgo, Bélgica y Austria se limitarán a aplicar una retención creciente (desde el 15% cuando la directiva entre en vigor en 2005 hasta el 35% a partir de 2010) a los intereses abonados a los contribuyentes de otro país comunitario. El 75% de esa retención se remitirá a la hacienda del país de origen del ahorrador, pero sin facilitar su identidad.

Sin embargo, Luxemburgo cuenta todavía con una última oportunidad para bloquear una directiva que ha boicoteado durante su larga tramitación. Seis meses antes de la entrada en vigor de la ley los países de la UE (25 a partir de mayo de 2004) deberán certificar de nuevo, por unanimidad, que Suiza, Liechtenstein, Mónaco, Andorra y San Marino han adoptado normas fiscales similares a las comunitarias.

Colaboración limitada

De momento, la UE sólo ha logrado un acuerdo con Suiza, país que se muestra dispuesto a colaborar contra el fraude fiscal, pero no contra la evasión. La Comisión Europea mostró ayer su confianza en que el resto de territorios acepten, al menos, los mismos términos que se han pactado con Berna.

El acuerdo sobre fiscalidad adoptado incluye también la directiva para la exención fiscal en los intereses y cánones abonados por las filiales de una multinacional a su empresa matriz. España, que verá mermados sus ingresos fiscales por este concepto, ha logrado un periodo transitorio de seis años, a partir de 2005, durante el que podrá imponer un gravamen no superior al 10%. Por último, los Quince adoptaron el código de conducta sobre fiscalidad de las empresas, un compromiso de todos los Estados para no embarcarse en una competencia desleal para atraer la inversión.