Deterioro de la situación política y económica en Perú
La economía peruana fue durante 2002 una luz, dentro de una región plagada de sombras. El crecimiento económico (5,2%) fue en ese año el más elevado dentro del conjunto de las economías occidentales. Pese a lo brillante de ese año en el aspecto económico, en el plano político se encendieron algunas señales de alerta que durante 2003 se están confirmando.
Desde su investidura, el presidente Alejandro Toledo tuvo que enfrentarse sistemáticamente con una fuerte oposición popular, que se reflejó en constantes protestas sociales. El punto álgido de esas protestas se produjo hacia mitad de 2002, cuando el proceso privatizador se vio interrumpido (y así permanece hasta ahora) debido a unas sangrientas revueltas tras la privatización de una empresa eléctrica. Un cambio de gabinete, junto con una alianza tácita con el principal partido de oposición lograron tranquilizar los ánimos de la población.
No obstante, en las recientes semanas, los enfrentamientos sociales han recrudecido. Toledo se enfrenta ahora a tres huelgas y a masivas protestas que han significado el corte de carreteras a lo largo del territorio y la paralización de algunos sectores clave.
Pese a las favorables cifras de crecimiento, las tasas de popularidad del presidente se han mantenido en mínimos y se sitúan ahora en su nivel más bajo desde su investidura (14%). Peor aún, la tasa de rechazo hacia el mandatario alcanzó la cifra récord del 80% fruto de acusaciones de nepotismo, interferencia con la prensa, así como por los conflictos públicos entre los miembros del Gabinete.
Este escaso apoyo, que también tiene reflejo en el Congreso, ha debilitado la posición negociadora del ejecutivo ante los sectores en protesta y ha alentado a otros a sumarse a la ola de reclamos. De hecho, el Gobierno ya ha ofrecido un aumento del 14% a los profesores en huelga, así como una reducción del IVA sobre los productos agrícolas del 18% al 6% -ambas propuestas ya rechazadas-, mientras el principal sindicato (CGTP) está evaluando realizar una huelga nacional. Con el fin de atajar esta escalada de violencia, el Gobierno decidió instaurar el estado de sitio por 30 días, medida que, tal como ya sucediera en Arequipa el año pasado, podría resultar estéril.
Las protestas podrían llegar a tener un impacto fiscal del 0,5% del PIB, obligando al Gobierno a hacer importantes ajustes en otras partidas y muy probablemente a incumplir el objetivo de déficit de 1,9% del PIB pactado con el FMI. Peor aún, Perú sigue demostrando que su marco institucional es particularmente débil. No sólo las protestas lo demuestran. La reversión del proceso privatizador, la controvertida decisión de obligar a Telefónica a reincorporar empleados despedidos o la falta de avance en la reforma constitucional también lo pone de manifiesto. Esta situación ha tenido su contrapartida en pobres niveles de inversión privada. En efecto, eliminado el positivo efecto generado por el proyecto de gas Camisea, la inversión hubiera tenido un crecimiento nulo en el primer trimestre del año.
Por si esto fuera poco, la recuperación de la economía peruana, largamente liderada por el sector primario (pesca, minería y gas, principalmente), comienza a mostrar señales de debilitamiento. En efecto, el crecimiento de 5,1% interanual del PIB en el primer trimestre del año resulta engañoso si se considera que el mismo lapso del año anterior fue particularmente débil. A partir del segundo trimestre la base comparación más exigente significará una brusca caída del crecimiento, que moderaría la tasa de expansión de Perú hasta el 3,6% en el conjunto del año.