Política y economía
Las elecciones municipales y autonómicas del pasado domingo se plantearon como primera vuelta de las generales. En muchas ciudades medianas y también pequeñas buena parte del electorado desconoce el nombre del alcalde y concejales, por lo que la estrategia, especialmente por parte de la oposición, era inteligente.
El resultado de la eliminatoria sigue incierto a pesar de que la oposición lleva seis meses tomando la iniciativa apoyándose en temas de gran incidencia en los medios de comunicación, lo que ha permitido poner al Gobierno a la defensiva y, por así decirlo, ha jugado el primer partido en casa. Ha mejorado sus resultados y puede mostrar un avance, pero no es definitivo ni está a la altura de lo que esperaba, con lo que la eliminatoria de las generales sigue abierta.
Los temas más sensibles han perjudicado al Partido Popular. El Plan Hidrológico Nacional (PHN) restó votos en Aragón y el sur de Cataluña. El hundimiento del Prestige y los temas relacionados le perjudicaron en Galicia. La posición sobre la guerra de Irak tampoco le favoreció electoralmente. Los retrasos en la construcción del AVE tuvieron un efecto menor, pero del mismo sentido.
El Plan Hidrológico Nacional es una de las decisiones que debe tomar un Gobierno central aceptando el coste electoral, tal como en su día le ocurrió al PSOE con el trasvase de agua del Tajo a la cuenca mediterránea.
Los otros derivan de situaciones sobrevenidas mejor o peor tratadas y siempre discutibles según prioridades y criterios de oportunidad, pero en lo que concierne a la acción propia de Gobierno el debate y la contraposición ha tenido más de confusión que de luz y las propuestas de los partidos políticos de la oposición dejaron la primacía a la crítica, con lo que apenas han tenido relieve.
La vivienda fue un tema recurrente por el aumento de su precio, el endeudamiento de las familias y el esfuerzo necesario para pagar los intereses de las hipotecas. Se llegó a decir que se volvía a un mercado de vivienda como el de los años cincuenta.
El hecho es que más de 500.000 viviendas al año durante el último cuatrienio han situado a España como el país europeo con más viviendas por familia, aunque las de menos renta tengan dificultades para acceder a una.
La combinación de bajos tipos de interés que facilitan la financiación, el aumento del empleo que capacita para obtenerla, la debilidad de la Bolsa que orienta fondos a la compra de vivienda y las compras efectuadas por no residentes aportan una demanda solvente.
En ese marco, la escasez de suelo edificable, la lentitud y complejidad de tramitación de licencias, junto con otros factores como el aumento de requisitos técnicos a los edificios, el seguro decenal y la certificación previa elevan los precios contando con el apoyo especulativo (quizá un 10% de las compras) de quienes en unos meses pueden recuperar doblado el pago inicial por una vivienda en construcción.
En el tema de la vivienda nueva la competencia es municipal y autonómica.
En su día el Gobierno aprobó una norma para limitar el efecto del monopolio de los ayuntamientos en la oferta de suelo edificable, pero las entidades subcentrales alegaron sus competencias en ese ámbito, recurrieron y ganaron.
Queda el problema de la oferta de vivienda en alquiler, que en España es apenas el 14% del total (un 12% privada y un 2% pública). La propuesta de aumentar los fondos para su incremento puede aceptarla cualquier partido si se explica con cargo a qué otras partidas se hace.
En la campaña electoral de las elecciones autonómicas y municipales del pasado domingo ya no se alegó que el crecimiento de la economía española era impulsado por el exterior. La diferencia positiva respecto al entorno europeo es clara y el Gobierno puede alegar, con fundamento, que es mérito de su política.
Aunque la insatisfacción deriva más de la diferencia entre la realidad y las expectativas que de la propia realidad, en este caso los votantes parecen valorar adecuadamente la situación.
La crítica al equilibrio presupuestario parecía identificar el déficit cero con el gasto cero, de modo que cualquier carencia, desde el retraso en las obras del tren de alta velocidad AVE hasta la ausencia de vivienda en alquiler, se atribuía a la ausencia de déficit. Esa crítica tampoco fue eficaz.
En lo económico se omitieron asuntos como la rentabilidad del ahorro (negativa) y su tributación (excesiva).
En lo político no se habló de las dificultades de la gestión municipal con alianzas complejas ni tampoco del efecto de la radicalización de posturas del centroizquierda, que beneficia a la izquierda y aumenta sus expectativas, pero nadie es perfecto.