Monti expedienta a Izar por el desvío de subsidios del astillero militar al civil
Suma y sigue. La Comisión Europea añadió ayer 2.000 millones de euros a la serie de operaciones financieras entre la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) y los astilleros públicos Izar sobre cuya legalidad tiene serias dudas. El nuevo expediente intenta aclarar si 1.500 millones de euros en ayudas públicas concedidos a la división militar de Izar pueden haber beneficiado ilegalmente a los astilleros civiles y también examinar la legalidad de 515 millones de euros en préstamos e inyección de capital en los astilleros de Cádiz, Juliana, Manises, Puerto Real, Sestao, Sevilla y Astano.
Las empresas vinculadas al sector militar se encuentran exentas de la aplicación de las normas de competencia europeas sobre ayudas de Estado. Pero el expediente, cuya resolución necesitará meses o años, puede obligar a Izar a devolver una parte de los subsidios si la Comisión dictamina que se trató de una ayuda de Estado ilegal a su actividad civil.
'Aclarar las dudas'
La SEPI reaccionó anunciando en un comunicado que 'colaborará con la Comisión Europea'. La extensión del procedimiento, continúa la nota, 'supone analizar con detalle las operaciones que la Comisión señala, pero no prejuzga nada en relación con el resultado final de este proceso, en el que SEPI confía que podrá aclarar las dudas de la Comisión'.
La investigación se produce en plena crisis del sector en Europa, cuya capacidad de producción supone el 20% del mercado mundial, pero que en el transcurso de este año sólo ha logrado captar el 3% de los pedidos. La competencia de Corea del Sur y la caída de la demanda en segmentos como cruceros ha diezmado también los ingresos de esta actividad.
Bruselas ha denunciado a Corea del Sur ante la Organización Mundial del Comercio por presunta competencia desleal y ha activado un mecanismo de ayuda temporal, al que España intenta acogerse sin resultado desde agosto del año pasado. Bruselas desconfía de un sector en el que detecta una resistencia a la reestructuración.
Izar, de hecho, se encuentra bajo la lupa comunitaria desde su nacimiento en el año 2000, cuando el nuevo holding adquirió los astilleros de AESA (Astilleros Españoles) y de la Sepi. Bruselas aún analiza la venta a Bazán por el valor simbólico de una peseta de los astilleros de la Sepi en Juliana y Cádiz, así como de una fábrica de motores en Manises. Pocos meses antes, la SEPI había comprado esos bienes a AESA por un valor de 60 millones de euros, según la Comisión Europea, y de 15 millones de euros, de acuerdo con el organismo estatal. 'En cualquier caso', afirma Bruselas, 'un cambio de precio dramático en un plazo muy breve'. La otra operación bajo sospecha atañe también a la venta a Bazán, por el mismo precio de una peseta, de los astilleros civiles en Astano, Puerto Real, Sestao y Sevilla, propiedad de AESA, filial de Sepi. Concluidas ambas operaciones, Bazán se transformó en Izar, un holding público que Sepi aspira a privatizar en el futuro.
Bruselas sospecha ahora que las inyecciones de capital público se han seguido produciendo en 2000, 2001 y 2002. 'La Comisión ha tenido acceso recientemente a las cuentas de los astilleros, las cuales indican que otra serie de operaciones financieras pueden constituir una ayuda de Estado', indicó ayer el organismo comunitario. Las ayudas investigadas ascendieron a 1.322 millones de euros en el año 2000, 105 millones en 2001 y 102 (presupuestados) en 2002.
La segunda parte de la investigación atañe a un préstamo de 194,4 millones euros de SEPI a los astilleros de Cádiz, Juliana y Manises; una inyección de capital de 252,4 millones de euros de AESA en los astilleros de Puerto Real y Sevilla; y otra de 68,2 millones de euros en las compañías de Astano, Cádiz, Juliana y Manises. En total, 2.000 millones cuyo uso deberá justificar el Gobierno español.