El Tribunal de la UE confirma la ilegalidad de un crédito a Astilleros
Bruselas y Madrid han vuelto a chocar por las ayudas públicas a los astilleros. La Comisión Europea obtuvo ayer el respaldo del Tribunal de Luxemburgo, la máxima instancia judicial de la UE, en el litigio sobre un crédito fiscal especial concedido en 1998 a los astilleros públicos españoles, entonces recién absorbidos por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).
A raíz del traspaso de los astilleros a la cartera de la SEPI, el Gobierno otorgó ayudas en forma de crédito fiscal por valor de 18.451 millones de pesetas (más de 110 millones de euros). Madrid consideró la ayuda como una mera prolongación del plan de reestructuración acometido en 1995 y para el que la Comisión Europea autorizó subsidios de hasta 58.000 millones de pesetas de entonces (equivalentes a 348,6 millones de euros).
Pero tras el análisis del nuevo crédito, Bruselas llegó a la conclusión de que no respondía a las condiciones fijadas en aquella autorización y exigió la devolución con intereses de los más de 110 millones de euros.
España impugnó esta segunda decisión de la Comisión Europea, pero la sentencia dictada ayer revalida la decisión del organismo comunitario e inicia la teórica cuenta atrás para que el Gobierno recupere la ayuda. Se trata del enésimo enfrentamiento con las autoridades comunitarias por el apoyo a un sector inmerso desde hace años en una profunda crisis.
El presidente de la SEPI, Ignacio Ruiz-Jarabo, achacó ayer la crisis a la 'competencia desleal coreana', según declaraciones recogidas por la agencia Efe, y aseguró que 'la situación es común en toda Europa'.
Jarabo detecta 'cierta relajación' de Bruselas en la protección del sector naval. La Comisión Europea ha autorizado un mecanismo de ayudas paralelo a la denuncia contra Corea ante la OMC, pero España aún no ha recibido permiso para conceder nuevos subsidios.
Un largo proceso
Con el fallo del tribunal se da un paso más en el largo proceso necesario para recuperar una ayuda ilegal. Los Estados de la Unión Europea están obligados a recuperar las ayudas públicas declaradas ilegales por la Comisión Europea. Pero el proceso administrativo y judicial necesario suele condenar la factura al olvido.
La habitual resistencia de los Gobiernos a acatar una decisión administrativa de Bruselas suele obligar a la Comisión Europea a denunciar el incumplimiento ante el Tribunal de Justicia de la Unión.
Pero incluso una sentencia en contra suele toparse con un acatamiento remolón, que intenta retrasar al máximo la devolución, hasta el punto de que a veces la empresa deudora incluso ha desparecido, pues las ayudas suelen recalar en sectores con problemas. En las ayudas a los astilleros declaradas ilegales ayer la CE ha ganado tiempo. El pleito para la recuperación ya lleva meses ante el Tribunal.
Manifestaciones en los 11 astilleros de Izar
Los trabajadores de los 11 astilleros del grupo Izar mantuvieron ayer una jornada de protesta por la falta de carga de trabajo que sufren y por el retraso del plan industrial del grupo. Estos actos se enmarcan en el calendario de paros convocado por los sindicatos. En la imagen, manifestación de trabajadores de la factoría La Naval, de los astilleros públicos de Bilbao. En los de San Fernando (Cádiz), los manifestantes cortaron la N IV y colocaron e incendiaron barricadas en señal de protesta.