El proyecto de constitución duplica el poder del Parlamento Europeo
El texto presentado ayer por la cúpula de la Convención europea que trabaja en el proyecto de constitución desde febrero de 2002 será debatido ahora en sesión plenaria por los 105 miembros y aún necesitará la revisión final de los 15 Estados de la Unión antes de su proclamación definitiva, prevista para finales de este año. Las 200 páginas del borrador se aproximan ya, sin embargo, a su versión final, pendientes, eso sí, de la tortuosa negociación de los detalles institucionales y jurídicos.
La participación del Parlamento en las labores legislativas se convierte, según la propuesta publicada ayer, en el 'mecanismo normal' de funcionamiento de las instituciones europeas, y sólo por excepción se podrá excluir la voz del único órgano comunitario elegido por sufragio universal.
Las decisiones en áreas tan trascendentales como la política social, los fondos estructurales y de cohesión o la política agrícola necesitarán el veredicto parlamentario Hasta este año, el Parlamento sólo compartía poderes legislativos con el Consejo de Ministros de la UE en 30 áreas. El Tratado de Niza, que entró en vigor hace dos meses, amplió tímidamente esa lista hasta 36. Y el proyecto de Constitución eleva ahora hasta 70 el listado de capítulos donde la voz de los europarlamentarios será inexcusable. 'Esto constituye una extensión importante de los poderes del Parlamento', describió un portavoz de la Convención.
El proyecto constitucional limita, sin embargo, la influencia parlamentaria en el presupuesto comunitario, una reforma que levantó las iras de la sección del partido popular europeo en la Convención. 'Devuelve al Parlamento a su estatus de los años ochenta', lamentó el presidente de ese grupo, el eurodiputado alemán Elmar Brok. Pero en esta materia, como en gran parte del proyecto, el grupo popular se encuentra escindido por nacionalidades y otras delegaciones, entre ellas la española, celebró la ampliación de competencias lograda por la Eurocámara.
El departamento económico de la Comisión Europea, que dirige el comisario Pedro Solbes, también ha visto parte de sus aspiraciones reflejadas en el borrador. La Constitución reconocerá el derecho de Bruselas a alertar sobre las desviaciones de un Estado miembro respecto a los acuerdos de política macroeconómica pactados por la Unión. Y el borrador amplía la influencia de la Comisión en los expedientes por déficit excesivo derivados de la aplicación del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Ahora, Solbes debe presentar sus recomendaciones a un consejo de ministros en el que las alianzas entre países pueden vaciar de contenido las propuestas de la Comisión.
Demandas de la zona euro
El proyecto constitucional se hace eco también de las demandas de los países de la zona euro, que reclaman una mayor autonomía respecto a los que no se han adherido a la unión monetaria. Sólo tres de los 15 Estados miembros mantienen su propia divisa. Pero con la ampliación del próximo 1 de mayo de 2004 otros 10 socios se encontrarán fuera de la zona euro, y el número tenderá a elevarse con las sucesivas adhesiones de Rumania, Bulgaria y, más tarde, los países balcánicos. La zona euro dispondrá de capacidad para fijar sus propios criterios macroeconómicos y para mantener la disciplina fiscal entre sus socios, al margen de lo que ocurra en una Unión de más de 30 miembros.
El derecho de veto de todos y cada uno de los Estados se mantendrá, sin embargo, en áreas como fiscalidad, seguridad social, política comercial (restringido) o política exterior. Para las tesis más ambiciosas, esta concesión frustra el proyecto constitucional. Según D'Estaing y muchos de sus colegas se trata de un ejercicio indispensable de realismo político para que Europa se dote de su primera constitución.