La insoportable levedad del accionista
En años anteriores, observando las fotos en la prensa de las juntas generales multitudinarias de algunas grandes empresas, en muchos casos se podía percibir un gesto de aburrimiento y cansancio en la cara del presidente al contestar una pregunta a un accionista minoritario. La actitud de los administradores parecía la misma que cuando se toma una medicina: cuanto antes acabemos, mejor. Había que pasar el trago -¿quizá por eso a veces se daban bombones en las juntas?-, pero lo que se dijera o se contestara la mayoría de las veces no tenía relevancia para la marcha de la empresa. Daba igual mientras se guardaran las formas..., y hasta el año que viene.
Actualmente, se aprecia una tendencia por parte de los agentes sociales y políticos a exigir a las empresas mayor transparencia en la gestión y mayor responsabilidad en los ámbitos medioambientales y sociales. ¿Qué papel juegan los accionistas leves en este proceso? Entendamos como leves aquellos accionistas sin puesto en el consejo y cuyo único poder reside en la soberanía de vender, mantener o comprar más acciones, y distingamos dos categorías básicas: inversores institucionales y accionistas individuales (familias).
Los primeros durante años han mantenido su posición de no intervenir en la gestión de la empresa, para mantener su libertad de vender cuando lo consideren oportuno. Ya lord Cadbury comentaba en su primer análisis sobre el gobierno de la empresa que la mayoría de las veces era una falacia, ya que deshacer una posición del 10%-15% en una gran empresa no era una cuestión sencilla. En el presente, las grandes disminuciones de patrimonio de los fondos en las caídas recientes de las bolsas han hecho que los partícipes de los fondos sean más exigentes con sus gestores, obligándoles a ser proactivo en las empresas donde invierten. En Estados Unidos, la exigencia de transparencia y buen gobierno tiene mucha tradición. Por ejemplo, el fondo CalPERS -uno de los mayores de Estados Unidos- pone en su lista de observación a empresas a las que considera que no cumplen con sus estándares de buen gobierno. Además comunica en su página web los acuerdos a los que se han comprometido esas empresas.
¿Y en Europa? Otros fondos en el Reino Unido han seguido el ejemplo activista, publicando listas con sus opiniones respecto a la manera en que las empresas responden a temas relacionados con la responsabilidad social, o en otros casos votando en contra de la gestión, o de los bonus de los administradores. En Alemania varios fondos han votado en contra de la transición usual de consejero delegado a presidente de una gran compañía, en la que sus resultados no habían sido buenos. Medidas que antes se aprobaban de mero trámite en las juntas generales.
¿Y en España? No parece que los fondos nacionales sean muy activistas; la participación de la banca en el accionariado de grandes compañías y, a la vez, su condición de gestores de fondos, los condicionan en gran medida. Sin embargo, si analizamos los datos de la Bolsa de Madrid respecto a los propietarios de las acciones de las empresas cotizadas en Bolsa en 2001, nos damos cuenta del escaso peso que supone la inversión colectiva -4,86%-, frente al importante peso de las familias -27,96%- y los no residentes -35%-. Para dar más perspectiva a estos datos, las mayores empresas españolas tenían alrededor de un millón de accionistas a finales de 2002.
¿Están todos dormidos? Los no residentes -por el contexto internacional que hemos comentado más arriba- es probable que no; las familias españolas por ahora parece que se preocupan principalmente por el valor de la acción y su impacto sobre el patrimonio que les permitirá una tranquila vejez. Sin embargo, si tenemos en cuenta el impacto de las medidas que propuso la Comisión Aldama -y que parece que se van a trasladar en gran parte a leyes-, la probabilidad de que las juntas generales dejen de parecerse a la imagen con la que se ha comenzado el artículo es muy elevada.
Un indicador de la clara dinámica de estos cambios es el reciente anuncio de un gran banco español, que propone a los accionistas -con suficiente tiempo- que le envíen por correo electrónico sus propuestas de los temas a debatir en la próxima junta general. Y un parámetro a tener en cuenta es que a través de la web de la Unión Europea se está preguntando a los ciudadanos si les parece bien votar electrónicamente sobre temas que les conciernen -una democracia directa como en Suiza-, y de unos 40.000 votos hasta ahora, un 71,6% indicó que era 'realmente una buena idea'.