El día después para el sector
El mapa empresarial del sector energético español está sometido a una fuerte presión. El último episodio ha sido la oferta pública de adquisición (opa) de Gas Natural sobre Iberdrola. Antes se produjo la entrada de la alemana EnBW en Hidrocantábrico y, hace un par de años, la fallida opa de Endesa sobre Iberdrola.
Ha habido muchos otros cambios menores. En el futuro próximo se vislumbra la fusión de Unión Fenosa con la Portuguesa EDP. La oleada de fusiones y adquisiciones parece imparable. Con la liberalización de la energía en la Unión Europea se ha desatado un proceso acelerado de consolidación empresarial en toda Europa.
Es frecuente oír en el mundillo del sector energético la afirmación de que en unos cuantos años no quedarán más de una decena de empresas significativas en los sectores de la electricidad y del gas europeos. Hoy, entre la electricidad y el gas, hay un par de decenas de empresas grandes y muchísimas más de menor tamaño.
Es en este contexto de progresiva integración empresarial en el que yo creo que hay que entender la frustrada oferta de Gas Natural. El tamaño se ha convertido en un objetivo prioritario para la mayoría de las empresas energéticas. Cierto es que el tamaño es un objetivo empresarial dudoso porque no garantiza mejores resultados, particularmente en el caso del sector energético, en el que las empresas ya son bastante grandes. Pero, en todo caso, es cierto que el tamaño sí que ayuda a las empresas a mantenerse independientes y protegidas de potenciales compradores.
El rechazo la semana pasada de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) a la opa de Gas Natural sobre Iberdrola aplaza la recomposición del mapa empresarial de la industria energética, pero, desde luego, no elimina las formidables presiones económicas que hay detrás de las estrategias de expansión que siguen las empresas europeas de electricidad y gas.
Las compañías eléctricas españolas también han venido siguiendo esa estrategia, sobre todo en Latinoamérica, mientras que su situación financiera se lo ha permitido.
La decisión de la Comisión Nacional de Energía es sorprendente.
Lo habitual en este tipo de actuaciones es poner condiciones, más o menos duras, para la aprobación de la fusión. Recuérdense, por ejemplo, las condiciones impuestas a la oferta pública de adquisición lanzada por Endesa sobre Iberdrola hace dos años.
En este caso concreto, dada la posición dominante de las dos empresas implicadas, parecía lógico esperar que las condiciones impuestas por la Comisión Nacional de la Energía y, en su momento, por las autoridades de Competencia fuesen sustanciales, pero que se hubiese dejado a las empresas aceptarlas o no.
Un análisis ortodoxo hubiese llevado, con mucha probabilidad, a exigir la desinversión de ciertos activos para reducir la excesiva presencia de la empresa fusionada en ciertos mercados, a reforzar la separación e independencia de la empresa Enagás y, quizás, a pedir garantías sobre las inversiones futuras en las actividades reguladas.
Habría quedado para los accionistas decidir si las supuestas sinergias entre las dos empresas y el precio ofertado por Iberdrola justificaban o no aceptar esas condiciones.
Independientemente del inesperado desenlace de esta opa, es previsible que en los próximos meses continúen las ofertas públicas de compra, amistosas o no, en el sector español de la energía.
Iberdrola seguirá siendo una empresa atractiva y, por tanto, expuesta a una tercera propuesta de adquisición. Gas Natural proseguirá la búsqueda de un destino rentable a su abundante liquidez. Unión Fenosa se mantendrá a la espera de su anunciada fusión con la portuguesa EDP. Endesa continuará luchando por mejorar su posición financiera, quien sabe si, a juzgar por el anuncio de sus conversaciones con Gas Natural, a través de una fusión. Y las varias empresas europeas con presencia en el mercado español continuarán ponderando sus posibilidades.
Mirando hacia ese futuro de nuevas fusiones y adquisiciones, la herencia de la opa de Gas Natural es preocupante.
Más allá de la decisión de la Comisión Nacional de la Energía, que en todo caso es revocable por el Gobierno, el desarrollo de la opa sienta el precedente de que la valoración de los efectos de una operación de este tipo sobre la inversión, la competencia y los consumidores puede obviarse y suplantarse por un debate en clave política.
Como resultado, no sé, ni creo que nadie lo sepa, con qué criterios -económicos o políticos- se enjuiciará la próxima opa en el sector energético.
La resolución de la CNE no lo aclara. Sin olvidar el papel fundamental que un regulador independiente debería jugar en el sector energético, la reconfiguración del mapa empresarial debería ir guiada por criterios empresariales. La introducción de criterios ad hoc cada vez que se propone una nueva operación no ayuda a que así sea.