Hacienda acelera la aprobación de la ley para el control de las subvenciones
La nueva ley de subvenciones está a punto de caramelo. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, indicó ayer que el anteproyecto de ley será estudiado por el Consejo de Ministros en lo que queda de mes, para ser aprobado por el Ejecutivo pocos días después, una vez que haya superado los trámites preceptivos de información pública.
El departamento que dirige Montoro está acelerando los trámites para que el proyecto de ley sea aprobado por las Cortes antes de que acabe la legislatura, presumiblemente antes de final de año, entrando en vigor en enero de 2004. El texto busca garantizar el control de todas las ayudas procedentes del conjunto de las Administraciones públicas (Unión Europea, Estado central, comunidades autónomas y municipios).
La nueva ley creará un registro central para garantizar la transparencia de las subvenciones públicas que se reciben en España y facilitar a las Administraciones que gestionen los presupuestos de forma 'coherente' con los principios de la estabilidad presupuestaria. El Ejecutivo anunció la redacción de esta ley poco después de hacerse público el caso del lino, por el que se descubrió el uso fraudulento de ayudas comunitaria a este cultivo, y por el que España fue multada por las autoridades europeas.
La nueva ley de subvenciones pretende mejorar el procedimiento de concesión y seguimiento de las ayudas. También servirá para reunir en un solo texto legal toda la normativa sobre subvenciones. El texto concede un papel relevante a los Ejecutivos regionales, que tienen el deber de vigilar el uso correcto de las ayudas del Estado y de la Unión Europea.
En caso de que los fondos no sean utilizados correctamente, deberán ser devueltos a la administración que los concedió. También se reforzará el papel del Tribunal de Cuentas y el de la Intervención General de la Administración del Estado (Igae).
El último escándalo que salió a la luz pública fue el de las ayudas a la formación de trabajadores a través de la Forcem. La Guardia Civil detectó en enero un fraude de 84 millones en cursos de formación en la provincia de Cádiz.
Además, la Audiencia Nacional está investigando otro supuesto fraude de 100 millones concedidos en 2001 y por el que están implicadas 36.000 sociedades, según la fiscalía.