El mal funcionamiento de la justicia reduce la tasa de crecimiento del PIB
En España el gasto en justicia, tomando como referencia el PIB, es similar al de Francia, Italia o Reino Unido. Es inferior al de Alemania y Austria y superior al de los Países Bajos. Del año 2000 a 2003 se ha incrementado el gasto en justicia en un 30%. Para este año se ha presupuestado 2.765 millones de euros (incluye Instituciones Penitenciarias). Equivale al 0,4% del PIB y a unos 69,72 euros por habitante.
Si se incluyen los gastos de Policía, Guardia Civil y policías autónomas, el porcentaje se eleva al 1,5% del PIB y supone 192 euros por habitante. Son datos recopilados por el catedrático en Economía Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid Santos Pastor, autor de un estudio que trata sobre los costes de la justicia y que ha sido patrocinado por la Fundación BBVA en el marco del Foro sobre la reforma y gestión de la justicia.
Al incremento de dotaciones presupuestarias no ha seguido un aumento equivalente de la producción, según el informe. Sólo un dato. En 1995 las sentencias dictadas por magistrado aumentaron un 24% respecto a 1990. Sin embargo, en el año 2000 el número de sentencias dictadas por magistrado disminuyó entre un 3% y un 9% respecto a 1995. En opinión de Santos Pastor, 'es imprescindible gestionar mejor, mucho mejor, para conseguir más con los medios disponibles y evitar el despilfarro'. Y añade que 'no es heroico afirmar que con los recursos con los que se cuenta, la justicia podría producir bastante más, al menos una tercera parte más'.
El mal funcionamiento de la justicia repercute en las actividades económicas de un país, según el informe. Una mala Administración de Justicia disminuye la tasa de crecimiento del PIB y el crédito financiero. El profesor Santos Pastor asegura en su informe que en algunos casos, como Brasil o Argentina, las disfunciones de la justicia reducen la tasa de crecimiento del PIB en un 25% y el crédito financiero en un 20%. En el caso de Canadá, la merma en la tasa de crecimiento del PIB es de un 2%. En España no existen estudios que midan este factor, pero se estima que la reducción en la tasa de crecimiento del PIB a causa del mal funcionamiento de nuestros juzgados y tribunales pueda estar entre un 2% y un 5%.
Explica Santos Pastor que existe 'un conjunto de actividades económicas o de otro tipo que no se realizan por el mal funcionamiento de la justicia. Los operadores registran ese mal funcionamiento como un aumento de la incertidumbre, o de los costes o unos menores beneficios en la actividad que estén desarrollando o piensen desarrollar, y tratarán de trasladarlo en cuanto puedan imponiendo una mayor prima de riesgo al país (o prestatario), aumentando los precios, reduciendo la oferta de bienes y servicios o, en su caso, la demanda'.
En el estudio se proponen medidas de gestión judicial que podrían mejorar la Administración de Justicia en términos de cantidad y calidad, dos conceptos que para Santos Pastor no están en conflicto.
Recursos humanos
Según los estudios hasta ahora conocidos, 'los órganos que más producían eran también los de mayor calidad en sus decisiones'. Según se dice en el informe, 'el cuello de botella' en la actividad judicial está en la fase de dictar sentencia o en actuaciones en las que se requiere la intervención del juez. Por ello se propone reforzar los órganos con magistrados.
Se asegura que 'un aumento del 10% en el número de jueces puede traducirse en un aumento casi proporcional en el número de sentencias'.
Implantar servicios comunes para varios órganos judiciales, imponer el horario vespertino, la especialización de jueces (como se va a producir para los futuros juzgados mercantiles) y un aumento de las competencias de los secretarios judiciales son otras de las medidas que se plantean para mejorar el servicio de la justicia.
Dice Santos Pastor en su informe que 'es preocupante que siendo el programa de justicia tan intensivo en el uso de recursos humanos (absorbe casi el 80% del presupuesto), haya tal ausencia de esa política'. La justicia se ve afectada por la excesiva interinidad, las ausencias en el puesto de trabajo y la rotación de personal. Es preciso, a juicio de Santos Pastor, una buena política de recursos humanos, planificar las necesidades de personal, fomentar la formación continua y el cumplimiento de horarios.
Otros datos de interés que ofrece este primer estudio que se hace en España sobre los costes de la justicia son, por ejemplo, cuánto nos cuesta una sentencia en 2003. Si se trata de un órgano colegiado, entre 1.172 y 1.382 euros. Si se trata de un órgano judicial de primera instancia, el coste se sitúa entre los 781 y 931 euros. Hay 10 jueces de carrera por 100.000 habitantes -Francia e Italia tienen 11- y 4 fiscales por 100.000 habitantes.
Con el cobro de tasas judiciales se hubieran recaudado 120 millones
El profesor Santos Pastor es partidario del cobro de tasas judiciales (próximamente se introducirán en nuestro ordenamiento jurídico). En España fueron suprimidas en 1986 debido a que no era posible controlar el flujo del dinero en los juzgados. En 1986 se ingresaban con el cobro de tasas unos 36 millones de euros. Un porcentaje similar hubiera supuesto en 2002 más de 120 millones de euros. En el informe de Santos Pastor se apunta que 'la parte que soportan los contribuyentes no usuarios de la justicia viene a ser, en promedio, un tercio del coste total de los litigios'.La implantación de las tasas judiciales tiene dos efectos, una reducción de los costes de la Administración de la Justicia y una disminución de la litigiosidad y, por lo tanto, el uso excesivo e injustificado de los juzgados y tribunales.Con el sistema actual, parte de los costes de un procedimiento se financian con fondos públicos. En promedio, las costas que soportan los particulares en un divorcio es de 781 euros; un procedimiento para una reclamación de cantidad por un importe comprendido entre 480 y 4.808 euros cuesta 1.200 euros; un desahucio, casi 2.100 euros; los juicios por suspensión cuestan 9.000 euros; las ejecuciones de sentencias, 2.000 euros, y las apelaciones civiles, unos 2.343 euros.En el informe también se explica que transferir un euro por vía judicial a menudo cuesta más de un euro. Esto evidencia, según se señala, que 'la vía judicial no es la mejor forma de resolver un conflicto'. En consecuencia, se están haciendo esfuerzos por fomentar la mediación y el arbitraje. El informe también trata sobre 'los costes de oportunidad de los litigios', es decir, lo que se deja de ganar. La cantidad es 'enorme'. Por ejemplo, la paralización de una obra urbanística o de un barco mientras se resuelve el pleito ocasiona grandes pérdidas. Lo mismo sucede cuando el litigio ocasiona una caída del valor de las acciones en los mercados.