La justicia de EE UU exige 272.000 millones a las tabacaleras por fraude
Las empresas tabacaleras sufrieron ayer un importante revés en Bolsa después de que el diario The New York Times revelara el golpe de timón de un Departamento de Justicia a cuya cabeza se sitúa un ex senador que históricamente ha sido crítico con las sanciones a las empresas tabacaleras. Las principales compañías tabaqueras experimentaron descensos en su cotización a lo largo de la jornada.
Llama la atención la cifra en la que se verían perjudicados los beneficios de la compañías, pues excede de largo la pactada en el histórico acuerdo extrajudicial de 1998, en el que las empresas se comprometieron a pagar en 25 años 206.000 millones en indemnizaciones a 46 Estados. Puesto en perspectiva, la cantidad a devolver es 100.000 millones menor que el presupuesto fijado por la Administración Bush para reformar el sistema sanitario de atención a la tercera edad en los próximos 10 años y algo más de tres veces la cantidad que podría costar la guerra contra Irak.
La cantidad se deduce de los beneficios de lo que el Gobierno dice que la industria consiguió vendiendo cigarros a aproximadamente 30 millones de personas que empezaron a fumar antes de que tuvieran 18 años desde 1954, cuando presuntamente la industria comenzó las prácticas fraudulentas que el Departamento de Justicia ahora alega que se han mantenido incluso después del acuerdo de 1998.
Y es que, según la documentación que ha manejado el departamento para esta demanda, que arrancó en 1999 bajo la supervisión de Janet Reno (Gobierno de Bill Clinton), las empresas engañan a sus clientes sobre los peligros del tabaco para la salud, manipulando las cantidades de nicotina o dirigiendo parte de su campaña publicitaria a menores de edad.
La demanda tiene que ser refrendada ahora por la juez Gladys Kessler, ante quien se substanciará el año que viene un juicio en el que el principal acusado por el Estado es Philip Morris. Las llamadas de este periódico a la compañía no fueron contestadas. Un portavoz de Brown & Williamson Tobacco aseguraba ayer que la demanda del Departamento de Justicia es 'ridícula y la cifra es producto de la avaricia'. La demanda, asegura este portavoz, tiene motivaciones económicas y políticas 'porque las empresas tabacaleras somos muy impopulares'. Desde esta empresa se recuerda que parte de la cifra a pagar se basa en una actividad hecha hace casi 50 años, 'cuando ni siquiera había legislación sobre la edad en la que no se debía fumar. Entonces no era ilegal vender tabaco a partir de determinada edad'.
Esta compañía, que tiene el 11% de la cuota de mercado de EE UU con marcas como Pall Mall y Lucky Strike, rebate a continuación las acusaciones de manipulación al decir que es el propio Gobierno federal el que hace los estudios sobre la salud y el tabaco, por lo que no puede aducir que se ocultan los peligros a la salud.
No obstante, las empresas consultadas prefirieron ayer no entrar a valorar el impacto de la decisión de la justicia cuando algunos analistas consideran que las finanzas de estas empresas pueden verse seriamente afectadas por una sentencia condenatoria. Ni siquiera un aumento de 50 centavos en el precio de la cajetilla, que en algunos Estados ya se ha elevado por motivos recaudatorios públicos, podría ayuda a manejar una crisis que llevará a la bancarrota a algunas compañías.
Los que están de enhorabuena son las asociaciones contra el tabaco, que no han dejado de celebrar una decisión tan inesperada del Departamento de Justicia. Al parecer, Ashcroft no habría, ni siquiera, revisado la demanda.