Una sentencia agrava la crisis que vive Aguas de Valencia
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha fallado a favor del Grupo Socialista en la Diputación Provincial de Valencia, que recurrió la privatización parcial de Girsa, dedicada a la gestión de residuos, y Egevasa, centrada en el ciclo integral del agua. La corporación provincial realizó un concurso para vender el 49% de estas dos compañías, pero la sentencia considera que la venta del patrimonio público debió realizarse por subasta, ya que esta fórmula garantiza la obtención del mejor precio.
El fallo señala que en la enajenación de patrimonio público es imperativa la subasta, ya que con el concurso 'se disminuyen los ingresos de la corporación, pues se limita la puntuación por el precio de las acciones y se frustra la obtención del mayor precio posible', y añade que en las subastas también se puede exigir la solvencia técnica de las empresas que pujen por la compañía, uno de los argumentos esgrimidos por la diputación para optar por el concurso.
Fusión con AVSA
El 49% de Girsa se vendió a FCC por 4,73 millones de euros, mientras que una sociedad creada expresamente para presentarse a este concurso, Vainmosa Cartera logró hacerse con el 49% de Egevasa por 10,96 millones de euros. Fue precisamente esta última adjudicación la más polémica porque en ella se reflejó la tensión que existía en aquel momento entre los socios españoles de Aguas de Valencia y el principal accionista, el grupo francés Bouygues. De hecho, Vainmosa Cartera la crearon los socios españoles de AVSA para presentarse al concurso, compitiendo incluso con la propia AVSA que perdió.
Posteriormente, y tras uno de los múltiples conflictos accionariales que salpican la historia de AVSA desde que el ex presidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, impulsara la 'valencianización' del capital, Vainmosa Cartera se fusionó con AVSA, aportando su 49% de Egevasa. El acuerdo de canje accionarial -que restó poder a Bouygues y dio entrada a nuevos socios en AVSA- valoraba a Vainmosa en 18,63 millones de euros.
Así, en caso de que la sentencia acabe confirmándose en el Supremo (donde la recurrirá la Diputación de Valencia) o de que se ejecute antes (como pide el PSOE), las empresas vendidas volverían al organismo provincial que reintegraría los 10,96 millones pagados por Vainmosa, que a su vez los aportaría a AVSA. Sin otro negocio que el de Egevasa, Vainmosa reduciría su aportación a AVSA al capital reingresado, pero mantendría su poder en la compañía.