Una estrategia de vuelo corto
Juan Manuel Eguiagaray Ucelay subraya que España mantendrá una inflación alta y un crecimiento bajo de la productividad mientras el Gobierno insista en una política económica basada, en parte, en el ajuste del gasto público
Entre las bases de la estrategia económica del Gobierno del PP para conseguir el ajuste de las cuentas públicas a las exigencias del Pacto de Estabilidad figuraba, como es sabido, no sólo la confianza en el alivio de la carga de la deuda derivado de los bajos tipos de interés vigentes en la zona euro, sino, adicionalmente, un ajuste en casi todas las partidas del gasto público, incluidas aquellas con mayor trascendencia en el crecimiento futuro. El déficit atribuido a la anterior Administración socialista (¿recuerdan la bonita operación de cargar sobre el pasado los pecados del presente que llevó a cabo el señor Rato en 1996?) pudo así ajustarse de manera espectacular en poco tiempo, sentando las bases contables para el discurso económico del milagro del señor Aznar.
La verdad es que nada había de extraordinario en semejante operación a no ser que el descaro deba considerarse como tal. Los varios puntos sobre el PIB representados por la reducción de la carga financiera de la deuda, acompañados por la caída en el gasto social y en el esfuerzo inversor del sector público, amén de otras habilidades contables que se apellidaron creativas, condujeron la necesidad de financiación de las Administraciones del 4,95% en 1996 al aparente equilibrio presupuestario (-0,35% del PIB) del año 2000.
¿Qué ha ocurrido entre tanto? Bastantes cosas, desde luego. Entre otras, una importante desaceleración del crecimiento de la productividad aparente del trabajo y de la total de los factores (PTF), especialmente sensible desde 1995, de cuya negativa influencia en la competitividad y el crecimiento futuro se han hecho eco distintos colectivos, incluida la CEOE.
Las cifras previstas para la formación bruta de capital del sector público han ido siempre por encima de la realidad luego alcanzada
Ahora hay alguna evidencia adicional en las cifras de la Contabilidad Nacional para evaluar lo acontecido en el pasado. Y, de paso, juzgar lo que sigue ocurriendo, como fruto de aquella estrategia alicorta, sólo posible en un marco de expansión internacional como el de los años transcurridos. El análisis de las cuentas de las Administraciones en términos de Contabilidad Nacional permite comparar la propaganda anual desplegada con motivo de la discusión presupuestaria con el registro de las cifras realizadas.
Como era conocido, la caída media de la participación de las Administraciones en la formación bruta de capital fijo (FBCF) desde 1996 se sitúa en medio punto de PIB anual respecto del nivel -ya bajo- de 1995 (3,73%). Conviene siempre recordar que en 1990 y 1991 esa cifra alcanzó casi el 5% del PIB. Como se pone de manifiesto en el cuadro, la cifra que mide el esfuerzo de inversión del conjunto de las Administraciones se ha mantenido por debajo del 3,4%. Y, aunque resulta imprescindible considerar los cambios en las competencias de las diversas Administraciones, la contribución a la FBCF de la central no ha hecho sino descender del 1,41% al 0,80% del PIB, un descenso parcialmente compensado por el mayor esfuerzo inversor de las territoriales.
Que las necesidades de inversión en capital fijo, tecnológico y humano de la economía están lejos de ser cubiertas al nivel que exige la convergencia con los países centrales europeos es una de las evidencias menos contestadas de nuestra situación. Sin embargo, la estrategia seguida por los Gobiernos del PP se compadece mal con semejante evidencia. Alguna mala conciencia debe existir cuando todos los esfuerzos de explicación del Gobierno ponen especial énfasis en subrayar el esfuerzo inversor, por el procedimiento de anunciar varias veces un proyecto o, en ocasiones, mediante la identificación del anuncio con su efectiva realización.
No escapa a esta estrategia -más mediática que económica- la actualización anual del Programa de Estabilidad del Reino de España. Desde que existe, las cifras previstas para la formación bruta de capital (FBC) del sector público han ido siempre por encima de la realidad alcanzada, prometiendo mayores esfuerzos de inversión de los llevados a cabo. En la última edición del programa (2002-2006), se deja para 2006 el alcance del 3,8% de participación de las Administraciones en la FBC del país. Es el mismo nivel anunciado hace cinco años para fechas que quedan a nuestra espalda. Si por una vez, en 2006, los anuncios del programa no fueran pospuestos, no habríamos logrado sino volver al nivel de la inversión pública del 1995. Eso sí, con 11 años de retraso y bastantes necesidades sin cubrir.
Es lamentable que casi todos los años pueda hacerse igual análisis y diagnóstico de nuestros males. Y puesto que nada hace pensar que las cosas vayan a ser de otro modo con los actuales estrategas económicos, nuestro crecimiento seguirá al amparo de los bajos tipos en Europa y de la significativa contribución de la construcción. Pero mantendremos alto diferencial de inflación y bajo crecimiento de la productividad. Es muy discutible que esto deba ser el futuro de España.