Tecnología e investigación, activos esenciales del negocio
Como cualquier otro negocio, antes de poner en marcha una bioempresa es necesario enfrentarse a la burocracia. Desde la elaboración de un plan de negocio hasta la puesta en marcha de la actividad con el papeleo solucionado puede pasar más de un año. En este tiempo, se habrá pasado por el notario, por el Registro Mercantil, Hacienda y la Seguridad Social, por el ayuntamiento, la comunidad autónoma y un largo etcétera de despachos oficiales. Acudir a la ventanilla única empresarial puede suponer una gran ayuda para afrontar todos estos trámites.
El bioemprendedor también debe conocer la normativa específica que pueda afectar a su actividad. Temas como la manipulación de materiales radiactivos (en breve se adaptará la normativa europea, más restrictiva que la española) o el uso de determinadas sustancias pueden exigir licencias especiales. Salvo que sea imprescindible, actividades como el trabajo con materiales radiactivos y microorganismos contagiosos pueden conllevar elevados costes, que aconsejan posponerlas hasta que el negocio se haya consolidado.
Para suplir el largo tiempo de retorno de la rentabilidad se pueden realizar actividades ya consolidadas que sufraguen la investigación
Intentar la autofinanciación
El perfil de bioemprendedor va a marcar la trayectoria de la empresa. En el origen del negocio puede estar un científico que quiere dar el salto del ámbito académico al empresarial o un empresario que apuesta por la innovación. La clave está en aunar esfuerzos y reconocer las limitaciones. El investigador que quiera ser gestor tendrá que ceder el paso a la gestión profesional tarde o temprano. Desde los inicios, debe contar con un experto en marketing para así atraer y retener clientes. No obstante, esta carencia inicial se puede suplir convirtiendo a un cliente en comercial y que atraiga a otros clientes. Pero el mejor científico no es el mejor comercial.
Por el alto componente investigador, una bioempresa puede tardar años en generar ingresos. Para paliar el largo tiempo de retorno de la rentabilidad, se pueden desarrollar otros negocios ya afianzados y con clientes potenciales con los que autofinanciarse. Por ejemplo, la empresa Alma da cursos de formación que le permiten sufragar su investigación en bioinformática. O Bionostra, que realizando análisis de alimentos costea los gastos de, por ejemplo, inventar la vacuna para librar a los pollos del virus del Gumboro.
Científicos que quieran participar en un proyecto como socios, la familia o los amigos son vías de financiación que no hay que descartar. Al tiempo, los programas públicos de ayudas a la investigación son un importante apoyo. En el ámbito europeo, el VI Programa Marco (2002-2006) tiene en marcha varios proyectos. El Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), dependiente del Ministerio de Ciencia y Tecnología, actúa como enlace para las ayudas que vienen de la UE. Al tiempo, a través del programa Neotec ofrece créditos por aportación máxima de 300.000 euros, sin garantías adicionales e intereses. El programa Profit también ha ayudado a 100 proyectos durante 2002 y las CC AA, el Instituto de Crédito Oficial, etc. cuentan con diversos sistemas de ayuda. En general, los expertos recomiendan al bioemprendedor que estime una necesidad financiera del doble de la prevista en el plan de negocio. En el día a día de la empresa, también habrá que tener en cuenta el pago de impuestos. La actividad de I+D permite practicar deducciones que suavizarán la carga fiscal. Para paliar las dificultades que, en ocasiones, supone acreditar ante Hacienda que se estaba innovando, está previsto que el Ministerio de Ciencia y Tecnología acredite esta circunstancia ante Hacienda y no eche por tierra la deducción fiscal.
En cuanto al capital riesgo y tras la caída y pérdida de atractivo de las puntocom, la biotecnología se ha situado en el punto de mira de estas empresas, que a cambio de financiación exigen una participación en el proyecto. No obstante, esta fórmula es adecuada cuando la empresa ya está en fase de consolidación y no se teme que ajenos al proyecto inicial puedan tomar decisiones o conocer investigaciones que deben llevarse en secreto. La tecnología y la innovación son el activo fundamental de las bioempresas. Su protección es sinónimo de supervivencia. Según el tipo de protección que se quiera lograr, se puede optar entre patentes solamente válidas para España o para toda la UE o, en el caso de la patente internacional, válida en más de 100 países. Como estrategias alternativas o cuando la idea se ha desarrollado en un centro público, se pueden publicar los resultados de una investigación. Se protege el derecho de autor y se puede alcanzar prestigio, pero no se protege la invención como tal.
Y aún le queda otro frente al bioemprendedor, la opinión pública. Muchas de las actividades a las que se pueda dedicar pueden tener una imagen distorsionada en el exterior. Forjar una buena reputación quizá sea la mejor inversión. Eso y ofrecer información veraz que ayude a entender que las ventajas de su actividad son mayores que los perjuicios. Los certificados de acreditación pueden ser una ayuda. La Entidad Nacional de Acreditación de Certificados (ENAC) es un organismo público de referencia para tramitar, por ejemplo, certificados que acrediten buenas prácticas de laboratorio (BPL). Su coste (3.000 euros) puede ser disuasorio, pero en determinados casos éste u otros certificados pueden ser obligatorios.
'Se ha cortado la iniciativa empresarial a los científicos'
La empresa de biotecnología agroalimentaria Bionostra nació en el año 2000, fruto del interés por rentabilizar la ciencia pública de sus fundadores. Todos venían del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y del Centro Nacional de Biotecnología (CNB). Empezó con un capital de 150.000 euros y, en la actualidad, cuenta con 850.000 euros en fondos propios. Factura, junto a su sociedad hermana bioinformática, Alma, 1,4 millones de euros y tiene 40 empleados, todos ellos accionistas. En tres años quiere salir a Bolsa.Según explica su director general, Juan Carlos del Castillo, uno de los peores obstáculos fue la Ley de Incompatibilidades. 'Un científico público o deja este ámbito y se pasa a la privada o sólo puede ser socio capitalista, sin tener más del 10% de la empresa', explica. En España, 'se ha cortado la iniciativa empresarial de los científicos e incluso parece un descrédito que un investigador público pase al sector privado', añade. Este economista, que de Hacienda pasó al CNB y de ahí a Bionostra, cree que una de las claves de las bioempresas es contar con gente del mundo empresarial y del científico. Y se muestra muy crítico con la brecha entre creación y aplicación tecnológica.
'Hay que vigilar a quién sientas en el consejo'
Cuando Ana Victoria Ugidos, licenciada en Farmacia, fundadora y directora gerente de Biotecnologías Aplicadas (BTSA) empezó a extraer vitamina E de los residuos del aceite de soja y girasol, no pagaba nada por ellos. Ahora, este residuo puede costar dos y tres veces más que el propio aceite. De sus patinazos de primeriza como empresaria recuerda 'que iba todos los meses a renovar el registro del nombre de la empresa, hasta que la persona de la ventanilla, que ya debía conocerme, me dijo que bastaba con una vez al año'. Era 1994 y empezó con poco más de 250.000 euros. Ahora, factura cerca de 1,5 millones de euros y cuenta con una plantilla de 14 personas, todas mujeres. Su objetivo no es salir a Bolsa, pero sí alcanzar una facturación de cinco millones de euros. Tras años peleando por financiar proyectos con préstamos a bajo interés (reconoce la gran ayuda del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, CDTI), acaba de ceder ante el capital riesgo. Pero reconoce que 'hay que tener mucho cuidado con quién sientas en el consejo porque puede ir a otro a contarle tus ideas'. Entre las claves para sacar adelante su proyecto destaca haber contado con clientes desde el principio.