Anticorrupción critica la emisión de preferentes desde paraísos fiscales
La Fiscalía Anticorrupción denunció ayer la práctica de bancos y cajas de ahorros de emitir participaciones preferentes a través de filiales situadas en paraísos fiscales como las Islas Caimán con el fin de evitar el pago de impuestos millonarios a Hacienda.
El fiscal califica la situación de 'irregular y lesiva para el Tesoro público'. Y hace una llamada de atención tanto al Ministerio de Justicia como a la Agencia Tributaria sobre este tipo de títulos, ya que las emisiones de los últimos cinco años han alcanzando los 15.100 millones de euros, según los datos del Banco de España. 'El perjuicio a la Agencia Tributaria derivado de estas prácticas puede ser de enormes proporciones', estima el fiscal.
La Fiscalía Anticorrupción hace estas consideraciones en el escrito en el que solicita el archivo de las diligencias abiertas en 2001 contra tres cajas andaluzas (El Monte, Cajasur y San Fernando) por la emisión de participaciones preferentes, ya que pese a entender que es una práctica 'irregular', es 'conocida, consentida y avalada' por las autoridades competentes. Advierte de su proliferación.
Reclama medidas
Tanto el Banco de España como la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y el Ministerio de Hacienda son 'plenamente conscientes de lo que está sucediendo en esta materia, dada la amplia participación de entidades de crédito y su alcance económico', señala en el escrito. Anticorrupción abrió diligencias de investigación sobre este asunto tras la difusión en la prensa del hecho de que determinadas cajas andaluzas estaban captando ahorro a través de participaciones preferentes emitidas por filiales de las citadas cajas domiciliadas en las Caimán, según el escrito.
El fiscal comprobó, tras solicitar los datos al supervisor bancario y a la CNMV, que este tipo de producto financiero también es emitido por el Santander Central Hispano, BBVA, Banco Sabadell, Banco Popular y Bankinter, así como las cajas de ahorros La Caixa, Caja Madrid, Caixa Cataluña, Caja España, Caja Murcia, CAM, Caja Terrassa, Caja Castilla-La Mancha y Caja Santander y Cantabria.
Las participaciones preferentes son títulos con derechos económicos, pero no políticos y las entidades matrices las computan como recursos propios de primera categoría.
La Fiscalía Anticorrupción insta al fiscal general del Estado a que exija al Ministerio de Justicia 'medidas legislativas y reglamentarias' para corregir esta situación. Del mismo modo, para conseguir 'la actuación previa a la respuesta penal', remite a la Agencia Tributaria testimonio de lo actuado 'a los efectos que fiscalmente procedan respecto de las entidades emisoras y los inversores'.
La norma, en estudio
Los fondos de esas participaciones preferentes revierten en las matrices en forma de un depósito subordinado, que, en este caso las tres cajas, remuneran. La Fiscalía subraya la 'retorsión de las normas tributarias'. La emisión de estos títulos evita, por un lado, el pago del impuesto de sociedades de los beneficios que las entidades obtienen en la filial situada en las islas Caimán por los fondos propios de la matriz, según reza el escrito. Y, por otro lado, la matriz consigue deducirse los gastos que ocasiona la retribución del depósito. El ministerio fiscal entiende que si estos fondos obtenidos a través de las preferentes son considerados recursos propios, no cabría deducción fiscal.
Según la investigación realizada a las cajas andaluzas mencionadas, las filiales a través de las que sacan al mercado este producto financiero son sociedades instrumentales que actúan como vehículo de captación de fondos mediante la emisión de estas participaciones, ya que no realizan ninguna otra actividad aparte de la citada.
El Ministerio de Economía, el de Hacienda y el Banco de España ultiman una norma que permita a la banca crear en España las sociedades que emitirían participaciones preferentes. A cambio de que las entidades dejen de hacerlo desde paraísos fiscales estudian ofrecer un incentivo fiscales. Una idea que se ha barajado en el comité técnico creado al efecto es rebajar el impuesto de sociedades para estas filiales y situarlo en un mínimo del 1% y un máximo del 5%, frente al 35% que se aplica a todas las empresas.