El camino hacia la competencia es escarpado

Joaquín Trigo asegura que en todas las privatizaciones de monopolios se han producido situaciones cuestionadas y difíciles de predecir, lo que ha obligado a ajustes de la regulación para facilitar la existencia de competencia real

El mercado es un resultado obtenido de la interacción de las personas. Como muchas otras instituciones, no es un resultado deliberado, pero ha demostrado ventajas en cuanto a permitir la especialización de las personas y a mejorar las opciones asequibles. Desde las Administraciones públicas a veces se ha favorecido una normativa y un entorno apropiado, otras veces se ha restringido, especialmente cuando se consideraba que había un beneficio directo que podía obtenerse.

En su obra La riqueza de las naciones, de 1776, Adam Smith expone los beneficios del mercado y sugiere ampliarlo a algunos bienes financiados por el Estado, pero por cuyo uso se puede cobrar, como el paso por puentes.

También sugiere intervenciones específicas del Estado que puede asumir la prestación de un servicio en régimen de monopolio, como el caso del correo. La razón que da es prosaica y alejada del beneficio que reporta a la comunidad, se limita a la ganancia que puede aportar al erario público. Así se estableció el monopolio postal al que luego se exigió una cobertura universal costosa y que resultó menos rentable de lo que parecía inicialmente, llegando al déficit.

Correos crea asimetrías y recurre a ventas ligadas que cuestionan el principio de cobertura de costes del servicio

En la década de los ochenta, cuando las privatizaciones alcanzaron su grado máximo de aceptación, en muchos países como EE UU, se autorizó la prestación privada de algunos servicios postales, como determinados envíos de carácter comercial que eran deficitarios. Posteriormente se entendió que la mejora del servicio requería competencia y se abrieron otras posibilidades. En España, las empresas de paquetería, de mensajería, de reparto urbano de correspondencia comercial y otras inauguraron una era de competencia cruzada que amplió el abanico de servicios asequibles a los usuarios, mejoró el servicio y redujo tarifas. Correos aumentó sus servicios y realizó ofertas interesantes para clientes de cierto volumen y susceptibles de decantar sus preferencias por otras alternativas.

Esto era previsible como lo eran también las dificultades de los nuevos operadores que intentasen un servicio amplio y diversificado.

El nuevo entrante se encuentra con el mercado cubierto con una amplísima red capilar formada en decenios de actividad (Correos cuenta con 10.158 puntos de atención al público entre oficinas, sucursales y carterías rurales y con más de 9.000 vehículos) y el personal cualificado está en el operador inicial y si se contrata deberá pagarse más; por otra parte, el coste de la red es más alto al no gozar de los privilegios iniciales con que contó el servicio público, y en caso de recurrir al crédito le resulta más caro que al operador estatal, lo que crea una asimetría competitiva.

Para minimizarla la normativa impone restricciones al dominante, pero no siempre son suficientes, y si los entrantes carecen de la habilidad y los medios necesarios las empresas privadas desaparecen, como ocurrió con Vía Postal.

En este marco, Correos se constituye como Sociedad Estatal adscrita al Ministerio de Fomento y con la reserva exclusiva del servicio postal universal, esto es, las cartas con un peso inferior a 100 gramos.

Con la entrada en vigor del euro, en enero de 2002, Correos anuncia en su web un aumento de más del 100% para el envío de publicaciones periódicas, del cual excluye después a la prensa diaria, pero lo mantiene para las revistas de carácter técnico y profesional. No obstante, Correos aplica descuentos sobre las tarifas oficiales a los editores que contratan otros servicios. Con este comportamiento, Correos crea asimetrías y recurre a ventas ligadas que cuestionan el principio de cobertura de costes del servicio. Los editores no pueden recurrir a un proveedor alternativo más que en determinados ámbitos urbanos, lo que los constituye en un mercado cautivo.

La necesidad de mejorar la eficiencia y de cubrir los costes explica decisiones como la expuesta, pero no las justifica, por cuanto el incremento se podría repartir en varios años, como propuso sin éxito la Asociación de Prensa Profesional. Esto es especialmente delicado cuando la titularidad estatal de la empresa exige evitar prácticas susceptibles de ser interpretadas como abuso de posición dominante.

En todos los procesos de privatizaciones de monopolios públicos se han producido situaciones cuestionadas y difíciles de predecir, lo que ha obligado a ajustes de la regulación para facilitar la existencia de competencia real. La experiencia acumulada es insuficiente, pues siempre pueden aparecer nuevas barreras de entrada de tipo estratégico que se añaden a las objetivas, con lo que el proceso de creación de un mercado, por bien intencionado que sea, requiere tiempo para solventar las dificultades que aparecen.

Aunque los afectados negativamente por decisiones o prácticas cuestionables cuentan con la posibilidad de recurrir a los organismos que defienden la competencia, el coste económico elevado, el tiempo perdido y la incertidumbre generada aconsejan evitar esas opciones, así como contar con la flexibilidad necesaria para solventar discrepancias como la del ejemplo mencionado.